El Juez federal subrogante, Julio Bavio, consideró la semana anterior que “teniendo en cuenta la opinión médica sobre las características de la personalidad del imputado Gabriel Giménez” y no habiéndose peritado los videos aportados por el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la policía, no aparecía a su criterio un indicio razonable como para avanzar en la investigación del escándalo por las actividades ilegales de seguimientos, escuchas telefónicas y actividades de inteligencia en contra de dirigentes políticos, gremialistas, activistas sociales y periodistas, entre otros. Citó un informe siquiátrico que lo caracteriza a Giménez, como una persona con “desequilibrio emocional y falta de control de sus impulsos”.
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El Juez federal subrogante, Julio Bavio, consideró la semana anterior que “teniendo en cuenta la opinión médica sobre las características de la personalidad del imputado Gabriel Giménez” y no habiéndose peritado los videos aportados por el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la policía, no aparecía a su criterio un indicio razonable como para avanzar en la investigación del escándalo por las actividades ilegales de seguimientos, escuchas telefónicas y actividades de inteligencia en contra de dirigentes políticos, gremialistas, activistas sociales y periodistas, entre otros. Citó un informe siquiátrico que lo caracteriza a Giménez, como una persona con “desequilibrio emocional y falta de control de sus impulsos”.
¿Qué piensa entonces de los testimonios aportados por Carlos Gallardo en igual sentido, acerca de actividades ilegales prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia, detenido desde el 25 de mayo de 2011 e imputado también en la causa por el transporte de 50 kilos de cocaína?. No parecen razonables los argumentos sostenidos por Bavio, para demorar las investigaciones sobre hechos que, de comprobarse, tendrían una enorme gravedad institucional.
Tampoco es razonable el argumento esgrimido por el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, en el sentido de que no se puede dar crédito a los dichos de personas imputadas por tráfico de drogas, con el agravante de que revistaban en la policía cuando fueron detenidas. Una cosa es el transporte de cocaína, sobre el que tendrán que responder en el juicio oral, y otra distinta es la denuncia de actividades ilegales en la que los acusados se autoincriminan e involucran, además, a otras autoridades policiales y del poder político.
Más increíble aún es que la investigación aparezca demorada y trabada en Salta, mientras en el orden nacional avanza a nivel judicial y político el escándalo por el llamado “Proyecto X”, que involucra a Gendarmería Nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación en actividades ilegales contra dirigentes y organizaciones gremiales, sociales y políticas.
La orden que no se dio
De todas maneras, a esta altura, seguramente ya habrán tenido tiempo los responsables para limpiar los archivos tanto del Departamento de Inteligencia Policial (D2), como de otras dependencias, ya que el Juzgado Federal 1 no ordenó allanar en su momento las oficinas en las que podría haber encontrado pruebas de los delitos denunciados.
En este sentido el Juez subrogante Bavio y sus funcionarios, ni siquiera estuvieron a la altura del Juez Norberto Oyarbide, algo que en materia de procedimientos y transparencia judicial, convengamos, no es un listón exagerado: Oyarbide allanó la sede de Gendarmería el 31 de agosto de 2012 y secuestró las pruebas con que se sustancia hoy la causa.
Internas del poder
Gallardo, ex segundo jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC), sostiene en sus denuncias, ratificadas en el ámbito de la Justicia Federal hace 90 días, que tanto él como Giménez son víctimas de una interna policial y política y que la droga les fue plantada.
A esta cuestión tendrán que probarla. Pero en otro orden, de los testimonios de ambos expolicías, se desprende que metieron no una, sino varias veces el dedo, en el ventilador de las internas del poder político y policial.
Se creyeron protagonistas y confiaron, principalmente Giménez, que podrían sortear los celos, intrigas y envidias que despertaban al interior de la cúpula policial y en el ex secretario de Seguridad, Aldo Saravia, por su proximidad con el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ex ministro Pablo Kosiner, entre otros.
Tenían línea directa y les encargaban distintas gestiones. Algunas reservadas. Por eso no se sorprendió Giménez cuando dos enviados de menor rango, como Alfredo Petrón y Helio Del Frari, les dijeron que por indicación del ministro Carlos Parodi, debían investigar a Alfredo Olmedo, sus negocios y contactos políticos.
Y lo hicieron. Ya lo habían hecho antes, actuando también ilegalmente contra otras personas, políticos o no, a quienes las máximas autoridades del gobierno deseaban monitorear.
Acoso laboral
Carlos Giménez se consideraba intocable.
Después de todo la Dirección de Inteligencia Criminal había sido creada por Urtubey a propuesta suya. Pero quienes lo celaban y odiaban por su diálogo privilegiado con la cúpula del gobierno, adoptaron distintas estrategias.
Aldo Saravia, el secretario de Seguridad, con su pose impostada de “hombre malo y con actitud de mando”, que hacía valer en el entonces tierno y poco experimentado entorno urtubeicista -este es el único que puede tratar con la cana, decían- redobló su acoso laboral contra el subcomisario, amenazándolo tanto a él como a su esposa, la también subcomisaria Garzón, con traslados y sanciones.
Los amigos y familiares del fallecido comisario Píccolo, pueden dar testimonio de estas cualidades de Saravia.
El astuto comisario Marcelo Lami, jefe de la Inteligencia Policial, la D2, decidió competirle a Giménez en su mismo terreno: redobló sus tareas de “inteligencia” política.
Varios policías ocupaban (y ocupan) sus jornadas infiltrándose en actos y reuniones políticas o sociales; otros se afanaban (y se afanan) en sus boxes escuchando programas de radio o televisión para hacer “explotación de prensa”, o mandaban (y mandan) con identidades truchas opiniones vía Facebook o Twiter a las redes sociales; mientras algunos seguían (y siguen) a sus domicilios a los llamados “objetivos”, esto es a dirigentes políticos, gremiales o sociales opositores al gobierno para que, finalmente, por la noche, los “analistas” armaran las carpetas que enviarían al día siguiente a las autoridades gubernamentales.
Entretanto, el comisario Simón Pistán, director de Drogas Peligrosas, y otros a quienes Giménez y Gallardo habían acusado de estar involucrados en el comercio de cocaína, aguardaban su turno para pasarles la factura.
De modo que todos se alegraron cuando el 25 de mayo de 2011, el vehículo en que se transportaba Gabriel Giménez junto al narcotraficante colombiano radicado en Bolivia, Marcelo Irahola Silverman, quedó empantanado en la ruta provincial 8.
Y el Fiat uno de Gallardo, que lo custodiaba, fue interceptado por una patrulla en la zona.
“Se terminaron los que andan con secretitos con el gobernador”, dice Gallardo que le dijo Saravia, cuando lo trasladaban detenido.
El gobernador y Kosiner, por supuesto, les soltaron la mano. Y Pablo López Viñals, el Procurador, a su turno suspiró aliviado.
Es que Giménez era número puesto para ocupar el cargo de jefe en el Centro de Investigaciones Fiscales. López Viñals también quería tener su propio aparato de inteligencia y espionaje, como lo había anunciado en su célebre Resolución 133, aún vigente.
A todo esto el gobernador no ha dicho nada, a siete días de que El Tribuno informara que la investigación sobre las actividades ilegales de inteligencia estaba paralizada. Y no dirá nada sobre esta materia. Después de todo, ya había declarado el 12 de febrero a Radio 10, que “..acá (en Salta)se pueden hacer cosas con buena onda, tranquilos”. Confía en que la buena onda le permita hacer realidad la máxima que lleva grabada el presidente de la AFA, Julio Grondona, en su famoso anillo: Todo pasa.