Renato Rabbi Baldi Cabanillas es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y acaba de ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Referente en temas de abogacía y hombre dedicado a la investigación, aceptó una entrevista con El Tribuno en la que planteó respuestas sociales para realidades como los delitos y el consumo de drogas.
inicia sesión o regístrate.
Renato Rabbi Baldi Cabanillas es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y acaba de ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Referente en temas de abogacía y hombre dedicado a la investigación, aceptó una entrevista con El Tribuno en la que planteó respuestas sociales para realidades como los delitos y el consumo de drogas.
“Tener gente educada, con necesidades básicas satisfechas, con trabajo e inclusión, va a redundar necesariamente en bajar la alta inseguridad que tenemos ahora y esta suerte de expropiación recíproca que hay”, opinó.
Consultado sobre la reciente promulgación de una ley que permite derribar vuelos ilegales en Bolivia, respondió que “no es necesario” tomar esta medida para impedir el ingreso de drogas al país.
Además manifestó que, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia, fumar marihuana es una “conducta privada”. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la idea de replicar en Argentina la despenalización del consumo que adoptó Uruguay.
“Creo que decisiones como la uruguaya quizás pueden tener una mejor justificación en sociedades que tienen pleno empleo, necesidades básicas satisfechas y un alto nivel educativo”, sostuvo, al mismo tiempo que pidió cautela para analizar esta cuestión en el país.
¿Qué le parece la decisión de que los casos de microtráfico de drogas ahora deban resolverse en la Justicia Provincial y no en la Federal?
Me parece una decisión acertada. La Policía provincial venía teniendo una actuación muy atenta, sobre todo en los problemas derivados de las bocas de expendio.
Esto permite a la Justicia Federal liberar parte de su esfuerzo para concentrarse en cuestiones de mayor envergadura, como pueden ser las vinculadas con los delitos transfronterizos, el lavado de dinero y otros temas que requieren la mirada federal.
¿Bolivia acaba de promulgar una ley que permite derribar vuelos ilegales para luchar contra el narcotráfico? ¿Cree que eso podría aplicarse en Argentina?
Creo que lo importante es que todos los países tengan una política de control del tráfico aéreo. Es positivo que todas las naciones estén involucradas en esto y que haya una mayor presencia del Estado.
En lo que hace a la cuestión del derribo, hay polémica al respecto. Me parece que, a los efectos de interceptar el tráfico ilícito, no es necesaria una ley de derribo. Es decir, resultaría suficiente seguir el protocolo que se ha establecido para este tipo de casos sin necesidad de llegar al último paso, que sería el derribo.
La ley brasileña tiene un protocolo. Cuando ingresa una aeronave al territorio nacional, rápidamente los radares lo informan. Hay un avión de la fuerza aérea brasileña que sale a interceptar a ese vuelo y le pide identificarse. Si la aeronave no lo hace, la invitan a retirarse del espacio aéreo. Luego la invitan a que descienda en algún aeropuerto próximo. Si no lo hace, hay una instancia de disparos intimidatorios. Los aviones que fueron interceptados en esas condiciones, se vuelven porque tienen una autonomía de vuelo relativa y no pueden quedarse eternamente en el espacio aéreo. Con lo cual, se cumple el objetivo de impedir el ingreso de sustancias prohibidas sin llegar a la medida extrema de un derribo, con la pérdida de vidas que eso supone.
Lo más relevante es que haya atención. En Argentina se ha puesto en marcha lo que se denomina el plan (de radarización) Escudo Norte. Eso refleja preocupación del Estado nacional por la cuestión. Parece que el proyecto todavía no está concluido y hacemos votos para que eso suceda.
La Justicia ha reclamado mucho por eso ¿Siguen faltando radares?
Creo que el plan no está todavía completado. Nosotros hemos venido reclamando desde 2009 por una radarización integral, junto con otras medidas. Hemos pedido más presencia del Estado nacional, por ejemplo, con más juzgados.
Logramos que se creara el juzgado federal de Tartagal, pero todavía no se ha llevado adelante el concurso, con lo cual, es una tarea pendiente. Hemos pedido también un juzgado en Libertador General San Martín, en Jujuy. Ese juzgado se ha creado pero no se ha puesto en marcha.
También hemos pedido más cárceles. Los delitos que se cometen en la frontera son flagrantes, por lo cual, la consecuencia natural es que la persona queda detenida.
Hay que garantizar el interés social en la persecución del delito y, al mismo tiempo, los derechos fundamentales de los detenidos. Por eso, hemos pedido que haya adecuadas unidades penitenciarias. Últimamente el Estado ha dado pasos en esa dirección, pero también falta.
Hay que completar este plan de radarización para que todo esto sea más efectivo. Es una empresa colectiva. A esto no lo resuelve solo la Provincia ni la Nación.
En los últimos meses se produjo un ataque a la casa del gobernador de Santa Fe y hubo crímenes ejecutados por sicarios en el país, noticias que no eran frecuentes en Argentina ¿Hay un recrudecimiento de la violencia y de los delitos asociados al narcotráfico?
Creo que todas esas noticias están dando cuenta de una realidad. Y eso se traslada a las causas judiciales. Efectivamente la situación no está calma. Creo que eso es lo que exige una mayor presencia del Estado.
¿Hay que despenalizar el consumo de marihuana como se hizo en Uruguay?
