Directivos de la fundación Progreso Solidario y concejales del municipio de Pichanal reclaman un pronto pronunciamiento de la Justicia norteña en relación a los acontecimientos ocurrido el 31 de enero pasado, cuando un grupo de forajidos intentó tomar por la fuerza el edificio de la exbodega Giol. A raíz de estos episodios hubo heridos, un atentado con armas de fuego a un grupo de vecinos que se trasladaban en camioneta y daños al inmueble, cedido en comodato por la empresa Belgrano Cargas a la mencionada entidad.
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Directivos de la fundación Progreso Solidario y concejales del municipio de Pichanal reclaman un pronto pronunciamiento de la Justicia norteña en relación a los acontecimientos ocurrido el 31 de enero pasado, cuando un grupo de forajidos intentó tomar por la fuerza el edificio de la exbodega Giol. A raíz de estos episodios hubo heridos, un atentado con armas de fuego a un grupo de vecinos que se trasladaban en camioneta y daños al inmueble, cedido en comodato por la empresa Belgrano Cargas a la mencionada entidad.
De acuerdo con las denuncias presentadas por la presidenta de la institución, Hilaria Taboada y de otras personas que fueron agredidas y amenazadas, los hechos de violencia fueron protagonizados por un grupo que responde al intendente Julio Jalit. Atribuyeron los sucesos a una decisión del jefe comunal de apoderarse a cualquier precio de este predio donde se dictan una serie de talleres y donde el próximo mes comenzará a funcionar la Universidad Popular del MIJD.
Agresión
Cristina Matorras, una de las víctimas de los sucesos del 31, denunció que fue agredida a pedradas por un grupo de personas que responden a Jalit.
En tanto que Abraham Nicolás Rallé, esposo de Taboada, acusó a los intrusos de usurpación y destrucción de una parte del edificio. Dijo que una persona que tiene instalado un quiosco en la vereda, al que identificó como “Tomate” Soria destruyó parte de la propiedad para instalar un tinglado precario.
“Todo esto se realizó con la anuencia del intendente, quien es el principal responsable de la agresión que hemos sufrido”, aseguró Rallé. Para graficar la responsabilidad del jefe comunal en los incidentes, Rallé exhibió un acta que firmó en la Policía junto al concejal Eladio Escalante, a través de la cual se comprometía a retirar a sus partidarios del local de la fundación que intentaban tomar por la fuerza.
Justicia Federal
Soledad Rallé, asesora de la fundación, explicó que las denuncias fueron presentadas ante la fiscal Mónica Viazzi, del distrito judicial Orán, pero que ésta no adoptó ninguna medida pese a las gravedad de los hechos.También se requirió la intervención de la Justicia Federal de Orán. En la denuncia presentada ante el fiscal José Luis Bruno, la presidenta de la fundación Hilaria Taboada denunció a los ciudadanos de Pichanal de apellido Monzón y Soria, quienes junto a 50 personas ingresaron por la fuerza al edificio. También acusa a un edil de apellido Cruz, al abogado Joaquín Vélez y al funcionario “Cacho” Ledesma.
Piden un pronunciamiento
“Está claro que el intendente Julio Jalit avaló el intento de usurpación de la exbodega Giol, lo que quedó reflejado en el acta compromiso que firmó en la policía”, dijo el concejal Eladio Escalante. Contó que ante la gravedad de los hechos personalmente lo llamó al jefe comunal para evitar que se produjera una masacre. José Miranda, presidente del Concejo Deliberante, sostuvo que Jalit quiere utilizar el predio con fines políticos y evitar a cualquier precio que allí funcione la Universidad Popular. “Este es un proyecto que lo gestamos con otros concejales con el objeto de capacitar a muchos jóvenes de Pichanal para que en el futuro puedan tener una alternativa laboral”, expresó Miranda. A su juicio “al intendente no le interesa el futuro de nuestros jóvenes y por eso se resiste a este proyecto”. César Ramírez, otro de los concejales de la oposición, reclamó a la Justicia un pronunciamiento de estos hechos y de otras denuncias que pesan contra el intendente. “El año pasado lo denunciamos por enriquecimiento ilícito y mal desempeño y hasta el momento la causa sigue archivada”, aseguró. La abogada Rallé reclamó a la fiscal Viazzi que resuelva de una vez por toda esta cuestión. “Nosotros creemos que en el caso debe intervenir la Justicia Federal, pero como la causa ingresó primero a la fiscalía de Viazzi, ella debe declararse incompetente y girar las actuaciones al fiscal Bruno”, opinó. Rallé sostuvo que “los hechos del 31 fueron de extrema gravedad como para que permanezcan archivados”.