El asesinato del joven Brian Aguinaco a manos de dos motochorros, ocurrido en el barrio de Flores a fines de 2016, derivó en acusación contra Brian Joel Cruz González, "el Brian", un menor de edad, hijo de inmigrantes peruanos con antecedentes penales. Por ser menor de edad, este sospechoso de quince años fue declarado inimputable y deportado a Perú para ser puesto a cargo de sus abuelos. Su madre también fue deportada. Su padre estaba en el exterior y, por ese motivo, el joven acusado había viajado a Chile para encontrarse con él. El juicio, con otro presunto homicida detenido, un amigo de Cruz González, seguirá su curso. El episodio muestra la vulnerabilidad del Estado frente a organizaciones delictivas, integradas por inmigrantes o por ciudadanos argentinos, que para eludir la ley utilizan con nefasta maestría la no imputabilidad de los menores.

De haber tenido más de 18 años, en las mismas circunstancias, Cruz González estaría detenido y con prisión preventiva.

El Gobierno nacional planteó de inmediato la necesidad de una reforma del régimen penal, incluyendo la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Ese nuevo límite coincide con las propuestas electorales de los tres principales candidatos presidenciales de 2015, Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa.

Ese debate es impostergable, especialmente si se tiene en cuenta que la mayor preocupación de los argentinos es la inseguridad y el Estado no está dando ninguna respuesta satisfactoria. Un menor de edad es plenamente consciente de sus actos. Por lo tanto, debe ser responsable ante la ley. Negarle responsabilidad es una forma de privarlo en alguna medida de la dignidad humana. No obstante, debido a la inmadurez propia de su edad y para garantizarle al delincuente la posibilidad de reinserción en la sociedad, es imprescindible replantear el régimen penal juvenil.

El debate irrita a quienes se autodenominan "abolicionistas", pero cuyos pensamientos nunca llegan a manifestarse como una "propuesta" con aspectos sociales y jurídicos. Los países que alcanzaron soluciones eficientes para la delincuencia juvenil no recibieron aportes serios de quienes se encolumnan en tendencias decadentistas. La negación del problema del delito y la incapacidad de abordarlo convierten a estas posiciones diletantes en verdaderos reaseguros para la impunidad de crímenes que desangran a la sociedad

Cuando el Estado no garantiza la seguridad, impera la ley del más fuerte y proliferan los linchamientos o la defensa por mano propia, mientras va creciendo el clima de violencia en el seno de la sociedad.

No obstante, el Estado debe asumir una nueva realidad social, en la que, a los largo de más de dos décadas, un 15 por ciento de los habitantes de la Argentina han quedado excluidos del trabajo sistemático. Se trata de familias que en muchos casos, contienen a tres generaciones de desocupados. El excluido no es un delincuente, aunque son numerosos los jóvenes que carecen de conciencia y hábitos de trabajo y, mucho peor, no encuentran horizontes para sus vidas.

En otros casos, como parece ser el de Cruz González, las familias viven del delito y desarrollan actividades criminales en el país y en el exterior.

Los organismos internacionales se oponen a la penalización de los menores de 16 años, porque toman en cuenta que los establecimientos de reclusión no brindan ninguna garantía para la rehabilitación de los jóvenes. Contemplan también que, en la experiencia inmadura del adolescente, la conciencia de los propios actos no siempre supone la clara conciencia de los límites que impone la ley ni de los derechos que asisten a los otros. El proyecto no debe languidecer en los cajones del Congreso, mientras se apaga el espanto producido por la tragedia de Flores. El debate debe darse en profundidad, abordando todos los aspectos legales, sociológicos y pedagógicos, y con la mirada puesta en las necesidades esenciales de la ciudadanía. El Gobierno nacional y los legisladores no pueden dejarse llevar por meras reacciones producidas por hechos irritantes; por lo contrario, les corresponde garantizar la seguridad de los ciudadanos, resolver con remedios genuinos y sin politiquería el desafío de la exclusión social y asegurar que los jóvenes que delinquen cuenten con establecimientos que les brinden posibilidades reales de cambiar el curso de sus vidas.

