Diputados presentaron un proyecto para declarar a la telefonía móvil como servicio público, a través de un marco regulatorio que, entre otras cuestiones, impide a las empresas implementar ajustes automáticos de tarifas y se le garantiza al usuario la posibilidad de rescindir el contrato.
La iniciativa fue presentada por los diputados Adriana Puigróss y Herman Avoscan, la secretaria de la mesa nacional del Frente Grande, María José Lubertino, y el coordinador del proyecto nacional de Seguridad Informática, Ariel Garbarz.
El proyecto designa a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como autoridad competente para fiscalizar y garantizar servicios confiables “que cumplan con las características de continuidad, regularidad y uniformidad”, impide aumentos automáticos de tarifas, y rescindir el contrato sin tener penalidades.
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Diputados presentaron un proyecto para declarar a la telefonía móvil como servicio público, a través de un marco regulatorio que, entre otras cuestiones, impide a las empresas implementar ajustes automáticos de tarifas y se le garantiza al usuario la posibilidad de rescindir el contrato.
La iniciativa fue presentada por los diputados Adriana Puigróss y Herman Avoscan, la secretaria de la mesa nacional del Frente Grande, María José Lubertino, y el coordinador del proyecto nacional de Seguridad Informática, Ariel Garbarz.
El proyecto designa a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como autoridad competente para fiscalizar y garantizar servicios confiables “que cumplan con las características de continuidad, regularidad y uniformidad”, impide aumentos automáticos de tarifas, y rescindir el contrato sin tener penalidades.
Los legisladores dijeron que para la elaboración de esta iniciativa se realizaron consultas con integrantes del Poder Ejecutivo y con otros diputados del oficialismo y que el objetivo es “defender los intereses de los usuarios”.
Puigróss afirmó la telefonía móvil se convirtió en “un servicio tan esencial como tortuoso”, y así “lo demuestran las estadísticas dado que gran parte de los reclamos registrados en las oficinas de defensa del consumidor se relacionan con el servicio de telefonía móvil”.
En tanto, Garbarz señaló que “las empresas hoy tienen hacer inversiones porque tienen 4.000 celulares por antena cuando deberían tener 2.000, tener una rentabilidad razonable, es decir en los mismos niveles que tienen otras empresas en otros países del mundo”.
La iniciativa establece que será uno de los objetivos de la política regulatoria de la telefonía móvil fijar “tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con el servicio prestado, y teniendo en cuenta el costo de la prestación y el derecho de las empresas a una utilidad razonable similar a la obtenida internacionalmente por tales servicios”.
Además se prohíbe el ajuste automático de las tarifas y se prohíbe establecer penalidades cuando el usuario quiere rescindir este servicio.