Levantan el corte sobre la ruta provincial 54

Ayer se levantó el corte sobre la ruta provincial 54, que tenía cercado al pueblo de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. Los manifestantes retuvieron un colectivo de la empresa Río Pilcomayo y una traffic de la compañía Tejada. Era en reclamo de mejoras urgentes en el servicio público de pasajeros de la localidad, al que describían como "precario" e "inseguro".

Ayer por la tarde, las unidades fueron devueltas a sus dueños tras la respuesta de las autoridades locales de Transporte. "Recibimos un comunicado donde nos informaron que Tejada fue autorizada para realizar servicios de transporte público de pasajeros desde Santa Victoria Este hasta Salvador Mazza. Eso nos asegura un buen servicio, porque Pilcomayo, que era la única empresa habilitada, brinda un servicio muy malo que nos llevó a realizar esta protesta. No es que tengamos algo contra Pilcomayo, aunque el atropello que sufrimos ayer cuando se escaparon con el colectivo no tiene nombre. Solo esperamos que mejore su servicio y que pueda seguir trabajando", explicó Clara Palomo que fue embestida el jueves por uno de los colectivos secuestrados que se dio a la fuga el jueves por la mañana.

La empresa Río Pilcomayo era la única habilitada para el transporte de pasajeros. La transportista Tejada, perteneciente a una familia de Santa Victoria, no podía brindar ese servicio, porque estaba habilitada para viajes turísticos. Los vecinos decían que viajar en el Pilcomayo era inseguro, ya que en ocasiones las unidades se quedaban sin combustible o cobraban altos precios por el equipaje extra. Además todos remarcan el accidente que sufrió en 2010, cuando un colectivo volcó después de que se le saliera una rueda. "El chofer, Damián Fías, casi pierde la pierna. La empresa lo quiere hacer pasar por un pasajero para no pagarle", contó Clara Palomo.

Según un comunicado que leyeron frente a los manifestantes, la Comisión Provincial de Regulación de Transporte, habría intimado a Pilcomayo a renovar su flota y mejorar su servicio, al tiempo que habilitó a Tejada para el servicio público de pasajeros. "Hace cinco días que estamos firmes al costado de la ruta, pero no ha sido al vicio, ni en vano. Hubiéramos perdido menos tiempo si las autoridades nos habrían atendido desde un principio, pero lamentablemente tuvimos que llegar a esto", dijo la estudiante Clara Palomo, de 29 años. "Ahora pedimos que las empresas contraten a gente de la zona, porque Pilcomayo trae gente de Tartagal a las boleterías y para hacer de chofer, pero la gente de Santa Victoria también sabe trabajar", agregó.

Fernando Soria es un joven campesino criollo al que, algunos miembros radicalizados de organizaciones indígenas de la zona le habían quemado unos postes nuevos de alambrado en un terreno que reclamaba como propio en 2013. El conflicto surgió porque estaba prohibido el alambrado de lotes mientras no se defina el conflicto por regularización de las tierras que se encuentra en tribunales internacionales. El desentendido se arregló y Fernando ya puede vivir en su puesto "El Alma de Felipito", como lo llamó al establecimiento ganadero cercano a Rancho El Ñato, en honor a su abuelo. "El reclamo no ha sido en vano. Creo que sacamos provecho porque vamos a tener un mejor transporte, que es lo que queríamos. No tenemos preferencias con ninguna empresa, mientras brinden un buen servicio. Como pasajeros pagamos y queremos recibir lo que merecemos", dijo ayer antes de que se levantara la protesta.

Francisco Luna es presidente de una de las comunidades wichi de La Puntana, a unos 40 kilómetros de Santa Victoria. Ayer pidió que el transporte también llegue a esa localidad, una de las más grandes, junto a Misión La Paz, Alto La Sierra y Santa María. "Por suerte entendieron que necesitábamos un mejor servicio, con una mejor atención, con colectivos como tiene que ser. No viajamos cómodos nunca. Es un tema viejo, pero que no podía seguir así. Queremos que lleguen adonde tienen que llegar y que viajemos como corresponde, porque nosotros pagamos el boleto, no viajamos gratis. Hay una promesa para que Tejada llegue hasta La Puntana. Vamos a estar atentos para que eso suceda", explicó. El secuestro de vehículos como forma de protesta es casi una constante en Santa Victoria Este. A finales de 2012 y en 2013 se registraron casos similares en las comunidades de Las Vertientes y La Bolsa.

Además, se informó que el lunes, comunidades aborígenes, pedirán una vez más explicaciones en Santa María, por las sospechas de corrupción en la terminación de un Centro Integral Comunitario pagado por la Nación. El CIC está terminado hace más de tres años y nunca fue inaugurado, porque nunca llegaron los muebles, artefactos y hasta una camioneta 4x4 que estaban destinadas al lugar. La estructura ya sufrió actos de vandalismo y está deteriorada, aunque nunca se estrenó.

