La resolución 3492 de la AFIP publicada en el Boletín Oficial, si bien propone un blanqueo en el mercado laboral, más precisamente intenta buscar una fuente de ingresos que se sume a la recaudación.
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La resolución 3492 de la AFIP publicada en el Boletín Oficial, si bien propone un blanqueo en el mercado laboral, más precisamente intenta buscar una fuente de ingresos que se sume a la recaudación.
La creación de nuevos impuestos y la falta de actualización de las bases para calcular otros llevaron al Gobierno nacional a conseguir un récord: el de la presión impositiva. Ahora, la cifra seguirá creciendo, pero con una medida insólita: habrá que pagar impuestos por empleadas domésticas aunque no se las contrate. La decisión quedó plasmada en la víspera del Día del Trabajador y afectará a miles de habitantes de ingresos medios y altos.
De acuerdo a la disposición, por el nivel de ingresos o por el patrimonio, el organismo presumirá quién tiene servicio doméstico y le reclamará deudas por aportes.
El ingreso y el patrimonio serán elementos determinantes para la Administración Federal de Ingresos Públicos, que presumirá que alguien cuenta con personal de servicio doméstico en su casa.
Entonces, en caso de que no haya una empleada declarada, el organismo estará en condiciones de determinar de oficio una deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social. La nueva norma incluye a las personas físicas o familias en un régimen -hasta ahora vigente para empresas- de “indicadores mínimos de trabajadores”.
Ese sistema lleva a que, en razón de ciertos parámetros definidos para realizar cada actividad económica, la AFIP presuma cuál es la cantidad mínima de empleados que debería tenerse, y compare esa cifra con la de los trabajadores efectivamente declarados por cada empresa.
Si bien el régimen de presunción sobre trabajo en casas de familia ya rige, en otra resolución que se publicó el lunes y que lleva el número 3491, se da tiempo hasta el 30 de junio para registrar las relaciones de trabajo en casas particulares hoy existentes, ya que todavía no está vigente el sistema por el que quien es dador de trabajo debe estar inscripto como tal en la AFIP.
La nueva norma incluye a las personas físicas o familias en un régimen que hasta ahora estaba previsto para empresas, basado en “indicadores mínimos de trabajadores” en función de las actividades y movimientos que hacía esa firma.
La normativa de la AFIP aclara que se exceptuará de este sistema de controles a las personas físicas que tengan empleados declarados bajo el régimen regular de contrato de trabajo.
El régimen de trabajo en casas de familia prevé un pago mensual de aportes y contribuciones que a partir de este mes -el pago vence en junio- se elevará de $ 95 a $ 135. De ese monto, $ 35 se destinan al financiamiento de la futura jubilación y $ 100 (hasta el mes pasado eran $ 60) van a la obra social.
Más informalidad en mercado laboral
El mercado laboral registra “estancamiento en la generación de empleo”, producto de la “destrucción” de trabajo formal en el sector privado, compensado apenas por la creación de puestos laborales en el área pública y el aumento del cuentapropismo y la informalidad, según un informe dado a conocer ayer por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). El informe del IPyPP, que coordina el economista y diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) explicó que “al interior de este congelamiento ocupacional, se observan importantes movimientos, siendo el principal la caída del empleo privado, principalmente el vinculado con el segmento formal, que es contrarrestado por el empleo público, principalmente de carácter provincial”. Lozano sostuvo que el cuadro laboral actual está signado no “por los salarios bajos (8 de cada 10 trabajadores ganan menos de $ 6.000) sino también con profundos límites en materia de creación y calidad de empleo”.
“El estancamiento en el empleo, el deterioro en la calidad del mismo, en el marco de un universo donde prácticamente el 50% de la fuerza laboral está fuera del circuito formal, y el deterioro del poder adquisitivo definen las condiciones de la conflictividad social vigente, determinan los nuevos límites del consumo gubernamental y hablan, a las claras, del agotamiento de los rendimientos sociales del modelo oficial”, planteó. El informe precisó que en 2012 la cantidad de empleo asalariado creció un 0,8% generando 61.872 puestos de trabajo más. “Concretamente los 61.872 puestos de trabajo nuevos son el resultado de una caída de 7.520 del sector privado y un crecimiento de 69.392 del sector público de los cuales 44 mil tienen origen en el Sector Público Provincial(representando el 64% de este aumento)”, indicó.
La presunción como indicio genera recelos
Dos especialistas en temas laborales se expresaron sobre el tema. Walter Neil Bhler, estimó que desde Octubre de 2005 está vigente el llamado “Plan Antievasión II” a través de la ley 26063. “Debieron pasar cinco años para que comenzaran a reglamentarse sus primeros siete artículos que regulan uno de sus aspectos más importantes referido a la determinación del número de trabajadores en cada empresa. Recién en Octubre de 2010, con la Resolución General N§ 2927, se reguló un régimen de presunciones. Durante estos años, la AFIP, en forma gradual ha ido determinando un régimen de presunciones para numerosas actividades. La metodología ha sido cuestionada, muchas veces por lo irrazonable de sus parámetros y también por lo inconsulto de sus decisiones.
Por su parte, Amando Caro Figueroa, afirmó que “El afán de recaudar (y no el propósito de blanquear empleados del servicio doméstico), está detrás de la Resolución presumiendo que las personas de altos ingresos tienen contratado a personal doméstico. Sorprende que el aporte patronal así determinado no beneficie a ningún trabajador en concreto. La técnica, aplicada a las personas físicas, resulta peligrosa y arbitraria. Siguiendo la misma lógica, la AFIP podría extender la presunción a quienes tengan ingresos medios (digamos: 5.000$ por mes). O, lo que es peor, inventar nuevos impuestos basados en presunciones”.