El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó ayer que el Gobierno que encabeza Mauricio Macri impulsará modificaciones en el régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Precisó, no obstante, que el proyecto será discutido todo este año por especialistas de Unicef y fuerzas políticas y recién será presentado luego de las elecciones legislativas.
La iniciativa provocó la inmediata y lógica polémica por tratarse de un tema de extrema sensibilidad. La mayoría de las voces críticas sostienen que es solo "una reacción" del Gobierno tras la muerte de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio porteño de Flores, a manos de otro Brian, de 15 años, que está detenido.
Garavano explicó: "La posición del Gobierno es que hay una situación (relacionada con el delito), sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley pero estamos abiertos a construir consensos con los expertos, con Unicef y con todo el arco político para que este -una vez que salga de la discusión política- sea un tema que nos ocupe, porque sin jóvenes no tenemos futuro en nuestro país".
Garavano sostuvo que la aspiración de la Casa Rosada es "tratar de hacer un abordaje temprano para evitar que el joven vaya entrando en el círculo vicioso, en esta cadena delictiva que tiene a los jóvenes no solo como victimarios sino como víctimas de los delitos".
"Quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene y no en un año electoral", afirmó, y señaló que ese análisis estará a cargo de una comisión creada a tal efecto.
El ministro puntualizó que, desde 2016, las autoridades nacionales comenzaron a "trabajar junto a Unicef, expertos y jueces de todo el país en un abordaje del régimen penal juvenil; una ley dictada durante la dictadura que debemos modificar".
Tras describir como "básicamente paternalista" la legislación vigente, Garavano expresó que la idea del Ejecutivo es avanzar en una "nueva ley basada en derechos, responsabilidades y obligaciones"
"Y dentro de esta discusión integral, que hace foco en el abordaje y tratamiento de los jóvenes, uno de los temas que se va a discutir es el de la edad de imputabilidad y el régimen de imputabilidad; es decir, no solo un tema de edad, sino también un tema vinculado a la carga de la prueba en relación a la imputabilidad de los jóvenes", especificó. Si bien mencionó un documento de Unicef que juzga "razonable" que la "edad mínima de responsabilidad penal" se ubique "entre los 14 y 16 años", Garavano admitió que más allá de ese texto, "la posición de ellos es no bajar la edad de imputabilidad. Y es una posición que respetamos -resaltó- y que va a ser oída en la mesa de discusión".
"Yo trabajé muchos años en la Justicia de menores y si bien mediáticamente el foco se pone en la edad, creo que el problema es mucho más grave: tiene que ver con el abordaje de los jóvenes, con el tratamiento, con la posibilidad de reinserción escolar, laboral. Ese es el eje sobre el cual nosotros vamos a trabajar", aseveró.
El titular de la cartera de Justicia especificó que, según informes que manejan las autoridades, respecto de las edades de ingreso al mundo del delito, "el salto mayor estadísticamente es a los 15, más que a los 14" por lo tanto, dijo, "ese es uno de los temas de discusión".
La iniciativa provocó la inmediata y lógica polémica por tratarse de un tema de extrema sensibilidad. La mayoría de las voces críticas sostienen que es solo "una reacción" del Gobierno tras la muerte de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio porteño de Flores, a manos de otro Brian, de 15 años, que está detenido.
Garavano explicó: "La posición del Gobierno es que hay una situación (relacionada con el delito), sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley pero estamos abiertos a construir consensos con los expertos, con Unicef y con todo el arco político para que este -una vez que salga de la discusión política- sea un tema que nos ocupe, porque sin jóvenes no tenemos futuro en nuestro país".
Garavano sostuvo que la aspiración de la Casa Rosada es "tratar de hacer un abordaje temprano para evitar que el joven vaya entrando en el círculo vicioso, en esta cadena delictiva que tiene a los jóvenes no solo como victimarios sino como víctimas de los delitos".
"Quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene y no en un año electoral", afirmó, y señaló que ese análisis estará a cargo de una comisión creada a tal efecto.
El ministro puntualizó que, desde 2016, las autoridades nacionales comenzaron a "trabajar junto a Unicef, expertos y jueces de todo el país en un abordaje del régimen penal juvenil; una ley dictada durante la dictadura que debemos modificar".
