El 84% de los brasileños cree que la presidenta estaba al tanto de lo que ocurría en la petrolera estatal.
La consultora Datafolha halló que ocho de cada 10 brasileños creen que la mandataria sabía del monumental escándalo de desvío de fondos públicos, que puso bajo investigación judicial a empresarios, exdirectivos de la petrolera y decenas de políticos.
Rousseff fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, período en el que la red de corrupción estaba en su auge, según se ha establecido en la investigación.
El 61% de los encuestados sostiene que Rousseff estaba al tanto de los crímenes en la mayor empresa de Brasil y dejó que ocurrieran, mientras que el 23% opina que a pesar de tener conocimiento de los ilícitos, no podría hacer nada para impedirlos.
Datafolha señala que los resultados de la encuesta son similares entre los entrevistados de todas las franjas socioeconómicas, etarias y de preferencias partidarias, incluso entre votantes de Rousseff.
El sondeo fue realizado el 16 y 17 de marzo, inmediatamente después de una jornada de masivas protestas contra el Gobierno, que reunieron cerca de 1,7 millones de manifestantes en todo Brasil.
Sin haber completado aún tres meses de su segundo mandato, tras las manifestaciones, la popularidad de la presidenta se derrumbó a 13%, de acuerdo con Datafolha, algo que también se explica, según analistas, por el estancamiento de la economía de Brasil.
Asediado por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera, el Gobierno lanzó la semana pasada un paquete de normas para reforzar el combate a la corrupción, que tipifican el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.
La investigación de la corrupción en Petrobras, popularmente conocida como "Lava Jato" (lavadero de autos), fue develada hace un año.
La Fiscalía tiene bajo la lupa a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, señalados por algunos de los acusados, que confesaron haber sobornado a directivos de la petrolera para manipular licitaciones de obras y poder cobrar sobreprecios. Según esas declaraciones ante la Justicia, que aún están siendo investigadas, el dinero generado por ese sistema delictivo era destinado al enriquecimiento personal de los miembros de la red y para financiar organizaciones políticas, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
La consultora Datafolha halló que ocho de cada 10 brasileños creen que la mandataria sabía del monumental escándalo de desvío de fondos públicos, que puso bajo investigación judicial a empresarios, exdirectivos de la petrolera y decenas de políticos.
Rousseff fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, período en el que la red de corrupción estaba en su auge, según se ha establecido en la investigación.
El 61% de los encuestados sostiene que Rousseff estaba al tanto de los crímenes en la mayor empresa de Brasil y dejó que ocurrieran, mientras que el 23% opina que a pesar de tener conocimiento de los ilícitos, no podría hacer nada para impedirlos.
Datafolha señala que los resultados de la encuesta son similares entre los entrevistados de todas las franjas socioeconómicas, etarias y de preferencias partidarias, incluso entre votantes de Rousseff.
El sondeo fue realizado el 16 y 17 de marzo, inmediatamente después de una jornada de masivas protestas contra el Gobierno, que reunieron cerca de 1,7 millones de manifestantes en todo Brasil.
Sin haber completado aún tres meses de su segundo mandato, tras las manifestaciones, la popularidad de la presidenta se derrumbó a 13%, de acuerdo con Datafolha, algo que también se explica, según analistas, por el estancamiento de la economía de Brasil.
Asediado por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera, el Gobierno lanzó la semana pasada un paquete de normas para reforzar el combate a la corrupción, que tipifican el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.
La investigación de la corrupción en Petrobras, popularmente conocida como "Lava Jato" (lavadero de autos), fue develada hace un año.
La Fiscalía tiene bajo la lupa a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, señalados por algunos de los acusados, que confesaron haber sobornado a directivos de la petrolera para manipular licitaciones de obras y poder cobrar sobreprecios. Según esas declaraciones ante la Justicia, que aún están siendo investigadas, el dinero generado por ese sistema delictivo era destinado al enriquecimiento personal de los miembros de la red y para financiar organizaciones políticas, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
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El 84% de los brasileños cree que la presidenta estaba al tanto de lo que ocurría en la petrolera estatal.
