El Tribunal Oral Federal de Salta no tuvo contemplación con los dos policías juzgados por el transporte de un cargamento de 50 kilos de cocaína y procedió conforme lo solicitado por el fiscal Ricardo Toranzos. El cuerpo integrado los camaristas Marta Snopek, Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz aplicó 13 años de prisión a Carlos Gallardo y 12,6 años a Gabriel Giménez, por los delitos de tenencia y transporte de estupefacientes doblemente agravado por su condición de funcionario público. Al mismo tiempo, el Tribunal dispuso remitir a la Justicia provincial las partes pertinentes relacionadas con las denuncias de espionaje a políticos realizadas por los expolicías, además del faltante de un dinero en un procedimiento del que ellos participaron.
Los imputados abrigaban alguna esperanza de que la condena no fuera tan dura y aguardaron impacientes el veredicto, cuya lectura estuvo a cargo del secretario Federico Mezzena. Los ojos de ambos se clavaron como puñales en la figura del fiscal Toranzos, a quien responsabilizaron de haberlos condenados socialmente con su categórica imputación. Momentos antes de conocerse la sentencia Gallardo acusó de falso al fiscal, al tiempo fustigó la investigación del juez instructor Julio Bavio y del secretario Santiago French. Para los presentes las expresiones del policía parecieron salidas de contexto, ya que por su rol de imputado no tenía autoridad para calificar el proceder de quienes debían juzgarlo. El era policía y en el momento de los hechos se desempeñaba, con el grado de oficial principal, como jefe de la Unidad Frontera Norte para el control de drogas, y lo juzgaron por un delito que él debía combatir. Giménez fue más cauto en el momento en que el Tribunal lo autorizó a decir sus últimas palabras. El hombre que fue despojado de su jineta de subcomisario y que ostentaba el cargo de jefe de la División de Investigaciones de la fuerza insistió en su inocencia, señalando que él no transportó ningún cargamento de estupefaciente y que la droga secuestrada fue “plantada” por los cuadros superiores de la Policía de la Provincia, con la anuencia de funcionarios del Gobierno. Sin embargo, Giménez dejó entrever su vinculación con el caso cuando eludió el accionar de la Justicia y se ocultó en Bolivia, donde permaneció por espacio de ocho meses hasta que fue expulsado por las autoridades del vecinos país.
Giménez y Gallardo cayeron en desgracia el 25 de mayo de 2011, en horas de la noche, cuando circulaban en vehículos separados por la ruta provincial 8, en jurisdicción del departamento General Güemes. A la altura del paraje El Algarrobal, la Policía de Medio Ambiente interceptó el paso de un auto Cross Fox ocupado por Giménez y el prófugo Marcelo Iraola. En esos momentos uno de los efectivos observó que un vehículo que se acercaba giró en U y emprendió la fuga. La patrulla inició la persecución y luego de una carrera de 20 kilómetros dio alcance al sospechoso. “Soy policía, estoy limpio”, dijo el conductor. Era Gallardo. “Si sos policías porque disparás”, le respondió el jefe del operativo. Al día siguiente aparecieron dos mochilas con más de 50 kilos de cocaína a la altura del lugar donde Gallardo había emprendida la desesperada huida.
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El Tribunal Oral Federal de Salta no tuvo contemplación con los dos policías juzgados por el transporte de un cargamento de 50 kilos de cocaína y procedió conforme lo solicitado por el fiscal Ricardo Toranzos. El cuerpo integrado los camaristas Marta Snopek, Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz aplicó 13 años de prisión a Carlos Gallardo y 12,6 años a Gabriel Giménez, por los delitos de tenencia y transporte de estupefacientes doblemente agravado por su condición de funcionario público. Al mismo tiempo, el Tribunal dispuso remitir a la Justicia provincial las partes pertinentes relacionadas con las denuncias de espionaje a políticos realizadas por los expolicías, además del faltante de un dinero en un procedimiento del que ellos participaron.
Los imputados abrigaban alguna esperanza de que la condena no fuera tan dura y aguardaron impacientes el veredicto, cuya lectura estuvo a cargo del secretario Federico Mezzena. Los ojos de ambos se clavaron como puñales en la figura del fiscal Toranzos, a quien responsabilizaron de haberlos condenados socialmente con su categórica imputación. Momentos antes de conocerse la sentencia Gallardo acusó de falso al fiscal, al tiempo fustigó la investigación del juez instructor Julio Bavio y del secretario Santiago French. Para los presentes las expresiones del policía parecieron salidas de contexto, ya que por su rol de imputado no tenía autoridad para calificar el proceder de quienes debían juzgarlo. El era policía y en el momento de los hechos se desempeñaba, con el grado de oficial principal, como jefe de la Unidad Frontera Norte para el control de drogas, y lo juzgaron por un delito que él debía combatir. Giménez fue más cauto en el momento en que el Tribunal lo autorizó a decir sus últimas palabras. El hombre que fue despojado de su jineta de subcomisario y que ostentaba el cargo de jefe de la División de Investigaciones de la fuerza insistió en su inocencia, señalando que él no transportó ningún cargamento de estupefaciente y que la droga secuestrada fue “plantada” por los cuadros superiores de la Policía de la Provincia, con la anuencia de funcionarios del Gobierno. Sin embargo, Giménez dejó entrever su vinculación con el caso cuando eludió el accionar de la Justicia y se ocultó en Bolivia, donde permaneció por espacio de ocho meses hasta que fue expulsado por las autoridades del vecinos país.
Giménez y Gallardo cayeron en desgracia el 25 de mayo de 2011, en horas de la noche, cuando circulaban en vehículos separados por la ruta provincial 8, en jurisdicción del departamento General Güemes. A la altura del paraje El Algarrobal, la Policía de Medio Ambiente interceptó el paso de un auto Cross Fox ocupado por Giménez y el prófugo Marcelo Iraola. En esos momentos uno de los efectivos observó que un vehículo que se acercaba giró en U y emprendió la fuga. La patrulla inició la persecución y luego de una carrera de 20 kilómetros dio alcance al sospechoso. “Soy policía, estoy limpio”, dijo el conductor. Era Gallardo. “Si sos policías porque disparás”, le respondió el jefe del operativo. Al día siguiente aparecieron dos mochilas con más de 50 kilos de cocaína a la altura del lugar donde Gallardo había emprendida la desesperada huida.
El espionaje
El Tribunal consideró que las denuncias de espionaje y el faltante de un dinero en un procedimiento del que ellos participaron no es competencia de la Justicia Federal. Por ese motivo giró las actuaciones a la Justicia ordinaria, para que realice las investigaciones. Giménez y Gallardo revelaron que fueron usados por las más altas esferas del poder para pinchar teléfonos y espiar a dirigentes opositores, entre ellos al diputado nacional Alfredo Olmedo, cuando éste le disputó la gobernación al actual mandatario Juan Manuel Urtubey. Revelaron que las desgrabaciones se realizaban en la oficina de prensa de la Casa de Gobierno y entregaron filmaciones de reuniones que mantuvieron asesores del gobernador.