Tras describir como "básicamente paternalista" la legislación vigente, Garavano expresó que la idea del Ejecutivo es avanzar en una "nueva ley basada en derechos, responsabilidades y obligaciones"
"Y dentro de esta discusión integral, que hace foco en el abordaje y tratamiento de los jóvenes, uno de los temas que se va a discutir es el de la edad de imputabilidad y el régimen de imputabilidad; es decir, no solo un tema de edad, sino también un tema vinculado a la carga de la prueba en relación a la imputabilidad de los jóvenes", especificó. Si bien mencionó un documento de Unicef que juzga "razonable" que la "edad mínima de responsabilidad penal" se ubique "entre los 14 y 16 años", Garavano admitió que más allá de ese texto, "la posición de ellos es no bajar la edad de imputabilidad. Y es una posición que respetamos -resaltó- y que va a ser oída en la mesa de discusión".
"Yo trabajé muchos años en la Justicia de menores y si bien mediáticamente el foco se pone en la edad, creo que el problema es mucho más grave: tiene que ver con el abordaje de los jóvenes, con el tratamiento, con la posibilidad de reinserción escolar, laboral. Ese es el eje sobre el cual nosotros vamos a trabajar", aseveró.
El titular de la cartera de Justicia especificó que, según informes que manejan las autoridades, respecto de las edades de ingreso al mundo del delito, "el salto mayor estadísticamente es a los 15, más que a los 14" por lo tanto, dijo, "ese es uno de los temas de discusión".
La postura de Unicef es contraria
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo pública una serie de consideraciones sobre la iniciativa:
-De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos.
-En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
-Proponemos la aprobación de una ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen -como regla- medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional la restricción de la libertad personal.
Piden una reforma integral
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó ayer su adhesión a la iniciativa del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, al tiempo que reclamó una "reforma integral" del sistema penal juvenil.
"Estoy de acuerdo, porque no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años, pero creo que debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas", sostuvo el presidente de la entidad, Guillermo Lipera, al ser consultado sobre la propuesta que tiene el Gobierno.
En diálogo con Radio Mitre, el abogado pidió que se lleve adelante una "reforma integral" del sistema penal juvenil, ya que subrayó que en la actualidad "un menor que va a un instituto reformatorio sale peor, ahí se lo prepara para delinquir más".
Asimismo, el letrado apuntó contra los fiscales, en especial contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
"Con una jefa que incumple la ley, viene con una teoría 'zaffaroniana' (en referencia al exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni) en la que todo el sistema penal está armado para proteger al que tiene y desproteger al que no, encuentran ahí una justificación cada vez que hay un delito", se quejó Lipera.
Y concluyó: "La mayoría de los jueces y fiscales de la Argentina tienen eso en la cabeza, pero eso no es garantismo, es abolicionismo".
El profesional, que preside la entidad que nuclea a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró en ese sentido que el Estado es desigual. "El Estado incurre en desigualdad a la hora de fijar los tipos penales, sólo pueden ir presos las personas pobres que cometen delitos, de manera que el juez cumple la función de igualar la desigualdad que establece el legislador, incumpliendo la ley y dejando al delincuente en la calle", finalizó al reflejar su pensamiento sobre un tema que se instaló en el centro del debate.
Edad mínima de responsabilidad criminal en América Latina
Cuadro: La Nación
La situación en Latinoamérica
Últimos 20 años
- En las últimas dos décadas, en todo el continente se legislaron sistemas especiales de responsabilidad penal juvenil, cuyo margen se fija entre los 12 y 18 años, aunque hay casos de inicio a los 13 (Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Guatemala) o a los 14 (Chile).
El último intento
- La última vez que existió voluntad política para abordar este tema en la Argentina fue en 2010, cuando un proyecto de régimen penal juvenil, cuya característica más controvertida fue la de bajar la edad a los 14 años, obtuvo media sanción en el Senado.
La reclusión
- De manera variable, el promedio de reclusión se extiende de 3 a 5 años en Sudamérica, mientras que en América Central alcanza valores más altos, llegando hasta los 15 años en Costa Rica (ver gráfico), la más severa -en la región más violenta- de nuestro continente.
Escasa aplicación
- Ningún sistema jurídico garantiza "per se" el doble objetivo de la reducción de la criminalidad y los derechos y garantías de los menores. Defensa de Niñas y Niños Internacional consigna que en América Latina las alternativas a la privación de la libertad suelen ser de escasa aplicación.
Argentina y Bolivia
- En casi todos los casos se considera inimputables a los menores de 18 años, con la excepción de la Argentina (16) y de Bolivia, donde se fijó desde los 14. Aquellos que quedan por fuera de toda sanción del orden penal son los chicos menores de 12 años.
Prisión perpetua
- Argentina es el único Estado de América Latina que ha sentenciado a menores de 18 años a la pena de prisión perpetua, lo cual constituye una grave falta contra los derechos de los menores, consignan los organismos que trabajan con la temática.
