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Demanda judicial de Castells

Sabado, 20 de abril de 2013 20:58

El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, en diálogo con El Tribuno, ratificó las denuncias que viene haciendo sobre la crisis habitacional en el norte de la provincia y convocó a una marcha provincial en Salta Capital para pedir la renuncia del actual titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Fernando Alesanco; el procesamiento y embargo de bienes al exdirector del IPV Sergio Zorpudes y el resto de los funcionario que integran el cuadro de trabajo en el IPV. Desde las 9 se concentrarán en el edificio del IPV, avenida Belgrano 1349; luego se dirigirán a la Legislatura provincial y finalmente a Ciudad Judicial para presentar la demanda.
“La demanda judicial va a ser por malversación de fondos, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo Castells, quien aseguró que “la cifra semioficial que se maneja es que hay unas 60 mil familias que no tienen viviendas en la provincia”.
Castells expresó que una de las intenciones del MIJD es que se abran comisiones de investigación sobre los fondos nacionales que se giraron a la provincia y que ahora no se sabe en qué se gastaron. Se refirió al proyecto que ingresará el próximo lunes 15 en la Cámara de Diputados, a través de la diputada Ramona Pucheta (MIJD), para la creación de una comisión investigadora por los fondos que envió la Nación para la obra pública y la construcción de viviendas.
El titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados sostuvo que, en el cálculo que realizó, “solamente con los programas de Madres de Plaza de Mayo serían 80 millones de pesos, algo así como 20 millones de dólares, que se robaron acá”. Mencionó que esta misma iniciativa se replicará en la Cámara de Diputados de la Provincia.
El dirigente arremetió también contra el gobierno de Urtubey sobre el manejo de la obra pública y la construcción de viviendas sobre los planes para Mosconi, Pichanal y Orán.
“No se invirtió en las 140 casas previstas para Mosconi, a pesar de que después el director del IPV dijo que quedaban por construir 60. Eso igual es una fortuna”, aseguró.
 

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El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, en diálogo con El Tribuno, ratificó las denuncias que viene haciendo sobre la crisis habitacional en el norte de la provincia y convocó a una marcha provincial en Salta Capital para pedir la renuncia del actual titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Fernando Alesanco; el procesamiento y embargo de bienes al exdirector del IPV Sergio Zorpudes y el resto de los funcionario que integran el cuadro de trabajo en el IPV. Desde las 9 se concentrarán en el edificio del IPV, avenida Belgrano 1349; luego se dirigirán a la Legislatura provincial y finalmente a Ciudad Judicial para presentar la demanda.
“La demanda judicial va a ser por malversación de fondos, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo Castells, quien aseguró que “la cifra semioficial que se maneja es que hay unas 60 mil familias que no tienen viviendas en la provincia”.
Castells expresó que una de las intenciones del MIJD es que se abran comisiones de investigación sobre los fondos nacionales que se giraron a la provincia y que ahora no se sabe en qué se gastaron. Se refirió al proyecto que ingresará el próximo lunes 15 en la Cámara de Diputados, a través de la diputada Ramona Pucheta (MIJD), para la creación de una comisión investigadora por los fondos que envió la Nación para la obra pública y la construcción de viviendas.
El titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados sostuvo que, en el cálculo que realizó, “solamente con los programas de Madres de Plaza de Mayo serían 80 millones de pesos, algo así como 20 millones de dólares, que se robaron acá”. Mencionó que esta misma iniciativa se replicará en la Cámara de Diputados de la Provincia.
El dirigente arremetió también contra el gobierno de Urtubey sobre el manejo de la obra pública y la construcción de viviendas sobre los planes para Mosconi, Pichanal y Orán.
“No se invirtió en las 140 casas previstas para Mosconi, a pesar de que después el director del IPV dijo que quedaban por construir 60. Eso igual es una fortuna”, aseguró.
 

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