Tenemos una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el denominado caso de Arriola, que es bastante clara en establecer que (el consumo) es una conducta privada, ajena a la intervención de las autoridades y de los magistrados.
Pero es una conducta que debe realizarse en privado. No tiene que haber una ostentación ni exhibición porque ahí interviene el interés público, que entiende que el consumo de estupefacientes no ayuda al ser humano al desarrollo de todas sus posibilidades.
El consumo de drogas, según entiende la jurisprudencia a través de los estudios médicos, es una manera de cosificar a la persona porque puede derivar en adicciones que impiden que el ser humano asuma sus propias decisiones autónomamente.
Creo que es una buena determinación la de la Corte y me parece que habría que trabajar en esa línea. Creo que decisiones como la uruguaya quizás puedan tener una mejor justificación en sociedades que tienen pleno empleo, necesidades básicas satisfechas y alto nivel educativo.
En sociedades donde hay necesidades básicas insatisfechas, una creciente tasa de analfabetismo, deserción escolar y falta de inserción laboral de la población más joven, no sé si este tipo de decisiones ayudan... más bien diría que no. La experiencia que tenemos cuando hablamos con las madres del paco, aconseja ser prudentes con este tema.
Es decir que Argentina está bien con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Creo que estamos bien y que deberíamos trabajar fuerte por la inclusión social, las mayores cotas de empleo y la satisfacción de necesidades en adolescentes y jóvenes, el sector crítico.
Hay un fuerte debate por la posibilidad de que el Código Penal que se debe debatir en el Congreso de la Nación rebaje las penas de muchos delitos ¿Le parece que reducir condenas serviría?
El proyecto recién se está comenzando a estudiar. Dar una respuesta definitiva ahora sería apresurado.
Pero me parecería que el hecho de que se rebajen algunas penas no genera, de suyo, un problema. Los jueces tienen un amplio margen de apreciación dentro de los mínimos y los máximos. Por tanto, el hecho de que se bajen algunos máximos y algunos mínimos no significa que dejen de existir. Yo no vería que por ahí pueda aparecer un problema. Más bien pensaría que los problemas, en todo caso, son anteriores.
Tenemos que tratar de tener gente educada, con necesidades básicas satisfechas, con trabajo e inclusión. Eso va a redundar necesariamente en bajar la alta inseguridad que tenemos ahora y esta suerte de expropiación recíproca que hay. Eso es un problema.
El hecho de que unos se queden con las cosas de otros está hablando de una inadecuada distribución de bienes en la República Argentina. Eso plantea problemas de justicia y, en última instancia, de anomia social porque la sociedad no ve que somos compañeros de ruta para ayudarnos recíprocamente y mejorarnos sino que nos vemos como enemigos y uno se protege del otro. Eso es un problema de carácter filosófico grave. Creo que hay que dar vuelta esa perspectiva.
La gente habla de que la mayor preocupación es la inseguridad. Eso es porque algo está pasando y entonces hay que apuntar ahí. Hay que ver qué está sucediendo para que se vaya generando esta suerte de anomia social. Eso deriva en que yo no me interese por el otro.
¿Cómo analiza los linchamientos en la calle a personas acusadas de cometer delitos que se produjeron en las últimas semanas en el país?
Me parece que justamente eso nos retrotrae a formas de barbarismo y de desintegración social. Es asumir la justicia por mano propia.
Eso está revelando una desconfianza de la sociedad en el Estado y en la administración de justicia. Pero en el fondo eso es porque unos no se ven con los otros como colaboradores de una empresa colectiva sino que nos vemos como enemigos.
El Perfil
Renato Rabbi Baldi Cabanillas nació en Salta en 1960. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1984. Es doctor en derecho por la Universidad de Navarra, a la que ingresó becado por el Gobierno español.
Hizo sus estudios de post-doctorado en la Universidad de Münster, Alemania y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia. Fue becado por los gobiernos de ambos países para cursar estas especializaciones.
Es docente titular de Teoría General y Filosofía del Derecho en Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Introducción al Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta.
En 1994 fue asesor en la Convención Nacional Constituyente, en Santa Fe. En esta ocasión trabajó para la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la constitución. También se ocupó del reconocimiento del derecho al ambiente y la acción de amparo.
Entre 1999 y 2009 fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde 2009 es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Lleva 20 años en la Justicia y se define como partidario de “dar a cada uno lo suyo” a través de los fallos.
“Este es un trabajo atrapante. Vemos cuestiones civiles, contencioso administrativas, penales y de derechos humanos. La necesidad de estar indagando, investigando y ampliando la mirada es permanente”, manifestó, en diálogo con El Tribuno.
En la Cámara Federal de Apelaciones, participó en un proyecto por el cual se abrieron al público cientos de expedientes sobre casos de violencia política y social registrados desde 1950 en Salta.
Publicó siete libros y más de setenta artículos en revistas internacionales sobre temas como teoría y filosofía del derecho, derechos humanos y derecho constitucional.
El 20 de marzo fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. “Este reconocimiento me compromete todavía más que antes en el objetivo de investigar y preocuparme por las cuestiones de la sociedad desde la perspectiva que he asumido, que es la del derecho y la administración de justicia”, expresó.
Hasta ahora solo había dos salteños en este organismo nacional: Emilio Cornejo Costas, docente y escritor, y Roberto Loutayf Ranea, profesor y juez de la Cámara Federal de Apelaciones Salta.