Fue anunciado como un centro modelo, que era único de su clase en el interior del país. Costó más de $3 millones y se gastaron $300 mil en su equipamiento. Hoy, a menos de cuatro años de su inauguración, imágenes a las que pudo acceder El Tribuno, grafican un deterioro evidente y un estado de abandono similar al de un edificio que funciona hace décadas.
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Fue anunciado como un centro modelo, que era único de su clase en el interior del país. Costó más de $3 millones y se gastaron $300 mil en su equipamiento. Hoy, a menos de cuatro años de su inauguración, imágenes a las que pudo acceder El Tribuno, grafican un deterioro evidente y un estado de abandono similar al de un edificio que funciona hace décadas.
Esta es la realidad del Centro Provincial Integrador Sanitario (Cepris) de la capital salteña. “El sector de mujeres estaba destruido. El baño se había roto... las puertas también. Faltaban insumos. No era el mismo lugar que se inauguró. Creo que no lo cuidan. Ahora es solo una fachada”, dijo Susana González, sobre la experiencia de su hijo en el centro de rehabilitaciones.
El establecimiento pretendía ser un establecimiento “modelo” en la batalla contra las adicciones que se libra en todos los barrios de la Provincia, sumidos en el éxito del aparato comercial de la droga de exterminio que salpica a miles de familias: el paco.
En 2011, el Cepris cubrió la demanda de 829 pacientes y en 2012 atendió a 935 personas, a través de diferentes modalidades de tratamientos: ambulatorios, internaciones y centro de día.
Rajaduras; paredes descascaradas; techos agujereados por la humedad; ambientes insalubres; falta de espacios de recreación y entretenimiento bajo techo son algunos de los problemas que registra el edificio.
En abril último, internos del establecimiento hicieron llegar sus quejas a distintos medios y se manifestaron frente a las puertas del rebautizado Cepris, inaugurado como Centro Integral de Rehabilitación para Adicciones. “Había seis pacientes y dos madres; lo aclaro porque en el Instituto atendemos a 60 pacientes”, dijo en ese entonces la directora del establecimiento, Carmen Palomo. “Hubo una mano negra, curiosamente estaban todos los medios, la situación no merecía una manifestación de este tipo”, aseguró en ese momento. Hoy la realidad no cambió.
El centro nació bajo la presión que ejercieron el grupo de madres que luchaban por sus hijos adictos y que en 2008 comenzaron a manifestarse en forma organizada y sistemática (ver recuadro). “Pese al anuncio del Gobierno de la Provincia sobre la construcción de un centro de rehabilitación para adictos al paco, un grupo de madres “autoconvocadas” se instalaron en la plaza 9 de Julio en la mañana de ayer”, comunicaba el 4 de diciembre de 2008 el sitio oficialista informatesalta.com. “A las 11.30 se colocará la piedra fundamental del Centro Integral de Rehabilitación para Adicciones. La obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos, una capacidad de 40 camas”, anunciaba días después.
Pero el Cepris fue inaugurado un año más tarde, el 9 de diciembre de 2009 y en lugar de “40 camas” se hicieron cuartos con capacidad para 24 internados.
Allí trabajan 30 personas, entre psicólogos, operadores, talleristas y personal administrativo.
DESCASCARADA | VISTA EXTERIOR DEL PREDIO
A media máquina
El Cepris funciona a “media máquina”, no como fue planificado. Aún no se hizo la guardería para chicos del denominado pabellón de mujeres, que es como le dicen al ala del predio que hasta hace un mes prácticamente no se usaba. “El edificio contará con todos los servicios necesarios para llevar adelante la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas con problemas de adicción, reorientándolas hacia la reinserción social”, anunciaba la página web del Gobierno, texto similar al del Decreto 5163/09. “La inauguración es un acto trascendente e inédito, ya que con su puesta en marcha el Gobierno se involucra definitivamente en la lucha contra las adicciones”, aseguró en su apertura el gobernador Juan Manuel Urtubey. “Éste no será un depósito de chicos”, prometió.
El centro debería cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Prevención de las Adicciones y lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). “Hay sólo uno que tiene el Sedronar en la ciudad de Buenos Aires y el de Salta es el único que se construyó en el interior”, expresó con orgullo el gobernador. El edificio cuenta con dos alas gemelas. El llamado pabellón de mujeres empezó a ser utilizado asiduamente hace solo un mes, a pesar de la demanda existente de espacios de recuperación de adictos. Cualquier privado que quiera poner un centro de rehabilitación bajo las normas de la Sedronar tiene que cumplir con 21 puntos, tras lo cual se lo somete a una estricto control del organismo.”Todas las instituciones prestadoras del Programa son regular y periódicamente supervisadas por los profesionales integrantes del Programa de Auditoría, de modo que cada persona que es derivada en calidad de subsidiada, reciba el tratamiento indicado tal cual lo establecen las normativas vigentes”, expone la página oficial de Sedronar. Las imágenes parecen comprobar que algunos de esos requisitos no se cumplen en el Cepris, sobre todo, la exigencia de una “habilitación sanitaria”.
