La actividad judicial se reanudará hoy, luego de dos semanas de feria invernal, con el tratamiento de temas sensibles, como la resolución que pueda dar en los próximos días la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de la ley de medios y la profundización de la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
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La actividad judicial se reanudará hoy, luego de dos semanas de feria invernal, con el tratamiento de temas sensibles, como la resolución que pueda dar en los próximos días la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de la ley de medios y la profundización de la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
En este sentido, para la segunda parte del año judicial se esperan definiciones sobre la situación de otros expedientes ligados al Gobierno nacional, como la del acuerdo con Irán por la causa AMIA, y las que involucran al secretario de Comercio, Guillermo Moreno; al jefe del Ejército, César Milani; a Sergio y Pablo Shocklender en su vinculación con las Madres de Plaza de Mayo y al ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Este último estuvo prófugo una semana e iba a ser juzgado a partir de mañana en Córdoba por sustraer pruebas de un allanamiento que se había ordenado en la causa por enriquecimiento ilícito, instancia que se postergó sin fecha.
Precisamente, en esa investigación, el juez Sebastián Casanello deberá resolver si hace lugar al pedido de indagatoria de Jaime que hizo el fiscal Carlos Rívolo, quien también podría solicitar la detención del ex funcionario para prevenir una eventual fuga.
También Casanello tiene en sus manos la denuncia contra el santacruceño Báez, persona de confianza del expresidente Néstor Kirchner, hacia quien apunta el fiscal Guillermo Marijuan para determinar si hizo maniobras de lavado de dinero.
En esa cuestión ya fueron indagados el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña, sobre quienes deberá resolver su situación procesal, aunque se avanzó con la investigación para determinar si se disponían nuevas indagatorias.
A Casanello también le toca analizar la actuación de la procuradora Alejandra Gils Carbó en el nombramiento de un fiscal ad hoc, sobre quien se solicitó investigación para establecer si retiró el nombre del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de los posibles imputados en la causa Báez. En la situación de la ley de medios, el fallo de la Corte pondrá punto final, al menos en la Justicia y sobre este tema, a la disputa planteada entre el Gobierno y el grupo Clarín. El 12 de julio, cuando comenzaba el receso invernal, la procuradora Gils Carbó hizo llegar su dictamen a la Corte exigiendo que se revocara el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial que consintió la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de medios impugnados por Clarín y aceptó los plazos de desinversión previstos. El juez Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, había dicho que el caso iba a resolverse apenas llegara a esa instancia y la intención del alto tribunal es sellar sentencia antes de las elecciones.