Karina Roselos (35), sus ocho hijos -seis de ellos menores y uno discapacitado- y dos nietos quedaron en la calle ayer al mediodía.
A las ocho se presentaron en su domicilio efectivos de la Policía, el 911, Gendarmería e Infantería para hacer efectiva una orden de desalojo dispuesta por el juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación, José María Alvarado Solá.
Con una sensación térmica de 7º y rodeada por el desorden de sus muebles, electrodomésticos y materiales de construcción -algunos destrozados en el procedimiento-, Karina atendía a la prensa en la manzana 374 B, lote 10, del barrio 17 de Octubre, la parcela en disputa, que ocupa hace 15 años.
“Aquí no hay justicia. El gobernador dijo que no iba a haber más desalojos. Ahora están desarmando mi casa y me rompieron todo”, sollozaba.
“Ella presenta un boleto de compra-venta que lo hace asentar en Inmuebles cuando no se podía porque había una indisponibilidad, una expropiación de la Provincia”, dijo Karina, y agregó que, incluso, fue a la Fiscalía a pedirle al juez que frene todo”, balbuceaba.
“Ella” es Silvia del Valle Chaparro, quien le hizo un juicio de desalojo por usurpación de propiedad a Ricardo Antonio Orozco, concubino de Karina Roselos.
Chaparro le habría comprado el lote a Celedón Construcciones SRL y habría intentado inscribirse como propietaria en la Dirección General de Inmuebles.
El 4 de marzo pasado la Fiscalía solicitó al Juzgado Formal de Sexta Nominación la suspensión de todas las diligencias procesales porque el legítimo propietario del bien es la Provincia de Salta.
Una agente de la Cooperadora Asistencial se presentó en el lugar para ofrecerle a Karina pernoctar en el albergue municipal y gestionar una ayuda de emergencia por única vez de hasta $1.500 para pagar un mes de alquiler. Asimismo, la Policía propuso llevar a la señora a Tierra y Hábitat. Karina contó que en ese organismo le dijeron que no le podían adjudicar un terreno porque “estás censada, ya vivís en un lote fiscal”, justamente de donde la desalojaron ayer con los niños.
Pedido urgente
Un hijo de Karina sufre parálisis facial y le agarran convulsiones, sin embargo ella nunca tramitó la pensión por discapacidad. Según dijo, trabaja como empleada doméstica y gana $700 por mes.
Con ella viven sus hijos Grecia (20), Jimena (18), Samanta (17), Rosario (15), Daniel (14), Magalí (13), Melisa (11) y Emiliano (9), más dos nietos de un año y un año y medio.
“Pido que me den una vivienda urgente. Me voy a quedar al lado de mis cosas para que no me las roben”, dijo la mujer.
El desalojo de Karina causó indignación entre los vecinos de barrio 17 de Octubre. Muchos de ellos se contactaron con El Tribuno para expresar su solidaridad.
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Karina Roselos (35), sus ocho hijos -seis de ellos menores y uno discapacitado- y dos nietos quedaron en la calle ayer al mediodía.
A las ocho se presentaron en su domicilio efectivos de la Policía, el 911, Gendarmería e Infantería para hacer efectiva una orden de desalojo dispuesta por el juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación, José María Alvarado Solá.
Con una sensación térmica de 7º y rodeada por el desorden de sus muebles, electrodomésticos y materiales de construcción -algunos destrozados en el procedimiento-, Karina atendía a la prensa en la manzana 374 B, lote 10, del barrio 17 de Octubre, la parcela en disputa, que ocupa hace 15 años.
“Aquí no hay justicia. El gobernador dijo que no iba a haber más desalojos. Ahora están desarmando mi casa y me rompieron todo”, sollozaba.
“Ella presenta un boleto de compra-venta que lo hace asentar en Inmuebles cuando no se podía porque había una indisponibilidad, una expropiación de la Provincia”, dijo Karina, y agregó que, incluso, fue a la Fiscalía a pedirle al juez que frene todo”, balbuceaba.
“Ella” es Silvia del Valle Chaparro, quien le hizo un juicio de desalojo por usurpación de propiedad a Ricardo Antonio Orozco, concubino de Karina Roselos.
Chaparro le habría comprado el lote a Celedón Construcciones SRL y habría intentado inscribirse como propietaria en la Dirección General de Inmuebles.
El 4 de marzo pasado la Fiscalía solicitó al Juzgado Formal de Sexta Nominación la suspensión de todas las diligencias procesales porque el legítimo propietario del bien es la Provincia de Salta.
Una agente de la Cooperadora Asistencial se presentó en el lugar para ofrecerle a Karina pernoctar en el albergue municipal y gestionar una ayuda de emergencia por única vez de hasta $1.500 para pagar un mes de alquiler. Asimismo, la Policía propuso llevar a la señora a Tierra y Hábitat. Karina contó que en ese organismo le dijeron que no le podían adjudicar un terreno porque “estás censada, ya vivís en un lote fiscal”, justamente de donde la desalojaron ayer con los niños.
Pedido urgente
Un hijo de Karina sufre parálisis facial y le agarran convulsiones, sin embargo ella nunca tramitó la pensión por discapacidad. Según dijo, trabaja como empleada doméstica y gana $700 por mes.
Con ella viven sus hijos Grecia (20), Jimena (18), Samanta (17), Rosario (15), Daniel (14), Magalí (13), Melisa (11) y Emiliano (9), más dos nietos de un año y un año y medio.
“Pido que me den una vivienda urgente. Me voy a quedar al lado de mis cosas para que no me las roben”, dijo la mujer.
El desalojo de Karina causó indignación entre los vecinos de barrio 17 de Octubre. Muchos de ellos se contactaron con El Tribuno para expresar su solidaridad.