La Intergremial Docente que conforman ADP, AMET, UDA, SADOP Y UPCN reclamaron mediante un documento firmado por todos sus secretarios una audiencia de cáracter "urgente" con autoridades del gobierno de la Provincia para tratar temáticas "acordadas y refrendadas en el Decreto 390/13". Temáticas que, según consignan, hasta ahora no fueron atendidas por los ministerios de Educación y de Economía de la Provincia. De otra manera, advierten que podrían ir a la justicia para denunciar penalmente por un procedimiento que atentaría contra las leyes vigentes.
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La Intergremial Docente que conforman ADP, AMET, UDA, SADOP Y UPCN reclamaron mediante un documento firmado por todos sus secretarios una audiencia de cáracter "urgente" con autoridades del gobierno de la Provincia para tratar temáticas "acordadas y refrendadas en el Decreto 390/13". Temáticas que, según consignan, hasta ahora no fueron atendidas por los ministerios de Educación y de Economía de la Provincia. De otra manera, advierten que podrían ir a la justicia para denunciar penalmente por un procedimiento que atentaría contra las leyes vigentes.
Las entidades consideran que "han sido excluidas sistemática y arbitrariamente de las negociaciones salariales que actualmente se realizan con sectores que legalmente no son reconocidos, abordando puntos que ya se venían trabajando desde el Frente Gremial".
Según señalan, ello significaría un violación a las leyes nacionales y provinciales de paritarias vigentes y lo entienden como una "falta de respeto a instituciones gremiales legalmente reconocidas cuyas autoridades fueron elegidas por procesos electorales enmarcadas en la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales".
Asimismo, en el documento que dirigen al Gobernador, al ministro de Economía y al ministro de Educación de la Provincia, hablan de una posible "conspiración" cuyo objetivo principal "es quitar fuerza y representación a los gremios docentes de nuestra provincia".
Responsabilizan también al Gobierno por los problemas en el sector docente: "la situación de caos por la que atraviesa la docencia en la provincia de Salta es exclusiva responsabilidad del Gobierno, que sistemáticamente a lo largo de su gestión vino mintiendo a los gremios de cuánto recurso económico disponía, llegando el Ministro de Economía al punto de jurar por sus hijos de que “la provincia estaba en llamas y no tenía más recursos”.
"Los gremios en este último mes estamos siendo perseguidos y perjudicados por peticionar y utilizar los recursos y metodologías que están establecidas claramente en leyes que reglamentan el derecho de huelga (...) Paradójicamente, estos sectores informales con los que trata actualmente el gobierno, apoyados o agitados por un partido político y/o seudos dirigentes gremiales, pueden violar las contravenciones que se les ocurran, cortando hasta rutas nacionales sin que haya ningún tipo de sanción para quienes dirigen este movimiento, ya carecen de responsabilidad legal", explican.
"Pareciera ser y tal como está demostrado, este Gobierno responde a la presión, el reclamo de la policía y ahora con el movimiento de los docentes autoconvocados son una muestra de ello, también muestra por parte del Gobierno Provincial un alto grado de improvisación, ineficacia, falta de autoridad y credibilidad a la hora de tomar decisiones para solucionar el conflicto. Las advertencias, pedidos y sugerencias sobre cómo iba a empezar y terminar este conflicto tampoco fue escuchado oportunamente por los diferentes Ministros que nos atendieron hasta el 16/04/14, fecha en que se corta el diálogo con el Frente Intergremial Docente hasta la fecha".
Por lo mencionado, concluyen que se encuentran "en estado de alerta y movilización", que tomarán las medidas y utilizarán "las estrategias y metodologías a las que este gobierno responde", y que "está visto que el diálogo, el consenso, el acuerdo no sirven cuando la mentira por parte del gobierno estuvo siempre presente".