Violencia contra los discapacitados: el IPS se niega a acatar un fallo

La violencia contra los discapacitados, otra manera de intentar callar y -a veces- matar a la persona. Así lo vive y lo siente Elsa Viñaval, de 65 años, quien postrada en su silla de ruedas, cuenta que tiene que operarse de la cadera antes del 23 de julio, fuecha en que vencen los estudios clínicos que se hizo en Buenos Aires.

El real impedimento es que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) se niega a reconocer los honorarios del médico especialista que tiene que realizar la cirugía pese a que hay un “doble” fallo judicial que obliga a la obra social a pagar.

“Mientras esté viva voy a hacer todo para seguir. Están acostumbrados al afiliado que es viejo, discapacitado, que puede o no llegar a denunciar pero que por distancias u otros motivos luego no continúa las gestiones de sus trámites. Se muere y para la obra social se apagó el problema”, señaló Elsa.

“Hay una violencia hacia el discapacitado. A nosotros no nos ven en las marchas, en una plaza, porque no podemos movernos, estamos enfermos y entonces el Estado no se hace cargo”, relató la mujer cansada del maltrato que viene sufriendo desde hace tiempo.

La historia de Elsa comenzó hace seis años cuando los médicos le dijeron que tenían que operarla de la cadera. Tras realizar una primera presentación judicial logró que el IPS se haga cargo de la prótesis y de los honorarios del médico. Pero en aquella oportunidad -según recordó- tras salir de la primera intervención tuvo complicaciones. “Perdí el conocimiento por tres meses. No la reconocía ni a mi hija. Estuve en shock y me recuperé gracias a un tratamiento psiquiátrico. Según un especialista el cerebro durante la operación tuvo un golpe terrible y que el problema pudo haber estado en la anestesia”.

Tras salir del cuadro psiquiátrico, quiso completar su operación a los seis meses, pero los análisis clínicos no permitían que pudiera volver a operarse y cumplir con la segunda parte de la cirugía. “Tardé tres años en estabilizar mi organismo. Durante este tiempo deambulé por todos lados. Quedé internada en el hospital Oñativia: allí vivía o moría. Al final me lograron sacar”, contó.

“Yo quería operarme pero nadie se atrevía a hacerlo. Solicité una derivación porque aquí me tenían entre endocrinólogos e infectólogos. Me mandaron a la clínica Bazterrica de Buenos Aires. Desde allá vengo con el visto bueno para operarme. Me dan la prótesis (cuesta 129.000 pesos) y todo lo que el fallo decía. Pero cuando llegó el momento, el médico que me iba a operar pedía 20.000 pesos diferenciados. Allí inició el problema. El fallo hablaba de 10.000 pero como todo médico especialista también cotiza su trabajo y está bien en que lo haga. Desde la obra social me pidieron que busque otro médico, pero el especialista en cadera y pelvis que yo quería que me opere es aquel con el que yo mejor me sentía. Sobre todo teniendo la mala experiencia de la primera cirugía. El IPS dijo que no va a pagar”, señaló.

Luego de la negativa de la obra social, Elsa perdió la oportunidad de operarse al vencer los análisis pre operación que se había realizado en Buenos Aires.

Por este motivo, ella, a través de llamados telefónicos a la Ciudad Judicial logra reactivar su causa logrando que la Justicia, tras una apelación, vuelva a fallar el pasado 6 de abril y de forma idéntica, a su favor. La sentencia llevaba la firma del juez Marcelo Ramón Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

“Es una constante del IPS y de todas las obras sociales el maltrato hacia el adulto mayor y al discapacitado. ¿Cómo pueden pensar que una persona enferma y discapacitada pueda esperar y soportar la burocracia con la que se manejan? Si cuando se judicializa el caso en la mayoría de los causas el fallo es a favor del enfermo. Entonces no entiendo. Parece que quieren dilatar todo hasta que el paciente se muera. Hay una violencia al discapacitado”, señaló de igual manera la hija de la mujer.

Pese a la fuerza que siente y las ganas de vivir, de momentos, Elsa se quiebra en su impotencia por tener que lidiar con la burocracia: “A veces espero que mañana no abra los ojos, estoy muy cansada”.

“Solo falta que el IPS pague. ¿Cuál es el criterio: ahorrar plata o matar al afiliado? La persona se muere y se acabaron los problemas. Los últimos estudios se realizaron el 23 de mayo en Buenos Aires. Se vencen ahora. La verdad es que estoy muy cansada. Me pasé la vida pagando por salud. Sigo pagando, nunca dejé de hacerlo. Entonces ¿no puedo pedir, exigir? ¿No tengo derecho?‘, contó entre lágrimas.

¿Será que al final de todo la idea de que la salud es un negocio es afirmativa y ante los distintos casos las compañías esperan que se mueran las personas reclamando por algo que les prometieron como la salud o una buena atención?

El problema de Elsa, es el problema muchos. Hay un fallo firmado por un juez y una sentencia que obliga a pagar. ¿Es tanto el desprecio por las normas y la falta de respeto hacia la justicia? Ella y su hija solo quieren una cosa, exigen y están en todo su derecho: “que se cumpla lo que rectificó el juez”.

