Recibí diversas felicitaciones (dos, que me autorizan al uso del plural) por mi última columna del domingo.
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Recibí diversas felicitaciones (dos, que me autorizan al uso del plural) por mi última columna del domingo.
El éxito me hizo pensar que podía trascender fronteras, pero debo ser uno de los pocos argentinos que no recibió, todavía, una llamada telefónica del papa Francisco, ni siquiera una carta trucha. Pero no hay que perder la fe.
El contundente logro periodístico me obliga a continuar sobre el mismo tema, también compelido porque a los diputados se les ocurrió, en esta semana, dar fuerza de ley al proyecto que analizábamos en aquella nota: promoción del trabajo registrado.
Comienzo con una rectificación (si el Vaticano se confunde yo también puedo hacerlo): la ley no es tan buena como yo pensaba. No tenía una clara idea de este esperpento legislativo. Ya lo dijo Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (¡cómo sé! Como sé buscar en Wikipedia): “Llamamos claras a las ideas que se hallan en el mismo grado de confusión que las nuestras”.
Lo cierto es que aunque en el Senado obtuvo el voto unánime de todos los legisladores, y en la Cámara de Despistados, por allí anduvo (227 votos positivos contra tres votos negativos), podemos afirmar que el trabajo en negro no se irá de nuestro contexto social. Las aspiraciones de la propia ley así lo demuestran: el mensaje presidencial espera una modesta reducción del trabajo clandestino: “En el primer año de vigencia de la ley se prevé registrar 300.000 nuevos empleos, y reducir al 30% la proporción de puestos no registrados y completar 650.000 en el segundo año, y bajar al 28% el empleo en negro”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es decir, si la ley tiene éxito, dentro de dos años seguiremos teniendo casi un tercio de nuestros trabajadores no registrados. (Como consuelo, veremos que en el Mundial de futbol, Brasil y los países africanos tienen a todos sus jugadores en negro).
Antes de analizar el texto legal les transmito la opinión que tengo sobre él, con un viejo chiste:
Primer acto. En la primera habitación el malvado le pega a su mujer;
Segundo acto: En la segunda habitación le pega a sus hijos;
Tercer acto: En la última habitación acaricia a su perro;
Moraleja: en el fondo es bueno.
La vaca lechera
Como el proyecto (hoy ley) establece la disminución de cargas sociales para las pymes varios de los legisladores manifestaron su preocupación por la “desfinanciación” de la Anses. Un poco tarde. Del fondo de los jubilados solo queda el fondo. Los aportes para los jubilados ya han sido correctamente invertidos, es decir se ha invertido el sentido que tiene un sistema de seguro social, tal como lo concibiera Otto von Bismarck (1883) cuando pergeñó este singular instrumento financiero de la seguridad social. Se supone -por definición- que el seguro social consiste en un esquema obligatorio de aportes en el que los eventuales beneficiarios contribuyen a un fondo (generalmente con otros aportes de los empleadores y del Estado) para cubrir contingencias de salud, vejez, muerte, etc., de los propios aportantes.
Aunque el gobierno kirchnerista no ha sido el primero en meter mano en los fondos previsionales (recordemos los bonos 9 de Julio y al Ing. Alsogaray diciéndole a los jubilados “hay que pasar el invierno”), sí lo viene haciendo con singular devoción y voracidad. Desde planes sociales y asignaciones, pasando por el pago de todo tipo de deudas, la construcción de viviendas, la entrega de notebooks a estudiantes, el sostén de empresas como Aerolíneas Argentinas, de firmas energéticas casi en estado de default y hasta el oxígeno financiero a la estatizada YPF encuentran a la Anses como “facilitadora” de recursos.
Recordemos que el primer uso que se le dio a la “recuperada” caja de la Anses (cuando se juntó con los 100 mil millones de dólares de las AFJP), fue el de financiar procesos productivos, en momentos en los que la crisis de 2009 ponía en peligro la conservación de los puestos de trabajo en muchas empresas. Así sucedió con el emblemático préstamo de US$ 70 millones otorgado a General Motors, que hoy quizá reclame similar ayuda para no reducir un 35% del salario de sus empleados.
Se especula que, como la cartera de la Anses hoy está atiborrada de títulos públicos, en el futuro los jubilados cobrarán en bonos: el famoso bono cordobés (vo-no vais a cobrar, negro).
Verás que todo es mentira
Con la lucidez que lo caracteriza, el diputado Claudio Lozano se abstuvo en la votación expresando que: “La propuesta no es bajar los costos laborales y desfinanciar la seguridad social, sino asociar el blanqueo a la productividad y el cambio técnico con un tratamiento preferencial en materia impositiva, tecnológica, comercial, crediticia, dirigido a pymes”. Por su parte, Margarita Stolbizer (FAP-Unen) expresó: “La creación de empleo productivo y formal en el sector privado no depende de leyes laborales ni disminución de aportes a la seguridad social, sino que obedece a condiciones macroeconómicas. En muchos casos la informalidad en las pymes es una salida frente a la presión fiscal más alta del mundo”. Fueron prédicas en el desierto.
La ley, a lo largo de 46 artículos, ordenados en tres “títulos” desarrolla la “Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral”. El primer título se ocupa de una especie de “Veraz” laboral; el segundo contempla “Regímenes especiales de promoción del trabajo registrado” y el último se ocupa de aumentar los poderes de inspección y sanción del Ministerio de Trabajo de la Nación.
1- El “veraz” laboral alcanzará a todos los empleadores que sean sancionados por tener trabajadores no registrados. Su inclusión los inhibirá, entre otras cosas, de poder actuar como contratistas del Estado;
2- La promoción del trabajo registrado establece un régimen permanente para las micropymes con menos de cinco trabajadores, que verán reducidas las cargas sociales en un 50%. Se trata de una muy acertada disposición. También es atinado que el beneficio se extiende a los empleadores que con una dotación de personal de hasta quince (15) trabajadores incrementen su plantilla. Durante los primeros doce (12) meses de la relación laboral no se ingresarán las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se pagará el 25% de las mismas. El Congreso no convalidó el proyecto del Ejecutivo que extendía algunos beneficios a las empresas con más de 80 trabajadores.
3- Por último, olvidando que nuestra Constitución proclama un país federal, el Ministerio de Trabajo de la Nación continúa avanzando sobre los poderes no delegados. Mediante esta norma (y ante el silencio de nuestros representantes) no solo incrementa el monto de las atroces multas que aplica, sino que se apropia de la facultad provincial del poder de policía.