No sorprende que la Auditoría General de la Provincia emita un dictamen exculpatorio para una licitación del actual Gobierno: la actual composición de la Auditoria salteña ha sido cuestionada porque, a contrapelo de la Constitución Provincial, está integrada por cinco funcionarios designados por el oficialismo: Oscar Salvatierra, Gustavo de Cecco, Abdo Esper, Ramón Muratore y Marcos Segura. Así, el Gobierno se audita a si mismo.
Las dudas con la ruta 54 no son menores: en mayo, El Tribuno adelantó que la licitación para pavimentarla estaba direccionada a favor de la unión transitoria de empresas conformada por Ingeniero Medina, Moncho y Noroeste Construcciones. En setiembre se la adjudicaron.
El presupuesto de poco menos de $525 millones fue señalado como excesivo; 90 por ciento de sobreprecio. La ruta tiene 121 kilómetros que serán pavimentados y 25 que se enripiarán. El presupuesto lleva a 3,5 millones por kilómetro cuando la cotización estimada en ese momento por Vialidad de la Nación y por consultoras privadas era de alrededor de 290 millones en total (2,3 millones por km.). El gobierno provincial y el hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey, a cargo del FRH negaron el direccionamiento y conjeturaron que las ofertas finales podían ser inferiores al presupuesto original. El resultado está a la vista.
El camino de Campo Durán a Misión La Paz es muy importante, pero el trámite no es transparente. No lo es el FRH. Los 187 millones de dólares se convirtieron en menos de $ 800 millones de pesos (en el mercado actual llegarían a más de $1.500 millones) y fueron depositados en el Banco Macro a tasas inferiores a las ofertas de esa entidad para depositantes de diez mil pesos. Demasiadas sospechas. Sin controles externos independientes, nunca hay garantía de transparencia.
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No sorprende que la Auditoría General de la Provincia emita un dictamen exculpatorio para una licitación del actual Gobierno: la actual composición de la Auditoria salteña ha sido cuestionada porque, a contrapelo de la Constitución Provincial, está integrada por cinco funcionarios designados por el oficialismo: Oscar Salvatierra, Gustavo de Cecco, Abdo Esper, Ramón Muratore y Marcos Segura. Así, el Gobierno se audita a si mismo.
Las dudas con la ruta 54 no son menores: en mayo, El Tribuno adelantó que la licitación para pavimentarla estaba direccionada a favor de la unión transitoria de empresas conformada por Ingeniero Medina, Moncho y Noroeste Construcciones. En setiembre se la adjudicaron.
El presupuesto de poco menos de $525 millones fue señalado como excesivo; 90 por ciento de sobreprecio. La ruta tiene 121 kilómetros que serán pavimentados y 25 que se enripiarán. El presupuesto lleva a 3,5 millones por kilómetro cuando la cotización estimada en ese momento por Vialidad de la Nación y por consultoras privadas era de alrededor de 290 millones en total (2,3 millones por km.). El gobierno provincial y el hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey, a cargo del FRH negaron el direccionamiento y conjeturaron que las ofertas finales podían ser inferiores al presupuesto original. El resultado está a la vista.
El camino de Campo Durán a Misión La Paz es muy importante, pero el trámite no es transparente. No lo es el FRH. Los 187 millones de dólares se convirtieron en menos de $ 800 millones de pesos (en el mercado actual llegarían a más de $1.500 millones) y fueron depositados en el Banco Macro a tasas inferiores a las ofertas de esa entidad para depositantes de diez mil pesos. Demasiadas sospechas. Sin controles externos independientes, nunca hay garantía de transparencia.