¿Se han preguntado por qué y para qué están las personas en el hospital Miguel Ragone? Podríamos resumirlo diciendo que los que allí están no solo son pacientes mentales, sino excluidos sociales.
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¿Se han preguntado por qué y para qué están las personas en el hospital Miguel Ragone? Podríamos resumirlo diciendo que los que allí están no solo son pacientes mentales, sino excluidos sociales.
No se trata de que en este hospital, también llamado monovalente, haya personas con diagnóstico tales como esquizofrenia, demencia, retraso mental, delirio, problemas con las adicciones, entre otros.
Se trata de que, según los datos recopilados por El Tribuno, hay unas 160 personas que viven en ése hospital. Algunos más, algunos menos, son hombres y mujeres sin familia que respondan por ellos, sin un lugar para vivir y sus recursos económicos son escasos, aunque algunos cobren pensiones.
¿Deberían estar allí? y la respuesta es que no deberían. Por lo menos eso es lo que postula la Ley de Salud Mental 26.657. Pero también lo promueve el acta acuerdo del 20 de abril de 2010 que aún tiene plena vigencia. Se trata de un convenio que se homologó luego de que la defensora Oficial Civil 4, Natalia Buira interpusiera un recurso de amparo colectivo en defensa de los derechos de los pacientes internados en dos instituciones psiquiátricas de la provincia.
El juez de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Mario D'Jallad homologó este acuerdo que el Ministerio de Salud se comprometía a ejecutar. El acuerdo tiene once puntos, que cobraron mayor legitimidad con la posterior aprobación de la ley de salud mental. Aunque varios de ellos se cumplimentaron a medias, en otros no se alcanzó la meta.
Los puntos flojos
“Implementar dispositivos alternativos a la internación de los pacientes como Residencias para pacientes con sufrimiento mental o Casas de medio camino, en forma gradual y progresiva, con asistencia profesional especializada y que en el plazo de dos años, se habilitarán cinco dispositivos”, constituyó el punto cuatro de ese convenio.
Se sabe que estos dispositivos son para promover la externación de los pacientes mentales del hospital que hasta la fecha alcanzó a 50 personas, según manifestó a El Tribuno Claudia Román Rú, secretaria de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones.
El convenio establecía que hasta abril de 2012 se constituyeran cinco dispositivos alternativos a la internación, pero hasta ahora hay tres: uno es el hospital de día ubicado en Santiago del Estero al 1.800; las becas de externación subvencionadas con presupuesto Nacional y un Centro de Día, a lado del hospital Ragone.
Román Rú mencionó que se inaugurará, en breve, una casa en el macrocentro que será una residencia para pacientes mentales que, en primer instancia, funcionará solo de día.
Respecto de las personas que no tienen familia y ningún lugar a donde ir, Román Rú mencionó que se las acompañó y detalló cómo: “Muchas personas alquilan o tienen un trabajo en la medida de sus posibilidades, muchos tenían propiedades que eran utilizadas por familiares y se trabajó con la justicia. Hay otras personas que tienen pensiones”.
Sobre las becas de externación, financiadas por Nación, que se lograron ocho este año, explicó: “Las becas de externación son un soporte técnico y financiero que le permite a las personas acondicionar su casa para recibir a este integrante o posibilita a la misma persona tener un oficio para desarrollar una habilidad y que le facilite la externación”.
El quinto punto del acuerdo habla de la participación de las personas con padecimiento mental en talleres:
“Garantizar la participación de las personas con sufrimiento mental (internadas o no) en talleres de rehabilitación, terapia ocupacional, capacitación y recreación e incrementarlos, paulatinamente”.
Si se recorre el hospital Miguel Ragone, a simple vista, se ven dos talleres: uno es el de carpintería y otro es el de manualidades en el que se desarrollan diversas técnicas. En materia de rehabilitación existe una sala destinada a cubrir estas necesidades con gabinetes y aparatología indicada.
El taller de manualidades parece ser el de mayor convocatoria, por lo menos eso es lo que se observa en la pequeña sala en la que se dicta. Carpintería esta más desolado.
La secretaria de Salud Mental, agregó: “En el hospital están las aulas satelitales y virtuales que sirven para terminar la primaria y la secundaria. Y también están los oficios. Eso es una herramienta de inclusión”.
El acta acuerdo que se firmó en abril de 2010 también estableció la creación de una comisión de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de lo establecido en el convenio.
La funcionaria destacó que desde el 2008 se empezó a trabajar en el actual Plan de Salud Mental 2010-2015 que incluyó un trabajo participativo y representativo de los actores sociales.
“Eso fue antes de la ley de salud mental y este plan de conformó en base a mesas de trabajo en las que participaron instituciones y la ciudadanía. Esto luego se acopló con lo que en la ley se plantea como Órgano de Revisión”. Román Rú explicó que hoy esa comisión está integrada por personas de la Secretaría de Salud Mental, del Ministerio Público y de Salud Pública. No se mencionó que incluya a representantes de los pacientes mentales, familiares de pacientes mentales, referentes de los colegios de profesionales. “El Colegio de Psicólogos siempre tuvo una participación activa; el Colegio de Médicos no tanto. De todas maneras estamos en los primeros pasos”, sostuvo.
El período de transición
El convenio también proponía que en los hospitales y centros de salud se establecieran servicios de salud mental las 24 horas y no solo guardias de emergencia como se han establecido en algunos hospitales de la ciudad.
El artículo 27 de la ley de salud mental prohibe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. Establece que los hos-pitales ya existentes, como el Ragone, “se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por
los dispositivos alternativos”.
Román Rú dijo que el Ragone no desaparecerá sino que “la idea es incluir la salud mental en la red sanitaria y que no sea un hospital monovalente sino más integral”. Agregó: “Hay una transición y no vamos a llegar de golpe a la meta que sería que los centros de salud y los hospitales puedan abordar la salud mental”.
