Los policías sancionados por apremios ilegales en contra de vecinos de la localidad de San Lorenzo, en el marco de la investigación por el doble asesinato de las turistas francesas, ocurrido en julio del 2011 en Villa San Lorenzo, temen por su seguridad. Así lo hicieron conocer tras notificarse de la resolución 12272 que los puso prácticamente en disponibilidad, paradógicamente luego de haber recibido ascensos y condecoraciones por parte del Gobierno provincial, a pocos días de haberse encontrado los cuerpos de las infortunadas muchachas.
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Los policías sancionados por apremios ilegales en contra de vecinos de la localidad de San Lorenzo, en el marco de la investigación por el doble asesinato de las turistas francesas, ocurrido en julio del 2011 en Villa San Lorenzo, temen por su seguridad. Así lo hicieron conocer tras notificarse de la resolución 12272 que los puso prácticamente en disponibilidad, paradógicamente luego de haber recibido ascensos y condecoraciones por parte del Gobierno provincial, a pocos días de haberse encontrado los cuerpos de las infortunadas muchachas.
Gloria y ocaso
Los policías sancionados, más de veinte, pertenecían en su mayoría a la comisaría de San Lorenzo y al Departamento de Investigaciones de la Policía de la Provincia.
De los escritos que hicieron llegar a sus defensores El Tribuno pudo extraer que los sabuesos del Departamento General de Investigaciones, a su vez, investigaron algunos pormenores que rodearon a la integración del Tribunal de Impugnación que en estos momentos los está juzgando.
Entre sus hipótesis, los sancionados afirman que dos de los jueces tienen lazos directos de familia, además de ser vecinos de San Lorenzo y de los denunciantes, en este caso Walter Lasi, Daniel Vilte Laxi; Nelson Ricardo Vilte Laxi; Francisco Tejeda. Aseguran que al menos uno de los magistrados pertenece a la agrupación tradicionalista de gauchos de villa San Lorenzo, a la que también pertenecen los denunciantes de los apremios ilegales.
“Con este razonamiento, los policías sancionados dejaron entrever que toda la trama del doble femicidio ocurrió en la propia villa veraniega y que los efectivos de la Policía, ahora sancionados, en su momento tuvieron que investigar a gente vinculada con los magistrados que ahora cargan culpas contra la investigación inicial. Todo esto en el marco del escándalo por el fracaso de la acusación penal, que permitió la absolución de los procesados y que sentenció a uno solo de ellos. Está muy claro”, dijo el letrado a El Tribuno.
Entre uno de los hallazgos al que habría llegado uno de los policías separados, sobresale el hecho de que al parecer, la familia de Walter Lasi (el único sentenciando a 30 años de prisión por el doble crimen) habita una parcela dentro de una propiedad que está a nombre de una persona que reside en la ciudad de Buenos Aires, y que estaría emparentada con la parte que ahora tiene a su cargo el proceso de Impugnación, donde se investigan irregularidades de la investigación incial.
“Todo se puede rever”
Por ahora todos los policías sancionados están reclamando sus derechos a través de sus abogados, ya que la causa que los relevó de sus respectivos cargos amenaza con llevarlos a juicio donde podrían incluso ser condenados a ocho años de prisión y la exoneración de la fuerza. Trascendió que hasta hace poco sólo eran los cuadros inferiores los acusados, pero el tribunal extendió la acusación contra los jerarcas investigativos de la provincia, entre ellos dos comisarios inspectores.
“Separamos a los policías para que no entorpezcan la investigación por apremios”, dijo ayer a la mañana a El Tribuno el ministro de Seguridad de Salta Alejandro Cornejo D°Andrea.
Consultado sobre los motivos que llevaron al Gobierno a condecorar a los efectivos, el funcionario sostuvo que “hay cuestiones que se pueden rever” y que “en su momento se hizo una investigación y con los elementos probatorios que había se tomó esa decisión”. “La postura oficial es separar a los efectivos involucrados en denuncias de torturas y excesos policiales”, agregó.