Anoche, mientras El Tribuno editaba la segunda parte del informe sobre los manejos irregulares del IPV, fue anunciada por medios oficiales la renuncia del titular de ese organismo, Fernando Alesanco. Alegó razones de “ética y moral”. Las mismas que él y otros funcionarios cercanos como el gerente de Control de Obras, Fernando Zalazar Ruiz, y el jefe de inspectores del interior, Juan Simoliunas, no respetaron en las contrataciones directas que hicieron, por invitación, con empresas de familiares directos y amigos.
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Anoche, mientras El Tribuno editaba la segunda parte del informe sobre los manejos irregulares del IPV, fue anunciada por medios oficiales la renuncia del titular de ese organismo, Fernando Alesanco. Alegó razones de “ética y moral”. Las mismas que él y otros funcionarios cercanos como el gerente de Control de Obras, Fernando Zalazar Ruiz, y el jefe de inspectores del interior, Juan Simoliunas, no respetaron en las contrataciones directas que hicieron, por invitación, con empresas de familiares directos y amigos.
Las escandalosas adjudicaciones de viviendas sociales en Lomas de Medeiros y en Mirasoles ya habían puesto en evidencia malos desempeños, incumplimientos de deberes e indignantes privilegios que tuvieron en Alesanco solo a uno de varios funcionarios que debieran haber sido apartados hace tiempo del Gobierno provincial.
La renuncia del titular del IPV, por cierto, no redimirá aquellos ni otros reprochables desempeños que siguen saliendo a luz en ese organismo, la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Economía y otras carteras.
Justamente, con su decisión, Alesanco se adelantó, en horas, a la publicación de la segunda parte del informe periodístico que empezó a revelar ayer como se vinieron repartiendo obras y fondos públicos en el organismo de vivienda de la Provincia.
Las contrataciones directas a empresas de familiares y amigos, en efecto, fueron apenas un costado de esos graves desmanejos. En los últimos meses, el organismo también repartió anticipos financieros por supuestas obras adicionales que no tenían proyectos definidos ni planos aprobados, como piden las normas vigentes.
De acuerdo con constancias documentales reunidas por El Tribuno, al menos ocho empresas recibieron fondos adelantados por cerca de $4 millones, sin que tuvieran siquiera conformadas las garantías que exige la ley de contrataciones de la Provincia para cubrir al erario público ante posibles incumplimientos.
Los adelantos se dispusieron a través de actos administrativos no convencionales y fueron justificados con obras de infraestructura habitacional que el IPV rotuló, inespecíficamente, como “adicional 1”.
Se trataría, según distintas fuentes consultadas, de nexos de agua, cloacas y pozos de captación, entre otros proyectos de los que poco se supo hasta ahora, ya que no se respetaron procedimientos que detallen esas supuestas ampliaciones de contratos.
Con memorándums
Los anticipos fueron autorizados con memorándums internos que Alesanco dirigió a las gerencias Financiera y de Control de Obras del organismo.
Sin garantías constituidas
Tras los desembolsos, áreas técnicas del IPV advirtieron la necesidad de exigir, con suma urgencia, que al menos ocho de las empresas favorecidas conformen las pólizas (seguros de caución) que se omitieron.
Cinco de esas empresas son contratistas de grupos de viviendas licitados en El Huayco, en la zona norte de la ciudad de Salta, con fondos de programas nacionales.
Las que recibieron los adelantos
A la empresa J.C. Segura Construcciones, contratista de 50 viviendas en la etapa 1-A de El Huayco, el IPV le le anticipó más de $440 mil por un adicional de obra que no tenía proyecto definido ni póliza constituida.
A Mario Banchick y CIA, adjudicataria de 100 viviendas en la etapa 4 de esa misma urbanización, le adelantaron bajo el mismo concepto cerca de $ 650 mil.
Las empresas Arroyo Mannori Construcciones y Asociados e Ingeniero Medina, que ejecutan otro centenar de casas en las etapas 5A y 5B de El Huayco, recibieron cada una más de $360 mil.
Juan Pedro Garín Construcciones, contratista de 50 viviendas de la etapa 1B de ese mismo barrio de la zona norte de la capital, percibió más de $440 mil.
Del mismo modo, Alesanco liberó anticipos para firmas adjudicatarias de grupos de viviendas en el interior.
El ingeniero civil Gustavo Astudillo recibió más de $330 mil por un “adicional 1” de obra para 40 viviendas que el IPV le adjudicó en Apolinario Saravia (Anta).
Para Invlac Construcciones SRL, Alesanco autorizó $300 mil, por otro indefinido adiciona1 para 30 viviendas contratadas en Molinos.
A su vez, la firma Ingeniero Daniel Madeo Construcciones, que construye 100 viviendas en General Güemes, recibió más de $830 mil.
Llama la atención que organismos de control como la Sindicatura y la Auditoría General no hayan advertido las contrataciones de obras con empresas en las que funcionarios del IPV tienen familiares directos, como tampoco los pagos de los extraños “anticipos financieros” con los que se violaron las leyes y procedimientos de contratación de la Provincia.