El presupuesto sigue siendo la principal materia pendiente
La secretaria de Salud Mental y Abor-daje de las Adicciones, Claudia Ro-mán Rú dijo que el presupuesto 2013
para la Secretaría fue de $4.374.353 sin contar los gastos de personal, entre otros. Según lo publicado en la Oficina Provincial de Presupuesto, la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones recibió este año $11.971.736 distribuidos entre varios ítems: Personal $ 7.597.383; Bienes de Consumo $453. 459; Servicios No Personales $1.095.750 y Transferencias (lo que según Román Rú se condice con becas de externación)
$2.825.144.
Ese último ítem, aunque sólo sea destinado a becas de externación, no parece suplir la demanda actual de
dispositivos de externación alternativa para la totalidad de personas que aún viven en el hospital Ragone.
En el artículo 32 de la ley de salud mental establece que el 10% del presupuesto provincial de Salud Pública
sea destinado a Salud Mental, en un plazo no mayor a tres años, a partir de la sanción de la ley.
Román Rú dijo, sobre esto: “La ley plantea que el 10% del presupuesto total de salud se contemple para Salud
Mental, pero no quiere decir que vaya destinado a una cartera especial”. Agregó: “No es suficiente, pero en
estos últimos años crecimos mucho en lo que se destina a estas áreas. Estamos en ese proceso de transición”,
aseguró.
La funcionaria aclaró que el monto informado sobre presupuesto ($4.374.353) hay que sumar planes interministeriales, red sanitaria y además las mejoras de infraestructura en los hospitales para abordar la salud
mental, el recurso humano formado que se incluye para esta tarea, entre otros.
"La Salud Mental no es una política pública"
La defensora Oficial Civil 4, Natalia Buira se expresó sobre cómo se aplica hoy la ley de salud mental en la
provincia. Mencionó el tema presupuestario indicando su importancia: “El no destinar este 10% del presupuesto
de salud pública a la salud mental es una evidencia clara de la poca importancia que le presta la provincia al tema de la salud mental, o sea que la salud mental no es una política pública”, afirmó la defensora Oficial.
Desatacó el no cumplimiento del acta acuerdo firmado en marzo y homolagada en abril de 2010 dentro del marco del amparo colectivo que se había presentado anteriormente. “Este incumplimiento en el debido tiempo y forma del acta acuerdo debió llevar a que la Asesoría General de Menores e Incapaces promoviera la ejecución de sentencia porque esta debía velar por el cumpli-miento del acuerdo”, aseveró Buira.
Señaló que en el acuerdo no se consideró la situación de los inimputables y criticó quienes formaron parte de la Comisión de Control y Seguimiento establecida en el convenio, ya que solo la integraron los firmante del acuerdo. En ese entonces la Asesora General de Menores, Mirta Lapad y el entonces, ministro de Salud, Gabriel Chagra Dib. “Esta Comisión debió estar integrada por pacientes mentales, familiares de pacientes mentales, representantes de los colegios profesionales”, explicó la letrada.
“La decisión política es clave para avanzar”
Irma Silva, presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta ofreció algunas reflexiones sobre la aplicación de la
ley de salud mental y la eliminación de los hospitales monovalentes. “Uno de los problemas más importantes que atraviesa la ley para su plena implementación es el presupuesto. La decisión política de los gobiernos locales es una clave para avanzar más rápido. La decisión de habilitar servicios en hospitales generales, con capacidad de internaciones breves, es una facultad de los gobiernos provinciales fundamentalmente.
El aumento de los presupuestos provinciales y del dinero que se destina a la salud mental, es clave”.
Se refirió al papel que juegan los diputados y senadores: “Los cuerpos legislativos deben también hacerse cargo de hacer cumplir lo que establece la ley , que es de orden público. Es una cuestión de estado. Todos los
partidos políticos están involucrados y deben defender a los usuarios y familiares de las prácticas institucionales históricamente ‘naturalizadas’”.
Silva mencionó que este proceso de transformación profunda que genera resistencias, debe incluir la participación de los usuarios como de los trabajadores del sistema; “un cambio de esta magnitud no se decide ni se realiza si no es colectivamente”, sostuvo.
Silva insistió en que se debe aumentar la accesibilidad a tratamientos que no coarten el derecho de la libertad y una reducción progresiva de camas en los monovalentes.
“No se hace un trabajo interdisciplinario”
Gustavo Vacaflores, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Salta criticó la aplicación de la ley de salud mental y también lo que propone la norma. Indicó que “actualmente no se hace un trabajo interdisciplinario porque a los psiquiatras no se los están incluyendo”, dijo Vacaflores.
“Con respecto a la ley de salud mental las sociedades científicas de Psiquiatría, todas, están en absoluto desacuerdo con esta ley porque esta llena de errores y porque sobre todo no se ha tenido en cuenta la opinión de ellas para formularla”, manifestó el profesional especializado en psiquiatría, quien agregó que con cerrar un hospital no desaparecerán las enfermedades mentales.
Para la Asociación esta ley carece de aplicabilidad en muchos aspectos. Entre ellos es que la ley propone la creación de servicios que aborden la salud mental en hospitales generales. “Esto como expresión de deseo es fantástico, pero en la práctica no es tan así”.
Vacaflores citó como ejemplo que en el llamado a concurso del hospital nuevo de zona sur no se convocó a los psiquiatras. “El artículo 8 de la ley de salud mental dice que los equipos de trabajo son interdisciplinarios y eso parece que se desconoce o no sabemos por qué no se esta cumpliendo”, sostuvo. El profesional contó que la Asociación envió una nota al Ministro de Salud exponiéndole éstas irregularidades.