En lo que parece un acercamiento súbito del oficialismo salteño con la Curia, el diputado Lucas Godoy presentó un proyecto que define como “una forma de evitar el clientelismo partidocrático” y que consiste en la incorporación de la Iglesia al manejo de las cooperadoras asistenciales.
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En lo que parece un acercamiento súbito del oficialismo salteño con la Curia, el diputado Lucas Godoy presentó un proyecto que define como “una forma de evitar el clientelismo partidocrático” y que consiste en la incorporación de la Iglesia al manejo de las cooperadoras asistenciales.
El lunes, el gobernador Juan Manuel Urtubey había informado en el diario La Nación su apoyo al documento reciente del Episcopado sobre la violencia social. Ayer, el presidente de la Comisión de Legislación General reflotó una antigua iniciativa del periodista Martín Grande para sumarse al vendaval de anuncios que el oficialismo puso en marcha el lunes de la semana pasada.
De todos modos, Godoy aclaró que la iniciativa incluye no solo al catolicismo, sino también a otros cultos. Como suele suceder con los proyectos del oficialismo, Godoy tuvo que dar varias explicaciones. Para calmar a los intendentes les aseguró que “la dirección primera” de las cooperadoras asistenciales seguirían en manos de ellos, a pesar de que en su razonamiento ellos serían los artífices del clientelismo partidocrático. Después pasarían al manejo de los religiosos.
La explicación que siguió no esclareció mucho más: el diputado recordó que las religiones tenían participación dentro de las cooperadoras, Juan Manuel Urtubey las desplazó hacia las intendencias, pero la atención a la gente “no mejoró”.
El primero en salir al cruce no fue alguno de los 50 intendentes involucrados, sino Claudio Del Plá, de mala relación con la Curia no solo por razones de cosmovisión sino porque las diferencias políticas surgen con llamativa frecuencia. El referente del Partido Obrero afirmó que “las iglesias son organizaciones anti-democráticas”. Del Pla cuestionó la verticalidad de la Iglesia diciendo que “hay alguien que es el jefe y no se elige”.
El PO, su partido, no parece muy distinto, al menos, visto desde afuera. “Primero hay que ver si la asistencia social garantiza derechos a las personas y, en segundo lugar, qué organizaciones sociales puedan intervenir y controlar la gestión sin participación de la política” agregó. El motivo de la exclusión de la Iglesia entre esas organizaciones fue inusual: “La universidad pública -salteña- no tiene la carrera de derecho y por esa vía la justicia está influida muy severamente por el poder político y eclesiástico”, explicó.