“Cuando los chicos están sufriendo abstinencia necesitan comer, y lo que les daban resultaba poco”, afirmó Susana González. La mujer contó que su hijo, de 21 años, salió del centro a principios de 2013 sin superar su problema de adicción y que todavía sigue luchando para dejar de consumir. “Para recuperarse necesitan una terapia de reinserción laboral que no tienen”, definió la madre que continúa la lucha contra el paco.
Carta de los trabajadores del Cepris
El Tribuno se presentó dos veces en el centro para recorrer el edificio con nuestras cámaras. Ante la negativa, se ofreció hacer un descargo a los trabajadores. La carta completa está en www.eltribuno.com.ar.
“Cada día, recibimos jóvenes que llegan cansados, desalineados, sucios, hambrientos, deteriorados, sin rumbo, solos, viviendo en situación de calle, sin escolaridad, ocupación, pertenencia, muchas veces en conflicto con sus familias o con la ley, excluidos. Personas, que no se describen más como personas, sino como “adictos”, mono identidad en la que están encerrados y por la cual están definidos. ¿Y qué hacemos con ellos? Si lo explicamos de una manera muy simple podemos decir que nuestro trabajo consiste en no desistir de intentar que ellos puedan recuperarse y dejar de decir “soy adicto”, (quedando por ello fuera de todo), para pasar a definirse y convertirse en hijos, padres, amigos, estudiantes, profesores, artistas,trabajadores...ciudadanos.Y para poder llevar adelante lo anteriormente expuesto, nos capacitamos en forma continua para la gestión cotidiana de una ardua tarea, contando con un proyecto institucional basado principalmente en el respeto a los Derechos Humanos, que funciona como marco técnico y operativo de nuestras intervenciones. Atendemos la diversidad, desde la diversidad de diferentes miradas, ofreciendo recursos diversos desde la interdisciplina y la intersectorialidad, con un objetivo común: la inclusión social.
Resultaría muy extenso explicar todo lo que hacemos, porque implicaría describir las acciones de todo el equipo: operadores, psicólogos, trabajadora social, enfermeros, talleristas, acompañante terapéutico, administrativos, colaboradores de otros sectores y organizaciones de la sociedad, por lo que sólo mencionaremos algunas actividades cotidianas, quizás desconocidas por muchos, todas tendientes a la inclusión del joven a su familia y a su comunidad.
Sí, son muchas las acciones que hay que realizar para la construcción de un sentido en sus vidas, la autonomía, el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el respeto por los derechos de otros, el desarrollo de sus potencialidades de aprendizaje, laborales y expresivas, la recuperación de la salud física, el trabajo con sus redes vinculares y sus familias, extendiéndolas y afianzándolas hasta donde sea posible, lo cual exige en verdad, una fuerte sinergia y compromiso, sabiendo que el mejor recurso es precisamente el recurso humano.
Esto es lo que hacemos, pero sería bueno seguir creciendo, sumando, abriendo puertas, ya que es un problema que aunque pocos lo tratemos directamente, atañe a todos”.
DEPÓSITO CON LOS MUEBLES DESTRUIDOS
La iniciativa nació del llanto de las madres
En febrero de 2008, siete familias con adolescentes que consumían “paco” presentaron, junto a la defensora civil Nº 4 Natalia Buira, un recurso de amparo ante la Justicia, ya que no había una dependencia pública para las internaciones. En contrapartida, el consumo de drogas se disparaba.
En mayo de 2009, el juez Esteban Cabral Duba ordenó al Gobierno de la Provincia habilitar un espacio de contención para adolescentes con adicciones. Sin embargo, la Provincia apeló la medida. El Ejecutivo consideró que la Justicia no debía decidir sobre las políticas oficiales.
Pese al cruce judicial, el Gobierno llamó a licitación para la construcción del Cepris. Los sobres de las ofertas se abrieron el 17 de setiembre de 2008. Recién los primeros días de enero arrancó la remoción de tierras en el predio de Aniceto Latorre al 1.100, al costado del Hospital Público Materno Infantil.
Por la demora de la obra, Buira había solicitado sanciones a los responsables, con multas de hasta $300 por día.
Los millones del Cepris
La obra del Cepris se presupuestó en $ 3.008.695,16, pero la firma adjudicataria, Empresa de Servicios y Obras SRL, cotizó la construcción en $ 2.477.891,01. Si bien tenía un plazo de ejecución de seis meses, la obra, que contemplaba una superficie cubierta de 1.188 metros, demoró casi un año.
La adjudicación se concretó el 10 de diciembre de 2008 (Resolución 640/del entonces Ministerio de Finanzas y Obras Públicas). Al llamado a licitación se habían presentado 12 empresas. Además, se llamó a otra licitación pública (134/09) para comprar muebles, ropa de cama, equipamiento informático, instrumental médico y utensilios de cocina por $305.705.
La carta completa de los trabajadores del Cepris