El juez federal Ariel Lijo denegó hoy al vicepresidente Amado Boudou la posibilidad de grabar en video y audio, con equipos propios, la audiencia de declaración indagatoria por la causa de la imprenta Ciccone, que estaba por empezar en el tercer piso de Comodoro Py.
Los asistentes que acompañaban al número dos de la Presidencia no pudieron ingresar al despacho del magistrado y debieron retirarse, informaron fuentes del caso.
A la mañana temprano, los abogados de Boudou habían presentado un escrito en el juzgado adelantando que "se procederá a grabar en audio y video la declaración con un sistema similar al que todas las Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal utilizan en todas las audiencias orales durante la instrucción”.
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El juez federal Ariel Lijo denegó hoy al vicepresidente Amado Boudou la posibilidad de grabar en video y audio, con equipos propios, la audiencia de declaración indagatoria por la causa de la imprenta Ciccone, que estaba por empezar en el tercer piso de Comodoro Py.
Los asistentes que acompañaban al número dos de la Presidencia no pudieron ingresar al despacho del magistrado y debieron retirarse, informaron fuentes del caso.
A la mañana temprano, los abogados de Boudou habían presentado un escrito en el juzgado adelantando que "se procederá a grabar en audio y video la declaración con un sistema similar al que todas las Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal utilizan en todas las audiencias orales durante la instrucción”.
El vicepresidente Amado Boudou afirmó esta mañana que en la declaración indagatoria buscará "arrojar luz" sobre los hechos que se investigan.
En declaraciones a Radio Provincia, en un programa que conduce el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, el vicepresidente consideró que a partir de hoy se verá "si el poder está en el pueblo o en muy poquitas manos".
Boudou vinculó la causa por el manejo de la empresa Ciccone con cuestiones "políticas" y señaló que por la nacionalización de los fondos de las AFJP, que impulsó desde la ANSES, esos fondos dejaron de percibir "1.300 millones de dólares al año en comisiones", parte de los cuales, según dijo, iban par "publicidad" para medios de comunicación. Boudou afirmó que "en este caso todos los datos objetivos están en el expediente" y señaló que "hay que sentarse a mirar con objetividad" esa información.
Por otra parte, ratificó que permanecerá en su cargo y evaluó: "creo que en este caso somos ciudadanos, no funcionarios, se llame (Mauricio) Macri o se llame Boudou tiene que tener las mismas garantías del debido proceso y no se puede ser condenado sin la garantía judicial". Además, a través de una red social, el vicepresidente señaló que siente que "vale la pena dar todas estas peleas" y agregó: "los mismos que dicen que apretamos a la justicia, son los que todos los días la aprietan". "Esto está centrado en mí y yo tengo la verdad", puntualizó Boudou, quien señaló que "a veces resulta que las audiencias son para las partes y otras para la prensa cuando se les filtra información".
El vicepresidente formuló declaraciones radiales antes de salir de su domicilio del barrio de Puerto Madero, también habló con la prensa en la puerta de ese edificio, brindó una entrevista radial en su viaje en automóvil hasta los tribunales y volvió a hablar con la prensa al ingresar al edificio judicial. Se mostró "tranquilo", precisó que no tiene "ninguna estrategia" y prometió "contestar todas las preguntas" del juez Lijo. Boudou señaló que él es un dirigente "nuevo" en el sistema político y que con su caso se busca "un escarmiento a todos" los que no tienen "silencios y complicidades". Afirmó también que "ya algunos" de quienes lo saludaron cuando fue consagrado como candidato a vicepresidente "eran de este sistema político tradicional", al que cuestionó.
Tras criticar al juez Lijo señaló también que "ha sido muy permeable o parte de esta causa armada" y remarcó: "no hago una defensa política, sino una defensa en el expediente". Boudou dijo que "podría no haber ido" a declarar o presentar un escrito pero que decidió concurrir y responder, según dijo, "todas las preguntas".
Volvió a afirmar que Lijo "fue anticipando todas y cada una de las medidas" que tomó ante la prensa y dijo que eso "no es trivial" para el desarrollo de la causa. "Yo me defiendo solo como he hecho siempre", puntualizó Boudou, quien señaló que "siempre" se maneja "de la misma manera" con respecto a la presidenta Cristina Kirchner. Agregó que "todos los temas que salen son un disparate" porque "la presidenta tiene que llevar adelante el país, no puede estar ocupada de lo que dicen los medios".
