En medio del escándalo en el Instituto de Vivienda de la Provincia (IPV) por la entrega de casas a familiares, amigos e inclusive a funcionarios públicos que salieron a la luz en el último año, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció que a partir de ahora se televisarán los sorteos para transparentar la entrega.
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En medio del escándalo en el Instituto de Vivienda de la Provincia (IPV) por la entrega de casas a familiares, amigos e inclusive a funcionarios públicos que salieron a la luz en el último año, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció que a partir de ahora se televisarán los sorteos para transparentar la entrega.
Ayer, en un acto en el marco del 40 aniversario de la muerte del expresidente argentino Juan Domingo Perón, en el microestadio Delmi, también anunció la creación de una oficina de control ciudadano y la construcción de 1.300 casas en toda la provincia.
Urtubey indicó que “este año se van a construir más de 5 mil casas al mismo tiempo. En los años que faltan queremos totalizar 30 mil y así acercarnos a lo que es la demanda habitacional que tenemos en la provincia”. No se refirió en este caso a las “soluciones habitacionales” que el gobierno provincial acostumbra a señalar como viviendas, cuando en realidad resultan ampliaciones o precarias casas de madera.
“En algunos medios de comunicación se andaba criticando la construcción con algunos organismos vinculados a un gremio. Quiero aclarar que es un convenio firmado por el vicegobernador Walter Wayar, en 2005, que habilita esas operaciones. En mi gobierno se hace todo con licitación y se va a seguir haciendo con licitación pública”, agregó enardecido Urtubey, pero no mencionó tampoco el último escándalo del IPV donde una empresa vaciada abandonó la construcción de 450 viviendas en el norte de la ciudad.
Enojado
El mandatario provincial señaló que “es fácil andar manchando a los que trabajan” en referencia a las denuncias por irregularidades en las adjudicaciones. “Una de las primeras cosas que hice es exigir en los pliegos que todas las empresas que liciten estén radicadas en Salta”. En este punto Urtubey obvio referirse a las obras adjudicadas en forma directa a empresas vinculadas con funcionarios de su gobierno, tambien denunciadfas en varios informes periodísticos.
El gobernador dijo que en 60 días se va a estar llamando a licitación para 1.500 casas más.
El interventor del IPV, Matías Posadas, señaló que “la adjudicación de una vivienda a partir de ahora será por sorteo público y transmitida por los medios de comunicación para dar tranquilidad a todos los salteños que también van a tener la posibilidad de controlar y acercar denuncias de los adjudicatarios”.
Sobre la nueva oficina, Matías Posadas explicó que va a funcionar en el área social del Instituto de la Vivienda encargada de verificar cada una de las adjudicaciones. En cuanto al porcentaje a sortear, el funcionario provincial indicó que “las viviendas que dependen del IPV se determinan el 70% por sorteos públicos; un 20% se va a ir determinando de manera objetiva a los que tienen mayor antigüedad y se mantendrá un 10% para discapacitados. A las que se sortean dcesde ahora les vamos a agregar la televisación”.
En los últimos tiempos los escándalos se repitieron con entregas irregulares de viviendas. Uno de los casos se destapó a fines de marzo de 2013 en Lomas de Medeiros, barrio donde casas del IPV fueron entregadas a funcionarios, parientes y allegados al Grand Bourg. Entre los favorecidos -varios con otras propiedades- estaban Pablo Robbío Saravia, secretario Legal y Técnico; Sebastián Ortiz de Rozas, coordinador financiero del Ministerio de Economía y socio de Carlos Parodi en la empresa Positano, y Federico Rovaletti Lagos, secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad.
La indignación social obligó al gobernador Urtubey a revocar 39 adjudicaciones irregulares.
Poco después la tormenta se desató en el barrio Mirasoles. Allí el expresidente del IPV, Fernando Alesanco, firmó la ubicación de una vivienda para su hermano Maximiliano.
En ese mismo barrio también recibieron casas el gerente de Control de Obras del IPV, Fernando Salazar Ruiz, y Marcela Rosa Perdiguero, coordinadora de la Escuela de la Administración Pública y referente de la agrupación política que encabeza Matías Posadas, el Frente Plural.
Perdiguero no es la única acólita del actual interventor del IPV con suerte en el reparto de viviendas del Estado. El propio Posadas recibió otra casa, sin ir a sorteo, en una urbanización costeada con fondos públicos en las cercanías de la Universidad Católica. En ese mismo barrio reside su amigo Matías Assennato, excandidato a diputado del Frente Plural y actual jefe del Programa Accesibilidad a la Gestión de Gobierno.
En marzo último, por una foto puesta en el sitio del Gobierno, se supo que el exconcejal Sergio Gustavo Castro recibió, también sin ir a sorteo, una vivienda en el barrio Posta de Yatasto (ex-Velódromo).