Ayer se levantó el corte sobre la ruta provincial 54, que tenía cercado al pueblo de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. Los manifestantes retuvieron un colectivo de la empresa Río Pilcomayo y una traffic de la compañía Tejada. Era en reclamo de mejoras urgentes en el servicio público de pasajeros de la localidad, al que describían como "precario" e "inseguro".

Ayer por la tarde, las unidades fueron devueltas a sus dueños tras la respuesta de las autoridades locales de Transporte. "Recibimos un comunicado donde nos informaron que Tejada fue autorizada para realizar servicios de transporte público de pasajeros desde Santa Victoria Este hasta Salvador Mazza. Eso nos asegura un buen servicio, porque Pilcomayo, que era la única empresa habilitada, brinda un servicio muy malo que nos llevó a realizar esta protesta. No es que tengamos algo contra Pilcomayo, aunque el atropello que sufrimos ayer cuando se escaparon con el colectivo no tiene nombre. Solo esperamos que mejore su servicio y que pueda seguir trabajando", explicó Clara Palomo que fue embestida el jueves por uno de los colectivos secuestrados que se dio a la fuga el jueves por la mañana.

La empresa Río Pilcomayo era la única habilitada para el transporte de pasajeros. La transportista Tejada, perteneciente a una familia de Santa Victoria, no podía brindar ese servicio, porque estaba habilitada para viajes turísticos. Los vecinos decían que viajar en el Pilcomayo era inseguro, ya que en ocasiones las unidades se quedaban sin combustible o cobraban altos precios por el equipaje extra. Además todos remarcan el accidente que sufrió en 2010, cuando un colectivo volcó después de que se le saliera una rueda. "El chofer, Damián Fías, casi pierde la pierna. La empresa lo quiere hacer pasar por un pasajero para no pagarle", contó Clara Palomo.

Según un comunicado que leyeron frente a los manifestantes, la Comisión Provincial de Regulación de Transporte, habría intimado a Pilcomayo a renovar su flota y mejorar su servicio, al tiempo que habilitó a Tejada para el servicio público de pasajeros. "Hace cinco días que estamos firmes al costado de la ruta, pero no ha sido al vicio, ni en vano. Hubiéramos perdido menos tiempo si las autoridades nos habrían atendido desde un principio, pero lamentablemente tuvimos que llegar a esto", dijo la estudiante Clara Palomo, de 29 años. "Ahora pedimos que las empresas contraten a gente de la zona, porque Pilcomayo trae gente de Tartagal a las boleterías y para hacer de chofer, pero la gente de Santa Victoria también sabe trabajar", agregó.

Fernando Soria es un joven campesino criollo al que, algunos miembros radicalizados de organizaciones indígenas de la zona le habían quemado unos postes nuevos de alambrado en un terreno que reclamaba como propio en 2013. El conflicto surgió porque estaba prohibido el alambrado de lotes mientras no se defina el conflicto por regularización de las tierras que se encuentra en tribunales internacionales. El desentendido se arregló y Fernando ya puede vivir en su puesto "El Alma de Felipito", como lo llamó al establecimiento ganadero cercano a Rancho El Ñato, en honor a su abuelo. "El reclamo no ha sido en vano. Creo que sacamos provecho porque vamos a tener un mejor transporte, que es lo que queríamos. No tenemos preferencias con ninguna empresa, mientras brinden un buen servicio. Como pasajeros pagamos y queremos recibir lo que merecemos", dijo ayer antes de que se levantara la protesta.

Francisco Luna es presidente de una de las comunidades wichi de La Puntana, a unos 40 kilómetros de Santa Victoria. Ayer pidió que el transporte también llegue a esa localidad, una de las más grandes, junto a Misión La Paz, Alto La Sierra y Santa María. "Por suerte entendieron que necesitábamos un mejor servicio, con una mejor atención, con colectivos como tiene que ser. No viajamos cómodos nunca. Es un tema viejo, pero que no podía seguir así. Queremos que lleguen adonde tienen que llegar y que viajemos como corresponde, porque nosotros pagamos el boleto, no viajamos gratis. Hay una promesa para que Tejada llegue hasta La Puntana. Vamos a estar atentos para que eso suceda", explicó. El secuestro de vehículos como forma de protesta es casi una constante en Santa Victoria Este. A finales de 2012 y en 2013 se registraron casos similares en las comunidades de Las Vertientes y La Bolsa.

Además, se informó que el lunes, comunidades aborígenes, pedirán una vez más explicaciones en Santa María, por las sospechas de corrupción en la terminación de un Centro Integral Comunitario pagado por la Nación. El CIC está terminado hace más de tres años y nunca fue inaugurado, porque nunca llegaron los muebles, artefactos y hasta una camioneta 4x4 que estaban destinadas al lugar. La estructura ya sufrió actos de vandalismo y está deteriorada, aunque nunca se estrenó.