La consultora Datafolha halló que ocho de cada 10 brasileños creen que la mandataria sabía del monumental escándalo de desvío de fondos públicos, que puso bajo investigación judicial a empresarios, exdirectivos de la petrolera y decenas de políticos.
Rousseff fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, período en el que la red de corrupción estaba en su auge, según se ha establecido en la investigación.
El 61% de los encuestados sostiene que Rousseff estaba al tanto de los crímenes en la mayor empresa de Brasil y dejó que ocurrieran, mientras que el 23% opina que a pesar de tener conocimiento de los ilícitos, no podría hacer nada para impedirlos.
Datafolha señala que los resultados de la encuesta son similares entre los entrevistados de todas las franjas socioeconómicas, etarias y de preferencias partidarias, incluso entre votantes de Rousseff.
El sondeo fue realizado el 16 y 17 de marzo, inmediatamente después de una jornada de masivas protestas contra el Gobierno, que reunieron cerca de 1,7 millones de manifestantes en todo Brasil.
Sin haber completado aún tres meses de su segundo mandato, tras las manifestaciones, la popularidad de la presidenta se derrumbó a 13%, de acuerdo con Datafolha, algo que también se explica, según analistas, por el estancamiento de la economía de Brasil.
Asediado por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera, el Gobierno lanzó la semana pasada un paquete de normas para reforzar el combate a la corrupción, que tipifican el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.
La investigación de la corrupción en Petrobras, popularmente conocida como "Lava Jato" (lavadero de autos), fue develada hace un año.
La Fiscalía tiene bajo la lupa a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, señalados por algunos de los acusados, que confesaron haber sobornado a directivos de la petrolera para manipular licitaciones de obras y poder cobrar sobreprecios. Según esas declaraciones ante la Justicia, que aún están siendo investigadas, el dinero generado por ese sistema delictivo era destinado al enriquecimiento personal de los miembros de la red y para financiar organizaciones políticas, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
La consultora Datafolha halló que ocho de cada 10 brasileños creen que la mandataria sabía del monumental escándalo de desvío de fondos públicos, que puso bajo investigación judicial a empresarios, exdirectivos de la petrolera y decenas de políticos.
Rousseff fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, período en el que la red de corrupción estaba en su auge, según se ha establecido en la investigación.
El 61% de los encuestados sostiene que Rousseff estaba al tanto de los crímenes en la mayor empresa de Brasil y dejó que ocurrieran, mientras que el 23% opina que a pesar de tener conocimiento de los ilícitos, no podría hacer nada para impedirlos.
Datafolha señala que los resultados de la encuesta son similares entre los entrevistados de todas las franjas socioeconómicas, etarias y de preferencias partidarias, incluso entre votantes de Rousseff.
El sondeo fue realizado el 16 y 17 de marzo, inmediatamente después de una jornada de masivas protestas contra el Gobierno, que reunieron cerca de 1,7 millones de manifestantes en todo Brasil.
Sin haber completado aún tres meses de su segundo mandato, tras las manifestaciones, la popularidad de la presidenta se derrumbó a 13%, de acuerdo con Datafolha, algo que también se explica, según analistas, por el estancamiento de la economía de Brasil.
Asediado por las permanentes revelaciones del megafraude en la petrolera, el Gobierno lanzó la semana pasada un paquete de normas para reforzar el combate a la corrupción, que tipifican el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.
La investigación de la corrupción en Petrobras, popularmente conocida como "Lava Jato" (lavadero de autos), fue develada hace un año.
La Fiscalía tiene bajo la lupa a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, señalados por algunos de los acusados, que confesaron haber sobornado a directivos de la petrolera para manipular licitaciones de obras y poder cobrar sobreprecios. Según esas declaraciones ante la Justicia, que aún están siendo investigadas, el dinero generado por ese sistema delictivo era destinado al enriquecimiento personal de los miembros de la red y para financiar organizaciones políticas, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).