El es Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN). De visita en Salta, el funcionario firmó en forma conjunta a los precandidatos del Frente Unión por la República Bernardo Biella, Silvina Vargas y Virginia Cornejo un acta compromiso denominada “Vamos a frenar la corrupción” que tiene como objetivo materializar el compromiso de los candidatos a legisladores nacionales a trabajar por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y penas más duras.
inicia sesión o regístrate.
El es Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN). De visita en Salta, el funcionario firmó en forma conjunta a los precandidatos del Frente Unión por la República Bernardo Biella, Silvina Vargas y Virginia Cornejo un acta compromiso denominada “Vamos a frenar la corrupción” que tiene como objetivo materializar el compromiso de los candidatos a legisladores nacionales a trabajar por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y penas más duras.
En diálogo con El Tribuno, Despouy sostuvo que le parece alentador que precandidatos estén promoviendo la necesidad de un mayor compromiso con el tema del control”. En este sentido sostuvo que el control ha comenzado a tener vigencia “por los peores aspectos lamentablemente. Es importante que la ciudadanía tome conciencia a partir de la importancia positiva que tienen los controles. Es un país que tiene muchas deficiencias del control y uno lo ve en cada área que va investigando. Uno va viendo no solo los déficit sino las consecuencias, en el caso del transporte que es una de las cuestiones que más se puso en el tapete durante los últimos años”, advirtió.
Han ocurrido hechos en el país que se podrían haber evitado si fuese por un correcto control. Por ejemplo, los accidentes ferroviarios.
Es evidente que algo está funcionando mal por varios aspectos. Desde el punto de vista del funcionamiento del transporte, ya que es el área en la que más se puso plata y donde menos resultados se han obtenido. Subsidios millonarios, fondos importantes, ineficaces, corrupción, desvíos, problemas de gestión. O sea, no hubo ningún impacto en el mejoramiento de los servicios. Al mismo tiempo hay otros ingredientes. Ya no es que el servicio solamente no funciona bien. No hay calidad del servicio. Se desmanteló el sistema ferroviario en el país. Ya hay consecuencias de tipo económica, de tipo estratégica y hay una desarticulación del federalismo. El caso del desmantelamiento del Belgrano Cargas es un ejemplo. Es un daño muy grande que impacta en la economía, en la proyección al haberse obstruido, amputado esa posibilidad. Esto sin dudas, frenó un eventual crecimiento vigorososo de las provincias.
En lo que refiere a la política de transporte, ¿Esta gestión ha profundizado el desmantelamiento del sistema ferroviario?
Yo creo que los primeros diez años de Menem implicaron el desmantelamiento deliberado del sistema ferroviario en el país. Entregarle la concesión a quienes lo hicieron y cómo lo hicieron es decirles “hagan lo que quieran con los trenes”. Pero al mismo tiempo uno ve que el Estado en los últimos diez años puso mucho dinero en el transporte. Pero se licuó. Se licuó en los desvíos, en la corrupción, en la ausencia de inversiones. Se fomentó una idea: mientras más plata ponían, menos cumplían las empresas. Y en este marco es que el Estado asumió un rol muy decadente. Las empresas decían, para qué voy a cumplir si en una de esas pierdo el subsidio. El Estado lo que hizo entonces es recuperar el ferrocarril como tal para pagar a un operador al cual no le pedía rendición de cuentas, no se le consultaba sobre los destinos de los fondos de los subsidios a los fines para los que habían sido otorgados.
¿La gente se acostumbró a la corrupción, a que no haya control?
No se ha acostumbrado. Porque el daño es muy grande. Los que se acostumbraron fueron los responsables, a no rendir cuentas ni hacerlas rendir. Y lo hicieron con descaro. La Justicia también se acostumbró. Así por ejemplo nunca citó a Jaime (Ricardo) por hechos de corrupción. Si lo hubiesen convocado por lo menos habría servido de advertencia para decir que alguna vez iban a tener que rendir cuentas. Entonces hizo un daño inmenso por más de ocho años. Ahora, hay un modus operandi, de los operadores de ferrocarriles, del Estado y su enorme liberalidad para entregar cuantiosas sumas de dinero. Sin ir más lejos, el Sarmiento recibió más de 2 mil millones de pesos en los últimos seis años que auditamos y miren todo lo que pasó. Y la Justicia tuvo una actitud muy pasiva respecto a esto.
¿Cambió algo después de la tragedia de Once?
Nosotros todavía no auditamos. Pero hay signos aparentes de que hay una mayor preocupación. Pero no sabemos muy bien, si esos carteles en inglés que están en la plaza Once realmente significan un cambio. Digo eso porque después se sucedieron una serie de accidentes. En este marco es difícil tener una visión optimista. Pero hay algo mucho más preocupante. Ya es normal que haya un incidente que se convierta en un accidente y un accidente en una tragedia. Entonces hoy es normal que el que vaya a tomar el Sarmiento no sepa si vuelve.
¿Qué significado pueden tener estas imágenes de motorman durmiendo en las formaciones?
Son imágenes alarmantes. Lo que también es alarmante es que el Estado preste estos servicios porque aparecen estas filmaciones como si los trabajadores fueran ajenos a esta gestión. Llama la atención que en Europa por ejemplo, con el accidente que hubo en Francia, la empresa operadora reconoció su responsabilidad en primer término y después dijo si hay factor humano. Hay factores humanos en los que tiene que ver el Estado. Cuando usted permite que un motorman trabaje en ese estado, en el cual trabaja diez a doce horas es el propio prestador de servicio el responsable.
El perfil
Leandro Despouy es un político, abogado, defensor de los derechos humanos y docente argentino miembro de la Unión Cívica Radical.
Desarrolló una intensa carrera diplomática a nivel internacional; fue la primera persona en denunciar internacionalmente el accionar de la Triple A
Desde el año 2002 preside la Auditoría General de la Nación, órgano estatal autónomo encargado del control del manejo de fondos del Poder Ejecutivo.
Desde este último cargo emitió documentos muy críticos sobre el manejo y el control de fondos por parte del gobierno de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina.