Eran los primeros días de abril cuando el gobernador Juan Manuel Urtubey desadjudicaba a 39 familias de sus casas del polémico barrio Lomas de Medeiro.
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Eran los primeros días de abril cuando el gobernador Juan Manuel Urtubey desadjudicaba a 39 familias de sus casas del polémico barrio Lomas de Medeiro.
El escándalo de las viviendas sociales entregadas a funcionarios, parientes y amigos del gobierno le estallaba en las manos.
En conferencia de prensa, y en compañía del ministro de Economía Carlos Parodi y del presidente del IPV Fernando Alesanco el gobernador anunciaba una contradictoria desadjudicación.
Decía: “desde mi visión ese sistema de adjudicación no es correcto, aunque es legal. Por eso le pedí al responsable del IPV que dé baja a las adjudicaciones hechas durante mi gestión, que son 39”.
Sin embargo, algunas familias presentaron un amparo tras la decisión del Gobierno.
Al poco tiempo, la Sala III de Apelaciones en lo Civil y Comercial, a cargo del juez Marcelo Ramón Domínguez, dio lugar a las medidas de amparo presentadas por cinco familias preadjudicadatarias, las cuales debería recibir las llaves de las viviendas, una vez notificado el IPV, independiente de las apelación que pueda realizar el Gobierno de la Provincia. Ayer fue el gran día para esas cinco familias y al promediar la mañana recibieron de manos de autoridades del IPV las llaves de sus casas.
Ahora, las cinco familias podrán habitar las viviendas, sin modificar nada, y esperar que la Justicia les dé la razón.
“Si bien dimos un gran paso, nosotros esperamos que salga la sentencia firme. Creo que la Justicia nos terminará dando la razón porque con mi familia cumplíamos con todos los requisitos”, dijo uno de los beneficiados que no quiso dar a conocer su nombre.
La decisión del juzgado del doctor Domínguez volvió a dejar al descubierto las irregularidades y las arbitrariedades que dejó la adjudicación y la posterior desadjudicación de las viviendas del barrio Lomas de Medeiros.
Una decisión desafortunada que trajo cola
El escándalo se había desatado por la lista de adjudicados, muchos de ellos amigos o parientes del gobierno de Urtubey, algunos incluso copropietarios de inmuebles.
Una vez hecha pública la polémica nómina Urtubey decidía “aplacar” la situación, a través de la desadjudicación de 39 unidades habitacionales.
Es necesario aclarar que entre los desadjudicados, solo siete detentaban propiedades sobre bienes inmuebles que justificaban una inmediata anulación de adjudicaciones. Fue un medida que trajo cola. Las familias que fueron despojadas de derechos adquiridos, por una decisión que no diferenció a quienes reunían todos los requisitos de aquellos que detentaban propiedades, influencias y funciones en el Gobierno presentaron los planteos de nulidad contra la arbitraria resolución.
Ayer la respuesta de la justicia se hizo tangible.