Increpado
Dos personas increparon esta mañana al vicepresidente Amado Boudou cuando ingresó al hall de los tribunales federales de Comodoro Py, al gritarle "ladrón", aunque enseguida otro grupo salió a defenderlo.
"Ladrón, ladrón", fueron las palabras que le dedicaron ni bien el funcionario pudo entrar al edificio para la indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo por la causa Ciccone, tras sortear a los numerosos periodistas presentes.
Sin embargo, rápidamente surgió un grito de arenga para el vicepresidente: "íVamos Boudou!".
Sin prestarle demasiada atención a este episodio, el ex ministro de Economía se metió en el ascensor que lo llevaría al tercer piso de los tribunales, hacia el despacho de Lijo.
La defensa del vicepresidente Amado Boudou pidió hoy una batería de medidas de prueba para determinar la “pata financiera” de la operación de rescate de Ciccone Calcográfica, es decir de dónde provinieron los fondos para levantar la quiebra de la imprenta.
En ese contexto, requirió “la intervención de la Auditoria General de la Nación, organismo presidido por Leandro Despouy”, de extracción radical, para que esclarezca parte de la investigación.
El pedido incluye “pericias caligráficas” de los integrantes de la familia Ciccone (Guillermo Reinwick, Olga Beatriz Ciccone, Graciela Cristina Ciccone, Silvia Noemí Ciccone, Nicolás Tadeo Ciccone) y del ex banquero Raúl Pedro Moneta, quien dice haber aportado capitales a la empresa The Old Fund para el rescate de la imprenta.
Su defensa pidió medidas de prueba sobre la "pata financiera" del rescate de Ciccone
Las firmas de todos aparecen en documentos en los que, según la defensa de Boudou, quedaría claro de dónde provinieron los fondos para el levantamiento de la quiebra.
Además, el planteo apunta a los supuestos agentes financieros de la operación, y en ese sentido reclama que declaren Héctor Fabián Gasulli, Héctor Armando Cejas, Gustavo J. Cartella y Natalia Andrea Castagnola”, todos ellos empleados del Banco Macro “que intervino en los depósitos realizados en las cuentas de The Old Fund en dicho Banco; dinero que a la postre, fuera utilizado para sanear Ciccone Calcográfica”.
"Ello para corroborar, si aquel dinero fue depositado en efectivo, en cheque o de cualquier otra forma. Dato que permitirá, seguramente, dilucidar el modo y la titularidad del dinero ingresado a The Old Fund”, desafió el escrito.
La defensa del vicepresidente reclamó también “una pericia contable, con intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, a fin de determinar la ruta del dinero utilizado para el saneamiento”, que deberá incluir “la titularidad, el origen y el destino del dinero utilizado para el funcionamiento de The Old Fund, Dusbel S.A., Tierras International Investments C.V., y todas las sociedades relacionadas con el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcografica”.
En ese sentido, el escrito reclama la declaración de “los representantes legales de Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, Federalia Sociedad Anónima de Finanzas y Maxifarm S.A., a fin de que informen si concedieron préstamos a favor de la firma The Old Fund S.A.”, y que “se libre oficio a Facimex Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., a fin de verificar el ingreso de títulos a la cuenta comitente de The Old Fund, la posterior venta de los mismos, y el destino final de la suma resultante de aquella venta”.
El escrito busca, por otra parte, derribar la hipótesis del juez Ariel Lijo sobre la frustración de una operación prevista por la Casa de la Moneda, por decisión de Boudou, para que la fabricación de billetes quedara en manos de la recuperada Ciccone Calcográfica.
En ese sentido, pidió que se investigue a la empresa KBA Notasys, que preveía llevar adelante esa operación, para que explique cómo pensaba financiarla, por qué se cayó la operación –que implicaba una importante obra de infraestructura- y, especialmente, “si es posible, mientras se realiza la obra civil, continuar con la impresión de billetes”, es decir “si se podía desmantelar el edificio, construir la nueva infraestructura, instalar la nueva maquinaria e imprimir billetes, todo al mismo tiempo”.
Boudou pidió también que se investigue “quién fue el funcionario de la AFIP que dio la orden de pedir la quiebra de Ciccone” y que “se cite a prestar declaración testimonial a Sergio Flossi (Director de grandes Contribuyentes) y Juan Cheli (Jefe del División Cobranza Judiciales y Sumarios de Grandes Contribuyentes Nacionales)”.