Con menos de la mitad de las comunidades indígenas del país relevadas en once años, el Senado de la Nación aprobó el pasado miércoles, por unanimidad, una nueva prórroga que extenderá por otros cuatro años la suspensión de los desalojos en las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales. La sanción pendiente en Diputados se da, a estas alturas, por descontada.
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Con menos de la mitad de las comunidades indígenas del país relevadas en once años, el Senado de la Nación aprobó el pasado miércoles, por unanimidad, una nueva prórroga que extenderá por otros cuatro años la suspensión de los desalojos en las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales. La sanción pendiente en Diputados se da, a estas alturas, por descontada.
En Salta, hasta ahora fueron relevadas 275 de las 400 comunidades originarias que tiene la provincia. El alivio que llegó a los 125 asentamientos que aguardan por los estudios técnicos, legales y catastrales contrasta con la preocupación de muchos de los 12.000 pequeños productores criollos que ven, cada vez más cercano, el cierre del paraguas con el que la ley 7.658 los cubrió de desalojos en los últimos seis años.
La sanción de la norma, con la que se creó el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, se remonta a diciembre de 2010. El Ejecutivo la promulgó en enero de 2011, en medio de reclamos de organizaciones campesinas del chaco salteño, región plagada de tenencias precarias y conflictos que crecieron, a la par del valor de las tierras, con la ampliación de la frontera agropecuaria.
En ese contexto, se incluyó en la norma provincial una cláusula que suspendió las acciones de desalojo de familias campesinas, con una finalidad parecida a la de la ley nacional 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras habitadas por los pueblos originarios.
En el artículo noveno de la ley 7.658 se dispuso la suspensión de los desalojos campesinos por 18 meses, pero ante la demorada reglamentación de las medidas de registro y asistencia, las cámaras legislativas extendieron la vigencia del paraguas legal con sucesivas prórrogas. La última fue aprobada en julio último y vence el 31 de diciembre próximo.
El proyecto, que tenía media sanción de la Cámara de Diputados, apuntaba a mantener frenadas las acciones de desalojo por otros tres años, pero el Senado acortó la vigencia del artículo noveno hasta fin de año. A excepción de esa cláusula, que por el momento cubre solo a las familias campesinas que reúnen condiciones para adquirir derechos de propiedad mediante demandas de posesión veinteañal, las medidas de registro, relevamiento y asistencia no tienen fijados plazos ni vencimientos.
"Mientras no esté regularizada la situación dominial de todas las familias campesinas, por más que estén inscriptas en el Registro creado por el Gobierno, debería mantenerse con plena vigencia el artículo noveno de la ley 7.658", consideró Jesús Ramón Villa, el diputado de Rivadavia que impulsó la norma en 2010.
Semanas atrás, referentes de asociaciones campesinas del chaco salteño plantearon su preocupación en un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, quien no descartó que pueda debatirse una nueva prórroga antes del cierre del período de sesiones de la Legislatura.
Más allá de esa posibilidad, no se avizoran consensos que permitan extender la suspensión de los desalojos campesinos, en la provincia, más allá de fin de año.