En las últimas décadas el mundo ha sido testigo de un proceso de desarrollo tecnológico revolucionario protagonizado por las Tecnologías de la información y la Comunicación (TICs). Al mismo tiempo, del uso que se le ha dado a la informática y a los medios tecnológicos tanto para cometer delitos como para ser utilizados como elementos de prueba, o posibles evidencias. Gran parte de nuestras actividades quedan registradas en algún medio tecnológico: computadoras, cámaras digitales, dispositivos móviles y celulares. Esto ha permitido que paulatinamente la Justicia los vaya teniendo en cuenta como parte del proceso judicial aunque esto no se reflejó aún en cambios en las Ciencias Jurídicas y en la Teoría Procesal. La prueba digital brinda datos valiosos y, si fue presentada correctamente y su cadena de custodia no fue alterada, puede llegar a ser crucial para resolver cualquier clase de delito. La legislación argentina ha avanzado de forma parcial y fragmentaria en la incorporación del fenómeno tecnológico. El actual Código Procesal Penal no presenta ninguna mención que haga referencia a la prueba o evidencia digital, ni a ningún procedimiento relacionado con ella.
Resulta imperioso realizar las reformas necesarias para regular estas prácticas, incorporando esta clase de prueba y lo que ella conlleva.
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En las últimas décadas el mundo ha sido testigo de un proceso de desarrollo tecnológico revolucionario protagonizado por las Tecnologías de la información y la Comunicación (TICs). Al mismo tiempo, del uso que se le ha dado a la informática y a los medios tecnológicos tanto para cometer delitos como para ser utilizados como elementos de prueba, o posibles evidencias. Gran parte de nuestras actividades quedan registradas en algún medio tecnológico: computadoras, cámaras digitales, dispositivos móviles y celulares. Esto ha permitido que paulatinamente la Justicia los vaya teniendo en cuenta como parte del proceso judicial aunque esto no se reflejó aún en cambios en las Ciencias Jurídicas y en la Teoría Procesal. La prueba digital brinda datos valiosos y, si fue presentada correctamente y su cadena de custodia no fue alterada, puede llegar a ser crucial para resolver cualquier clase de delito. La legislación argentina ha avanzado de forma parcial y fragmentaria en la incorporación del fenómeno tecnológico. El actual Código Procesal Penal no presenta ninguna mención que haga referencia a la prueba o evidencia digital, ni a ningún procedimiento relacionado con ella.
Resulta imperioso realizar las reformas necesarias para regular estas prácticas, incorporando esta clase de prueba y lo que ella conlleva.
Celeste Jurado
Estudio CYSI