Mientras espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la causa por fondos buitre, el gobierno argentino presentó una primera apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en contra del fallo de dicho tribunal que avaló al juez Thomas Griesa el 26 de octubre último, en cumplimiento de los plazos formales previstos por la justicia del país del Norte.
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Mientras espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la causa por fondos buitre, el gobierno argentino presentó una primera apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en contra del fallo de dicho tribunal que avaló al juez Thomas Griesa el 26 de octubre último, en cumplimiento de los plazos formales previstos por la justicia del país del Norte.
Así lo confirmó el Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lorenzino, al indicar que la Argentina presentó el primer recurso extraordinario (Writ of Certiorari) ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de Nueva York.
“Es un primer recurso contra la sentencia dictada el pasado 26 de octubre de 2012 (por el tribunal), cuando aún se aguarda un fallo definitivo”, precisaron fuentes del ministerio.
Estos movimientos del equipo económico, que trabajó el fin de semana en el escrito, marcan la pauta de que el juicio que enfrenta el país contra los fondos buitre se extenderá en el tiempo, al margen del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se podría concretar en las próximas semanas.
La presentación de la Argentina atacó exclusivamente dos aspectos de la sentencia de la Cámara que confirmaron decisiones del juez Griesa, y que a criterio del país, “afectan cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema”.
En primer lugar, el escrito sostiene que “si una Corte viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), al ejecutar reclamos monetarios contra un país mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en EEUU, sino también fuera de su territorio, (esto) supone ir más allá del ámbito de ejecución que prevé la Ley”.
El segundo punto afirma que, “si una Corte Federal puede emitir medidas cautelares con anterioridad a la sentencia, forzando a un país a pagar un reclamo puramente monetario, va así en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a que los remedios equitativos tradicionales no incluyen órdenes diseñadas para forzar pagos acordados contractualmente o el cumplimiento específico de obligaciones monetarias”.
Con el escrito presentado, “la Argentina sigue maximizando los recursos legales que le han permitido rechazar los intentos de los buitres de cobrar por un lado, y por el otro seguir cumpliendo con los pagos comprometidos por los canjes de 2005 y 2010”, enfatizaron las fuentes.