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó ayer que el Gobierno que encabeza Mauricio Macri impulsará modificaciones en el régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Precisó, no obstante, que el proyecto será discutido todo este año por especialistas de Unicef y fuerzas políticas y recién será presentado luego de las elecciones legislativas.
La iniciativa provocó la inmediata y lógica polémica por tratarse de un tema de extrema sensibilidad. La mayoría de las voces críticas sostienen que es solo "una reacción" del Gobierno tras la muerte de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio porteño de Flores, a manos de otro Brian, de 15 años, que está detenido.
Garavano explicó: "La posición del Gobierno es que hay una situación (relacionada con el delito), sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley pero estamos abiertos a construir consensos con los expertos, con Unicef y con todo el arco político para que este -una vez que salga de la discusión política- sea un tema que nos ocupe, porque sin jóvenes no tenemos futuro en nuestro país".
Garavano sostuvo que la aspiración de la Casa Rosada es "tratar de hacer un abordaje temprano para evitar que el joven vaya entrando en el círculo vicioso, en esta cadena delictiva que tiene a los jóvenes no solo como victimarios sino como víctimas de los delitos".
"Quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene y no en un año electoral", afirmó, y señaló que ese análisis estará a cargo de una comisión creada a tal efecto.
El ministro puntualizó que, desde 2016, las autoridades nacionales comenzaron a "trabajar junto a Unicef, expertos y jueces de todo el país en un abordaje del régimen penal juvenil; una ley dictada durante la dictadura que debemos modificar".
Tras describir como "básicamente paternalista" la legislación vigente, Garavano expresó que la idea del Ejecutivo es avanzar en una "nueva ley basada en derechos, responsabilidades y obligaciones"
"Y dentro de esta discusión integral, que hace foco en el abordaje y tratamiento de los jóvenes, uno de los temas que se va a discutir es el de la edad de imputabilidad y el régimen de imputabilidad; es decir, no solo un tema de edad, sino también un tema vinculado a la carga de la prueba en relación a la imputabilidad de los jóvenes", especificó. Si bien mencionó un documento de Unicef que juzga "razonable" que la "edad mínima de responsabilidad penal" se ubique "entre los 14 y 16 años", Garavano admitió que más allá de ese texto, "la posición de ellos es no bajar la edad de imputabilidad. Y es una posición que respetamos -resaltó- y que va a ser oída en la mesa de discusión".
"Yo trabajé muchos años en la Justicia de menores y si bien mediáticamente el foco se pone en la edad, creo que el problema es mucho más grave: tiene que ver con el abordaje de los jóvenes, con el tratamiento, con la posibilidad de reinserción escolar, laboral. Ese es el eje sobre el cual nosotros vamos a trabajar", aseveró.
El titular de la cartera de Justicia especificó que, según informes que manejan las autoridades, respecto de las edades de ingreso al mundo del delito, "el salto mayor estadísticamente es a los 15, más que a los 14" por lo tanto, dijo, "ese es uno de los temas de discusión".
La iniciativa provocó la inmediata y lógica polémica por tratarse de un tema de extrema sensibilidad. La mayoría de las voces críticas sostienen que es solo "una reacción" del Gobierno tras la muerte de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio porteño de Flores, a manos de otro Brian, de 15 años, que está detenido.
Garavano explicó: "La posición del Gobierno es que hay una situación (relacionada con el delito), sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley pero estamos abiertos a construir consensos con los expertos, con Unicef y con todo el arco político para que este -una vez que salga de la discusión política- sea un tema que nos ocupe, porque sin jóvenes no tenemos futuro en nuestro país".
Garavano sostuvo que la aspiración de la Casa Rosada es "tratar de hacer un abordaje temprano para evitar que el joven vaya entrando en el círculo vicioso, en esta cadena delictiva que tiene a los jóvenes no solo como victimarios sino como víctimas de los delitos".
"Quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene y no en un año electoral", afirmó, y señaló que ese análisis estará a cargo de una comisión creada a tal efecto.
El ministro puntualizó que, desde 2016, las autoridades nacionales comenzaron a "trabajar junto a Unicef, expertos y jueces de todo el país en un abordaje del régimen penal juvenil; una ley dictada durante la dictadura que debemos modificar".
