“Ni flores ni bombones” en el Día de la Mujer. Este fue el título de un comunicado que emitió la Multisectorial de Mujeres de Salta, que invitó a reflexionar sobre algunas demandas pendientes en materia de prevención de violencia de género en la provincia. La Comisión de Familiares Contra la Impunidad manifestó que hay unas 50 mujeres víctimas de la impunidad. Otros grupos que trabajan en la promoción de los derechos de la mujer hicieron lo propio a través del dictado de talleres sobre la materia de género.
Las actividades para las mujeres salteñas coparon los espacios públicos de la ciudad y se centraron en un mismo mensaje: no más violencia de género, igualdad de oportunidades y cumplimiento de derechos para las mujeres que sufren la violencia.
No fue un mensaje sin argumentos, ya que el Programa de Asistencia Integral de la Violencia, que depende del Ministerio de Derechos Humanos de Salta, intervino en más de 700 casos.
La plaza 9 de Julio fue protagonista de las actividades recreativas y de uno de los principales anuncios de la jornada: después cuatro años de promesas, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos, inauguró un refugio para mujeres víctimas de violencia.
La idea se había lanzado en 2009 y hasta en los primeros meses de este año las organizaciones locales y la Justicia salteña habían reiterado el mismo pedido.
La ministra de Derechos Humanos, María Pace, dijo a El Tribuno que por el momento no se informará el domicilio de esta residencia para la seguridad de las mujeres que residan allí, quienes solo ingresarán con una orden de un juez o derivación de la Secretaría de Derechos Humanos.
Se sabe que entre enero y febrero de este año el Poder Judicial registró en sus estadísticas 2.429 denuncias en el distrito judicial que abarca Capital y 13 municipios del interior.
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“Ni flores ni bombones” en el Día de la Mujer. Este fue el título de un comunicado que emitió la Multisectorial de Mujeres de Salta, que invitó a reflexionar sobre algunas demandas pendientes en materia de prevención de violencia de género en la provincia. La Comisión de Familiares Contra la Impunidad manifestó que hay unas 50 mujeres víctimas de la impunidad. Otros grupos que trabajan en la promoción de los derechos de la mujer hicieron lo propio a través del dictado de talleres sobre la materia de género.
Las actividades para las mujeres salteñas coparon los espacios públicos de la ciudad y se centraron en un mismo mensaje: no más violencia de género, igualdad de oportunidades y cumplimiento de derechos para las mujeres que sufren la violencia.
No fue un mensaje sin argumentos, ya que el Programa de Asistencia Integral de la Violencia, que depende del Ministerio de Derechos Humanos de Salta, intervino en más de 700 casos.
La plaza 9 de Julio fue protagonista de las actividades recreativas y de uno de los principales anuncios de la jornada: después cuatro años de promesas, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos, inauguró un refugio para mujeres víctimas de violencia.
La idea se había lanzado en 2009 y hasta en los primeros meses de este año las organizaciones locales y la Justicia salteña habían reiterado el mismo pedido.
La ministra de Derechos Humanos, María Pace, dijo a El Tribuno que por el momento no se informará el domicilio de esta residencia para la seguridad de las mujeres que residan allí, quienes solo ingresarán con una orden de un juez o derivación de la Secretaría de Derechos Humanos.
Se sabe que entre enero y febrero de este año el Poder Judicial registró en sus estadísticas 2.429 denuncias en el distrito judicial que abarca Capital y 13 municipios del interior.
Demandas pendientes
La Multisectorial de Mujeres de Salta manifestó, a través de un comunicado, la falta de respuestas públicas en la provincia, en particular “que el Gobierno no tenga regulados sus propios procedimientos en materia de violencia de género”.
Reiteró el pedido de reglamentación de la ley 7311 sobre sexualidad responsable sancionada en 2004. Además de que el Senado dé media sanción al proyecto de ley que tiene como objeto fijar el procedimiento de actuación judicial en la aplicación de la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.