El asesinato del joven Brian Aguinaco a manos de dos motochorros, ocurrido en el barrio de Flores a fines de 2016, derivó en acusación contra Brian Joel Cruz González, "el Brian", un menor de edad, hijo de inmigrantes peruanos con antecedentes penales. Por ser menor de edad, este sospechoso de quince años fue declarado inimputable y deportado a Perú para ser puesto a cargo de sus abuelos. Su madre también fue deportada. Su padre estaba en el exterior y, por ese motivo, el joven acusado había viajado a Chile para encontrarse con él. El juicio, con otro presunto homicida detenido, un amigo de Cruz González, seguirá su curso. El episodio muestra la vulnerabilidad del Estado frente a organizaciones delictivas, integradas por inmigrantes o por ciudadanos argentinos, que para eludir la ley utilizan con nefasta maestría la no imputabilidad de los menores.

De haber tenido más de 18 años, en las mismas circunstancias, Cruz González estaría detenido y con prisión preventiva.

El Gobierno nacional planteó de inmediato la necesidad de una reforma del régimen penal, incluyendo la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Ese nuevo límite coincide con las propuestas electorales de los tres principales candidatos presidenciales de 2015, Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa.

Ese debate es impostergable, especialmente si se tiene en cuenta que la mayor preocupación de los argentinos es la inseguridad y el Estado no está dando ninguna respuesta satisfactoria. Un menor de edad es plenamente consciente de sus actos. Por lo tanto, debe ser responsable ante la ley. Negarle responsabilidad es una forma de privarlo en alguna medida de la dignidad humana. No obstante, debido a la inmadurez propia de su edad y para garantizarle al delincuente la posibilidad de reinserción en la sociedad, es imprescindible replantear el régimen penal juvenil.

El debate irrita a quienes se autodenominan "abolicionistas", pero cuyos pensamientos nunca llegan a manifestarse como una "propuesta" con aspectos sociales y jurídicos. Los países que alcanzaron soluciones eficientes para la delincuencia juvenil no recibieron aportes serios de quienes se encolumnan en tendencias decadentistas. La negación del problema del delito y la incapacidad de abordarlo convierten a estas posiciones diletantes en verdaderos reaseguros para la impunidad de crímenes que desangran a la sociedad

Cuando el Estado no garantiza la seguridad, impera la ley del más fuerte y proliferan los linchamientos o la defensa por mano propia, mientras va creciendo el clima de violencia en el seno de la sociedad.

No obstante, el Estado debe asumir una nueva realidad social, en la que, a los largo de más de dos décadas, un 15 por ciento de los habitantes de la Argentina han quedado excluidos del trabajo sistemático. Se trata de familias que en muchos casos, contienen a tres generaciones de desocupados. El excluido no es un delincuente, aunque son numerosos los jóvenes que carecen de conciencia y hábitos de trabajo y, mucho peor, no encuentran horizontes para sus vidas.

En otros casos, como parece ser el de Cruz González, las familias viven del delito y desarrollan actividades criminales en el país y en el exterior.

Los organismos internacionales se oponen a la penalización de los menores de 16 años, porque toman en cuenta que los establecimientos de reclusión no brindan ninguna garantía para la rehabilitación de los jóvenes. Contemplan también que, en la experiencia inmadura del adolescente, la conciencia de los propios actos no siempre supone la clara conciencia de los límites que impone la ley ni de los derechos que asisten a los otros. El proyecto no debe languidecer en los cajones del Congreso, mientras se apaga el espanto producido por la tragedia de Flores. El debate debe darse en profundidad, abordando todos los aspectos legales, sociológicos y pedagógicos, y con la mirada puesta en las necesidades esenciales de la ciudadanía. El Gobierno nacional y los legisladores no pueden dejarse llevar por meras reacciones producidas por hechos irritantes; por lo contrario, les corresponde garantizar la seguridad de los ciudadanos, resolver con remedios genuinos y sin politiquería el desafío de la exclusión social y asegurar que los jóvenes que delinquen cuenten con establecimientos que les brinden posibilidades reales de cambiar el curso de sus vidas.