Una dura acusación. El fiscal general de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusó al gobierno de Irán de haber infiltrado agentes para perpetrar atentados terroristas en países de América Latina. El dictamen reforzó la acusación al régimen iraní por el atentado a la mutual judía en 1994 y puso en cuestionamiento el reciente memorándum de entendimiento firmado por Argentina e Irán.
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Una dura acusación. El fiscal general de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusó al gobierno de Irán de haber infiltrado agentes para perpetrar atentados terroristas en países de América Latina. El dictamen reforzó la acusación al régimen iraní por el atentado a la mutual judía en 1994 y puso en cuestionamiento el reciente memorándum de entendimiento firmado por Argentina e Irán.
A través de un extenso y duro dictamen de 507 carillas divulgado ayer, Nisman dio por “comprobado” que desde principios de la década de 1980 Irán planificó y concretó atentados terroristas entre los cuales se encuentra la voladura de la mutual judía en la Argentina.
El documento contiene “innumerable” cantidad de informes, diligencias probatorias, actuaciones en la Argentina, América Latina, Europa y Estados Unidos y sentencias judiciales de tribunales de esos países que apuntan al exconsejero cultural iraní prófugo Mohsen Rabbani como la “cabeza” de las operaciones en la región.
Pese al voluminoso informe presentado, en el texto Nisman no alude a la firma del memorándum entre Argentina e Irán para interrogar a los acusados por el atentado contra la mutual judía perpetrado en 1994 y que mató a 85 personas.
Las pruebas presentadas
Según las pruebas con las que contaría Nisman, Irán habría infiltrado agentes de inteligencia en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, en “estaciones de espionaje” que operarían bajo órdenes del gobierno de Mahmaud Ahmadinejad. La investigación supone un revés para el Gobierno y un aval a la protesta de la comunidad judía, en especial de las entidades AMIA y DAIA, por el acuerdo con Irán.
De acuerdo con el dictamen, Irán pretende “instalar en los países antes nombrados estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución”.
El informe, según fuentes judiciales, contaría con “importante documentación” y “diligencias probatorias de actuaciones hechas en la Argentina, en la región, en Europa y en los Estados Unidos y de sentencias judiciales de esos países”.
Nisman, quien había sido cuestionado en su momento por demorar la presentación del dictamen, remitió una copia de su dictamen a los países involucrados y el documento a Interpol.
En el dictamen también se insiste con la actuación del régimen iraní en el atentado de AMIA. Apunta en particular a Mohsen Rabbani como “coordinador de la penetración de la inteligencia persa en la región”.
El rol de Mohsen Rabbani
En su dictamen, Nisman pone especial énfasis en el rol que Mohsen Rabbani tuvo no solo en el acto terrorista sino como coordinador de esta penetración en Sudamérica y muy especialmente en Guyana, a través de su discípulo Abdul Kadir, máximo referente iraní en dicho país, exparlamentario y exalcalde de la Ciudad de Linden, hoy cumpliendo pena de prisión perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto neoyorquino.
En este punto, el fiscal acredita, sobre la base de la profusa documentación incautada al allanarse su domicilio en Guyana, como Kadir era un discípulo de Rabbani, recibía directivas de este, y llevó adelante la infiltración iraní en Guyana, cuya matriz resulta casi idéntica, tanto en sus componentes como en su desarrollo, con la establecida por Rabbani en la Argentina.
Kadir fue preparado y adoctrinado en Teherán, y detenido en momentos en que estaba por abordar un vuelo al país persa.
El acuerdo firmado con Irán
El gobierno de Irán aprobó la semana pasada el memorándum firmado con la Argentina para avanzar en la investigación judicial por el atentado contra la AMIA, pero lo hizo tres meses después que la Argentina y con un dato llamativo: el aval no fue dado por el Parlamento, como se esperaba, sino por el presidente Mahmoud Ahmadinejad, que dejará el cargo después de las elecciones del mes próximo. Aquí sí había sido ratificado por el Congreso, en febrero.
La decisión de Teherán provocó en Buenos Aires fuertes críticas de la comunidad judía y de legisladores de la oposición, e incluso generó malestar en la propia Cancillería.