Tras describir como "básicamente paternalista" la legislación vigente, Garavano expresó que la idea del Ejecutivo es avanzar en una "nueva ley basada en derechos, responsabilidades y obligaciones"
"Y dentro de esta discusión integral, que hace foco en el abordaje y tratamiento de los jóvenes, uno de los temas que se va a discutir es el de la edad de imputabilidad y el régimen de imputabilidad; es decir, no solo un tema de edad, sino también un tema vinculado a la carga de la prueba en relación a la imputabilidad de los jóvenes", especificó. Si bien mencionó un documento de Unicef que juzga "razonable" que la "edad mínima de responsabilidad penal" se ubique "entre los 14 y 16 años", Garavano admitió que más allá de ese texto, "la posición de ellos es no bajar la edad de imputabilidad. Y es una posición que respetamos -resaltó- y que va a ser oída en la mesa de discusión".
"Yo trabajé muchos años en la Justicia de menores y si bien mediáticamente el foco se pone en la edad, creo que el problema es mucho más grave: tiene que ver con el abordaje de los jóvenes, con el tratamiento, con la posibilidad de reinserción escolar, laboral. Ese es el eje sobre el cual nosotros vamos a trabajar", aseveró.
El titular de la cartera de Justicia especificó que, según informes que manejan las autoridades, respecto de las edades de ingreso al mundo del delito, "el salto mayor estadísticamente es a los 15, más que a los 14" por lo tanto, dijo, "ese es uno de los temas de discusión".
La postura de Unicef es contraria
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo pública una serie de consideraciones sobre la iniciativa:
-De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos.
-En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
-Proponemos la aprobación de una ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen -como regla- medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional la restricción de la libertad personal.
Piden una reforma integral
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó ayer su adhesión a la iniciativa del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, al tiempo que reclamó una "reforma integral" del sistema penal juvenil.
"Estoy de acuerdo, porque no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años, pero creo que debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas", sostuvo el presidente de la entidad, Guillermo Lipera, al ser consultado sobre la propuesta que tiene el Gobierno.
En diálogo con Radio Mitre, el abogado pidió que se lleve adelante una "reforma integral" del sistema penal juvenil, ya que subrayó que en la actualidad "un menor que va a un instituto reformatorio sale peor, ahí se lo prepara para delinquir más".
Asimismo, el letrado apuntó contra los fiscales, en especial contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
"Con una jefa que incumple la ley, viene con una teoría 'zaffaroniana' (en referencia al exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni) en la que todo el sistema penal está armado para proteger al que tiene y desproteger al que no, encuentran ahí una justificación cada vez que hay un delito", se quejó Lipera.
Y concluyó: "La mayoría de los jueces y fiscales de la Argentina tienen eso en la cabeza, pero eso no es garantismo, es abolicionismo".
El profesional, que preside la entidad que nuclea a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró en ese sentido que el Estado es desigual. "El Estado incurre en desigualdad a la hora de fijar los tipos penales, sólo pueden ir presos las personas pobres que cometen delitos, de manera que el juez cumple la función de igualar la desigualdad que establece el legislador, incumpliendo la ley y dejando al delincuente en la calle", finalizó al reflejar su pensamiento sobre un tema que se instaló en el centro del debate.
Edad mínima de responsabilidad criminal en América Latina
Cuadro: La Nación
La situación en Latinoamérica
Últimos 20 años
- En las últimas dos décadas, en todo el continente se legislaron sistemas especiales de responsabilidad penal juvenil, cuyo margen se fija entre los 12 y 18 años, aunque hay casos de inicio a los 13 (Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Guatemala) o a los 14 (Chile).
El último intento
- La última vez que existió voluntad política para abordar este tema en la Argentina fue en 2010, cuando un proyecto de régimen penal juvenil, cuya característica más controvertida fue la de bajar la edad a los 14 años, obtuvo media sanción en el Senado.
La reclusión
- De manera variable, el promedio de reclusión se extiende de 3 a 5 años en Sudamérica, mientras que en América Central alcanza valores más altos, llegando hasta los 15 años en Costa Rica (ver gráfico), la más severa -en la región más violenta- de nuestro continente.
Escasa aplicación
- Ningún sistema jurídico garantiza "per se" el doble objetivo de la reducción de la criminalidad y los derechos y garantías de los menores. Defensa de Niñas y Niños Internacional consigna que en América Latina las alternativas a la privación de la libertad suelen ser de escasa aplicación.
Argentina y Bolivia
- En casi todos los casos se considera inimputables a los menores de 18 años, con la excepción de la Argentina (16) y de Bolivia, donde se fijó desde los 14. Aquellos que quedan por fuera de toda sanción del orden penal son los chicos menores de 12 años.
Prisión perpetua
- Argentina es el único Estado de América Latina que ha sentenciado a menores de 18 años a la pena de prisión perpetua, lo cual constituye una grave falta contra los derechos de los menores, consignan los organismos que trabajan con la temática.