Como otras veces ha sucedido -en mayor o menor medida- el norte de Salta convirtió de nuevo en la caja de resonancia de los conflictos sociales en la provincia. En la década del 90 la eclosión tuvo su epicentro en el departamento San Martín, particularmente en las ciudades de Tartagal y General Mosconi, como consecuencia de los miles de desocupados que dejó la privatización de YPF. Ahora la llama de la desocupación se encendió en el departamento Orán, acompañada de otros focos de alto voltaje, como son las adicciones, la inseguridad y la delincuencia.
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Como otras veces ha sucedido -en mayor o menor medida- el norte de Salta convirtió de nuevo en la caja de resonancia de los conflictos sociales en la provincia. En la década del 90 la eclosión tuvo su epicentro en el departamento San Martín, particularmente en las ciudades de Tartagal y General Mosconi, como consecuencia de los miles de desocupados que dejó la privatización de YPF. Ahora la llama de la desocupación se encendió en el departamento Orán, acompañada de otros focos de alto voltaje, como son las adicciones, la inseguridad y la delincuencia.
Luego de la manifestación del jueves en Orán, el obispo Marcelo Colombo fue categórico en sus expresiones al advertir que desde hace cuatro años se registra una aceleración vertiginosa de la inseguridad y la delincuencia en la ciudad norteña.
El efecto multiplicador de la crisis es tan fuerte que hizo movilizar al apacible pueblo de Embarcación que ni aún cuando levantaron el ferrocarril esbozó una reacción. Sin embargo la semana la semana pasada, los desocupados y los sin techo salieron a la calle a reclamar por trabajo y por vivienda. El intendente Alfredo Llaya se desentendió del problema y la gente reaccionó con violencia. A partir de ese momento se inició una cacería humana con detenciones al voleo y en ella cayeron personas que ni siquiera participaron de los incidentes, las que aún permanecen confinadas en un destacamento policial a 30 kilómetros de Embarcación, lo que impide que puedan tener contacto con sus familiares. Hubo denuncias de apremios y de persecuciones políticas como la de Jorge René Moya, un dirigente del PJ opositor a Llaya. “En treinta años de democracia, jamás pasó algo semejante y esto demuestra la gravedad de la crisis por la que estamos atravesando”, declaró Víctor Ferreyra, dirigente de Derechos Humanos.
Marcha en Tartagal
Los dirigentes políticos y sociales de Tartagal y General Mosconi salieron ayer a las calles para repudiar el atropello sufrido por los desocupados de Embarcación. Lo hicieron con una marcha al juzgado de la doctora Azucena Vázquez para exigir la inmediata libertad de los detenidos. Los manifestantes no pudieron llegar hasta la puerta del edificio debido a que un centenar de efectivos de la Guardia de Infantería les cerró paso. El impresionante operativo policial abarcó los alrededores del juzgado de instrucción, impidiendo con ello que otras personas se sumaran a la movilización. Los participantes de la protesta aseguraron que el flagelo de la desocupación se manifiesta sin solución de continuidad en todo el departamento San Martín. Anunciaron que próximamente harán escuchar sus voces en las calles. “Estamos cansados de las mentiras y de las falsas promesas”, dijeron
Jorge René Moya descartó que lo ocurrido en Embarcación sea producto de la interna justicialismo. “El problema aquí es que la gente se está muriendo de hambre y el intendente Llaya no sabe cómo dar respuesta a este problema, por eso quiere tirar la pelota para el otro lado”, expresó el dirigente que estuvo recluido ocho días en la comisaría de Ballivián, acusado de instigación a la violencia. Dijo que los desocupados se irritaron al comprobar que Llaya está manipulando los 200 puestos de trabajo que dará la empresa Contreras Hnos en la obra de ampliación del gasoducto en la zona. “Va a acomodar a su gente y los desocupados que se jodan; esa es la política de este intendente que gobierna de espaldas del pueblo”, sentenció. Y agregó que “con persecuciones y amenazas, ya no va a parar a la gente”.
“Hace 4 años Orán era una cosa y hoy es otra”
Las declaraciones de monseñor Colombo grafican de manera contundente el drama que viven los oranenses con el incremento de la inseguridad, la delincuencia, las adicciones y la desocupación. A este fenómeno social se suma el impresionante contrabando de mercadería avalado por el intendente Marcelo Lara Gros a través de una playa municipalidad que alquila a un supuesto testaferro. Está situación puso en alerta a las fuerzas de seguridad que sospechan que detrás de este delito se oculta el tráfico de drogas.
A los ojos de los preocupados vecinos la ciudad norteña se ha convertido en tierra de nadie y un ejemplo de esto es lo que sucedió el lunes pasado cuando un chico de 17 años fue asesinado a balazos en plena luz del día. La policía está sobrepasada porque el gobierno de la provincia no les provee los elementos necesario para poder cumplir con eficiencia su labor. Sus cuadros están atemorizados porque corren el riesgo de ir presos, quedar exonerados o ser objetos de falsas acusaciones, como el caso de siete efectivos que desde hace dos meses están privados de su libertad por un procedimiento que, según ellos, no realizaron.En este estado de cosas se debate hoy la ciudadanía de Orán y por eso la gente salió a la calle el jueves para reclamar seguridad. “Solicitamos a las autoridades mayor presencia y acción policial, exigiendo efectividad en su accionar, y a la Justicia menor benevolencia con la delincuencia”, expresaron.
Monseñor Colombo se hizo eco de este reclamo popular y expresó su preocupación por este fenómeno social que desde hace tiempo mantiene aterrorizados a los vecinos. En declaraciones periodísticas el religioso señaló que cuando llegó hace cuatro años para hacerse cargo de la diócesis “Orán era una cosa y ahora es otra”. Atribuyó la vertiginosa aceleración de la inseguridad y la delincuencia a la falta de protección que existe en la ciudad por su posición geográfica y por la gran cantidad de jóvenes sin posibilidades de progreso.