La violencia contra los discapacitados, otra manera de intentar callar y -a veces- matar a la persona. Así lo vive y lo siente Elsa Viñaval, de 65 años, quien postrada en su silla de ruedas, cuenta que tiene que operarse de la cadera antes del 23 de julio, fuecha en que vencen los estudios clínicos que se hizo en Buenos Aires.

El real impedimento es que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) se niega a reconocer los honorarios del médico especialista que tiene que realizar la cirugía pese a que hay un “doble” fallo judicial que obliga a la obra social a pagar.

“Mientras esté viva voy a hacer todo para seguir. Están acostumbrados al afiliado que es viejo, discapacitado, que puede o no llegar a denunciar pero que por distancias u otros motivos luego no continúa las gestiones de sus trámites. Se muere y para la obra social se apagó el problema”, señaló Elsa.

“Hay una violencia hacia el discapacitado. A nosotros no nos ven en las marchas, en una plaza, porque no podemos movernos, estamos enfermos y entonces el Estado no se hace cargo”, relató la mujer cansada del maltrato que viene sufriendo desde hace tiempo.

La historia de Elsa comenzó hace seis años cuando los médicos le dijeron que tenían que operarla de la cadera. Tras realizar una primera presentación judicial logró que el IPS se haga cargo de la prótesis y de los honorarios del médico. Pero en aquella oportunidad -según recordó- tras salir de la primera intervención tuvo complicaciones. “Perdí el conocimiento por tres meses. No la reconocía ni a mi hija. Estuve en shock y me recuperé gracias a un tratamiento psiquiátrico. Según un especialista el cerebro durante la operación tuvo un golpe terrible y que el problema pudo haber estado en la anestesia”.

Tras salir del cuadro psiquiátrico, quiso completar su operación a los seis meses, pero los análisis clínicos no permitían que pudiera volver a operarse y cumplir con la segunda parte de la cirugía. “Tardé tres años en estabilizar mi organismo. Durante este tiempo deambulé por todos lados. Quedé internada en el hospital Oñativia: allí vivía o moría. Al final me lograron sacar”, contó.

“Yo quería operarme pero nadie se atrevía a hacerlo. Solicité una derivación porque aquí me tenían entre endocrinólogos e infectólogos. Me mandaron a la clínica Bazterrica de Buenos Aires. Desde allá vengo con el visto bueno para operarme. Me dan la prótesis (cuesta 129.000 pesos) y todo lo que el fallo decía. Pero cuando llegó el momento, el médico que me iba a operar pedía 20.000 pesos diferenciados. Allí inició el problema. El fallo hablaba de 10.000 pero como todo médico especialista también cotiza su trabajo y está bien en que lo haga. Desde la obra social me pidieron que busque otro médico, pero el especialista en cadera y pelvis que yo quería que me opere es aquel con el que yo mejor me sentía. Sobre todo teniendo la mala experiencia de la primera cirugía. El IPS dijo que no va a pagar”, señaló.

Luego de la negativa de la obra social, Elsa perdió la oportunidad de operarse al vencer los análisis pre operación que se había realizado en Buenos Aires.

Por este motivo, ella, a través de llamados telefónicos a la Ciudad Judicial logra reactivar su causa logrando que la Justicia, tras una apelación, vuelva a fallar el pasado 6 de abril y de forma idéntica, a su favor. La sentencia llevaba la firma del juez Marcelo Ramón Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

“Es una constante del IPS y de todas las obras sociales el maltrato hacia el adulto mayor y al discapacitado. ¿Cómo pueden pensar que una persona enferma y discapacitada pueda esperar y soportar la burocracia con la que se manejan? Si cuando se judicializa el caso en la mayoría de los causas el fallo es a favor del enfermo. Entonces no entiendo. Parece que quieren dilatar todo hasta que el paciente se muera. Hay una violencia al discapacitado”, señaló de igual manera la hija de la mujer.

Pese a la fuerza que siente y las ganas de vivir, de momentos, Elsa se quiebra en su impotencia por tener que lidiar con la burocracia: “A veces espero que mañana no abra los ojos, estoy muy cansada”.

“Solo falta que el IPS pague. ¿Cuál es el criterio: ahorrar plata o matar al afiliado? La persona se muere y se acabaron los problemas. Los últimos estudios se realizaron el 23 de mayo en Buenos Aires. Se vencen ahora. La verdad es que estoy muy cansada. Me pasé la vida pagando por salud. Sigo pagando, nunca dejé de hacerlo. Entonces ¿no puedo pedir, exigir? ¿No tengo derecho?‘, contó entre lágrimas.

¿Será que al final de todo la idea de que la salud es un negocio es afirmativa y ante los distintos casos las compañías esperan que se mueran las personas reclamando por algo que les prometieron como la salud o una buena atención?

El problema de Elsa, es el problema muchos. Hay un fallo firmado por un juez y una sentencia que obliga a pagar. ¿Es tanto el desprecio por las normas y la falta de respeto hacia la justicia? Ella y su hija solo quieren una cosa, exigen y están en todo su derecho: “que se cumpla lo que rectificó el juez”.