El defensor del Pueblo de Cerrillos, Carlos Paz, pedirá la remoción del fiscal de ese distrito, Gabriel Portal, por mal desempeño de su funciones en la causa de los cuatro brigadistas de Defensa Civil que murieron calcinados el 28 de octubre de 2014, en el incendio forestal de Guachipas.
El escrito de promoción del juicio político será presentado mañana, a las 11, en la mesa de entradas de la Corte de Justicia de Salta. Familiares de Martín Albarracín y Mauricio Valdez, dos de los jóvenes que perdieron la vida en las serranías de El Acheral, acompañarán al ombudsman cerrillano en la Ciudad Judicial.
"He tomado contacto con el expediente y por eso asumo la responsabilidad de presentar un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Portal, porque entiendo que no se agotaron las instancias investigativas en procura de la verdad de los hechos", puntualizó ayer Paz, al cuestionar el desempeño del agente del Ministerio Público.
Portal archivó el caso, en marzo último, sin analizar las responsabilidades de los funcionarios que enviaron a la cuadrilla a apagar un incendio forestal de nivel 3 (gran magnitud) sin jefes operativos, apoyos logísticos ni equipos de seguridad adecuados.
El estremecedor video que se rescató el pasado 1 de agosto del achicharrado celular que fue devuelto a la familia de Albarracín, sin ningún peritaje, sacó a relucir presuntos incumplimientos de deberes y graves negligencias que la Fiscalía de Cerrillos soslayó.
Portal ni siquiera mostró disposición para contrastar informes oficiales a los que tuvo por fehacientes, para requerir algunas elementales medidas de prueba (se omitieron las autopsias) ni para ahondar en serias contradicciones que ahora lo encuentran al borde de un juicio destitutorio.
"Lo que hizo el fiscal, al imponer su hipótesis investigativa sobre que el incendio fue un accidente casual, fue evitar ir hacía otros extremos como el presunto abandono de persona", remarcó Paz.
El defensor del Pueblo de Cerrillos advirtió que el agente del Ministerio Público "no investigó los delitos que pudieron haber ocurrido antes de la muerte de los brigadistas, como la negligencia de haber enviado a esos chicos a apagar un incendio de cientos de hectáreas, en medio de fuertes y cambiantes vientos, con apenas un tanquencito de agua (mochilas de 20 litros) y ropas totalmente inadecuadas para protegerlos".
"Es preferible un fiscal que no sepa trabajar a otro que se empeñe en encubrir las responsabilidades del Gobierno", acotó el ombudsman cerrillano.
Legisladores, preocupados
Legisladores de diferentes bloques se manifestaron preocupados por el tratamiento que recibió la causa de los brigadistas muertos en la Fiscalía de Cerrillos , a la luz de las nuevas evidencias que salieron a relucir con el video que mostró los últimos 63 segundos de la cuadrilla, que terminó devorada por el fuego, sin un centro de comando, un puesto de observación ni enlaces de comunicación que le alertaran a tiempo sobre los cambiantes y letales frentes de incendios. El celular de Albarracín, en medio de aquel infierno entre llamas, también mostró cómo las ropas de los infortunados brigadistas, presuntamente ignífugas, ardieron en segundos. El espantoso testimonio fílmico tampoco dejó dudas de que los cuatro jóvenes fallecidos no disponían de una ruta de escape, definida, señalizada y libre de obstáculos, para salir a zonas seguras ante comunicados de alerta, como ordenan los protocolos de intervención ante incendios forestales. Hoy, por tres decretos publicados en el Boletín Oficial de Salta, se sabe que dos de los chicos muertos, Mauricio Valdez (de 27 años) y Matías Vilte (22) tenían apenas 14 meses en la administración provincial y estaban contratados para limpiar espacios públicos de la ciudad de Salta y no, como los mandaron, para combatir un incendio forestal que llevaba diez días sin control y había superado, inclusive, la capacidad de intervención del helicóptero hidrante, con sus disparos de miles de litros de agua.
Los tres decretos que prueban inexperiencia y la falta de preparación de parte de la cuadrilla que envió Defensa Civil fueron firmados por el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, el exministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, y el actual titular del área, Alejandro Cornejo D'Andrea. Precisamente a este último funcionario, el diputado Carlos Zapata acaba de pedirle una audiencia. También presentó un pedido de informes y gestionó copias del expediente que archivó Portal, para evaluar junto a sus asesores legales otras acciones que tiendan a responder al reclamo de verdad y justicia de los familiares con los que se reunió días atrás.
Su par Jorge Guaymás también se reunió con las familias Albarracín y Valdez, que anoche se disponían a acompañar una exposición de Guaymás, en la sesión de la Cámara baja, cuando se les impidió el ingresó al recinto legislativo de la Provincia.
Los diputados Mario Abalos y Julio Quintana también advirtieron que la Justicia no avanzó en la investigación de las responsabilidades por la muerte de los cuatro jóvenes brigadistas y solicitaron la presencia de funcionarios de Seguridad y de Defensa Civil en la Legislatura para que aclaren interrogantes sobre los luctuosos hechos de Guachipas.
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El defensor del Pueblo de Cerrillos, Carlos Paz, pedirá la remoción del fiscal de ese distrito, Gabriel Portal, por mal desempeño de su funciones en la causa de los cuatro brigadistas de Defensa Civil que murieron calcinados el 28 de octubre de 2014, en el incendio forestal de Guachipas.
El escrito de promoción del juicio político será presentado mañana, a las 11, en la mesa de entradas de la Corte de Justicia de Salta. Familiares de Martín Albarracín y Mauricio Valdez, dos de los jóvenes que perdieron la vida en las serranías de El Acheral, acompañarán al ombudsman cerrillano en la Ciudad Judicial.
"He tomado contacto con el expediente y por eso asumo la responsabilidad de presentar un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Portal, porque entiendo que no se agotaron las instancias investigativas en procura de la verdad de los hechos", puntualizó ayer Paz, al cuestionar el desempeño del agente del Ministerio Público.
Portal archivó el caso, en marzo último, sin analizar las responsabilidades de los funcionarios que enviaron a la cuadrilla a apagar un incendio forestal de nivel 3 (gran magnitud) sin jefes operativos, apoyos logísticos ni equipos de seguridad adecuados.
El estremecedor video que se rescató el pasado 1 de agosto del achicharrado celular que fue devuelto a la familia de Albarracín, sin ningún peritaje, sacó a relucir presuntos incumplimientos de deberes y graves negligencias que la Fiscalía de Cerrillos soslayó.
Portal ni siquiera mostró disposición para contrastar informes oficiales a los que tuvo por fehacientes, para requerir algunas elementales medidas de prueba (se omitieron las autopsias) ni para ahondar en serias contradicciones que ahora lo encuentran al borde de un juicio destitutorio.
"Lo que hizo el fiscal, al imponer su hipótesis investigativa sobre que el incendio fue un accidente casual, fue evitar ir hacía otros extremos como el presunto abandono de persona", remarcó Paz.
El defensor del Pueblo de Cerrillos advirtió que el agente del Ministerio Público "no investigó los delitos que pudieron haber ocurrido antes de la muerte de los brigadistas, como la negligencia de haber enviado a esos chicos a apagar un incendio de cientos de hectáreas, en medio de fuertes y cambiantes vientos, con apenas un tanquencito de agua (mochilas de 20 litros) y ropas totalmente inadecuadas para protegerlos".
"Es preferible un fiscal que no sepa trabajar a otro que se empeñe en encubrir las responsabilidades del Gobierno", acotó el ombudsman cerrillano.
Legisladores, preocupados
Legisladores de diferentes bloques se manifestaron preocupados por el tratamiento que recibió la causa de los brigadistas muertos en la Fiscalía de Cerrillos , a la luz de las nuevas evidencias que salieron a relucir con el video que mostró los últimos 63 segundos de la cuadrilla, que terminó devorada por el fuego, sin un centro de comando, un puesto de observación ni enlaces de comunicación que le alertaran a tiempo sobre los cambiantes y letales frentes de incendios. El celular de Albarracín, en medio de aquel infierno entre llamas, también mostró cómo las ropas de los infortunados brigadistas, presuntamente ignífugas, ardieron en segundos. El espantoso testimonio fílmico tampoco dejó dudas de que los cuatro jóvenes fallecidos no disponían de una ruta de escape, definida, señalizada y libre de obstáculos, para salir a zonas seguras ante comunicados de alerta, como ordenan los protocolos de intervención ante incendios forestales. Hoy, por tres decretos publicados en el Boletín Oficial de Salta, se sabe que dos de los chicos muertos, Mauricio Valdez (de 27 años) y Matías Vilte (22) tenían apenas 14 meses en la administración provincial y estaban contratados para limpiar espacios públicos de la ciudad de Salta y no, como los mandaron, para combatir un incendio forestal que llevaba diez días sin control y había superado, inclusive, la capacidad de intervención del helicóptero hidrante, con sus disparos de miles de litros de agua.
Los tres decretos que prueban inexperiencia y la falta de preparación de parte de la cuadrilla que envió Defensa Civil fueron firmados por el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, el exministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, y el actual titular del área, Alejandro Cornejo D'Andrea. Precisamente a este último funcionario, el diputado Carlos Zapata acaba de pedirle una audiencia. También presentó un pedido de informes y gestionó copias del expediente que archivó Portal, para evaluar junto a sus asesores legales otras acciones que tiendan a responder al reclamo de verdad y justicia de los familiares con los que se reunió días atrás.
Su par Jorge Guaymás también se reunió con las familias Albarracín y Valdez, que anoche se disponían a acompañar una exposición de Guaymás, en la sesión de la Cámara baja, cuando se les impidió el ingresó al recinto legislativo de la Provincia.
Los diputados Mario Abalos y Julio Quintana también advirtieron que la Justicia no avanzó en la investigación de las responsabilidades por la muerte de los cuatro jóvenes brigadistas y solicitaron la presencia de funcionarios de Seguridad y de Defensa Civil en la Legislatura para que aclaren interrogantes sobre los luctuosos hechos de Guachipas.