El sistema institucional y la cultura política de los argentinos están inmersos en un excesivamente lento proceso de reconstrucción. Tras el agotador ciclo autoritario que llegó a poner en riesgo el Estado Constitucional de Derecho, una inédita coalición de centro derecha obtuvo dos mayorías sucesivas, y se esfuerza por estabilizar la economía y por depurar a nuestra vida en común de prácticas vicia das.
Pero, por razones que tienen que ver con nuestro marco constitucional y con nuestras reglas electorales, esas dos elecciones sucesivas no han bastado para dotar al presidente Macri y a su programa de una mayoría parlamentaria suficiente.
Por lo demás y dado que carecemos de una tradición de consensos políticos que faciliten la convivencia y generen gobiernos de coalición, nuestros conflictos actuales -que son territoriales, económicos, históricos, sociales e ideológicos- se desenvuelven enrareciendo la convivencia hasta extremos que hacen recordar los peores tiempos pasa dos.
Para colmo de males, el escenario aparece complejizado por las divisiones internas del peronismo; cuando no por su decadencia organizativa y su parálisis programática. La fuerza inercial que aún exhibe el kirchnerismo (cuarta versión del peronismo), condiciona la reorganización del movimiento que protagonizó largos años de nuestra vida política.
El peronismo, no aquél que imaginan o sueñan algunos de sus líderes históricos, sino el “realmente existente”, es fuente de graves tensiones en dos de nuestras desavenencias más relevantes:
a) La postergada reconciliación de los argentinos luego de la lucha armada y del terrorismo que enlutaron los años setenta;
b) Los hechos de corrupción que indignan a los argentinos, y su imprescindible juzgamiento por magistrados independientes apegados a la legalidad.
Un programa parcial y precario
El panorama argentino actual presenta algunas singularidades: Atravesamos uno de los pocos momentos de nuestra historia contemporánea en donde un sector de la derecha construye una alternativa republicana abriéndose hacia el centro del espectro político (radicalismo y vertiente minoritarias del propio peronismo) y, bajo esta bandera, logra derrotar al peronismo gobernante.
Pero esta coalición llega al poder con un ideario esencialmente republicano y sin haber construido un programa de reformas sociales y económicas que cumplan las dos condiciones que demanda la estabilidad de la Nación: Reforzar la paz interior y la paz social, y poner en positivo el precario consenso anti kirchnerista.
La ausencia de un programa de reformas sociales es particularmente significativa. Tal carencia ha hecho que la coalición gobernante se limite a reiterar los proyectos de lucha contra la pobreza y de fomento del empleo ideados a lo largo de los últimos 30 años (desde las cajas PAN, a las asignaciones familiares), pese a las evidencias que indican su incapacidad para cohesionar al país territorial y socialmente, multiplicando el empleo digno e integrando a los excluidos.
De poco valen las promesas presidenciales de abatir la pobreza; promesas que en sí mismas revelan un desconocimiento de las raíces y magnitudes del problema. Han transcurrido dos años y la gestión Macri no muestra mejoras -siquiera menores- en este espinoso terreno azotado -dicho sea de paso- por tres flagelos como son las adicciones, las violencias y la inflación.
Las reformas económicas parecen construirse sobre la marcha, al ritmo que manda la filosofía gradualista; pero muchas veces se llevan adelante sin consenso y sin las imprescindibles compensaciones que atenúen los efectos negativos inevitables de muchas de ellas. En este terreno, las medidas pecan de centralismo (o, lo que es lo mismo, ignoran el federalismo) y no viene acompañadas de explicaciones, debates e intercambios que ayuden a mejorar la cultura económica de los argentinos, distorsionada por décadas del peor popu lismo.
En el frente judicial (me refiero a las causas por violación de los derechos humanos y por corrupción) el Gobierno es rehén de un poder judicial estructurado para responder a los dictados del poder de turno, cuando no para buscar la inmunidad de sus propios integrantes. Y es igualmente rehén de una opinión pública que demanda fallos dictados no dentro de la constitución y las leyes, sino que resulten acordes a sus filias y fobias. El deseo de linchar a los enemigos es un peligro que acecha la solución justa de las causas sometidas a la justicia.
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El sistema institucional y la cultura política de los argentinos están inmersos en un excesivamente lento proceso de reconstrucción. Tras el agotador ciclo autoritario que llegó a poner en riesgo el Estado Constitucional de Derecho, una inédita coalición de centro derecha obtuvo dos mayorías sucesivas, y se esfuerza por estabilizar la economía y por depurar a nuestra vida en común de prácticas vicia das.
Pero, por razones que tienen que ver con nuestro marco constitucional y con nuestras reglas electorales, esas dos elecciones sucesivas no han bastado para dotar al presidente Macri y a su programa de una mayoría parlamentaria suficiente.
Por lo demás y dado que carecemos de una tradición de consensos políticos que faciliten la convivencia y generen gobiernos de coalición, nuestros conflictos actuales -que son territoriales, económicos, históricos, sociales e ideológicos- se desenvuelven enrareciendo la convivencia hasta extremos que hacen recordar los peores tiempos pasa dos.
Para colmo de males, el escenario aparece complejizado por las divisiones internas del peronismo; cuando no por su decadencia organizativa y su parálisis programática. La fuerza inercial que aún exhibe el kirchnerismo (cuarta versión del peronismo), condiciona la reorganización del movimiento que protagonizó largos años de nuestra vida política.
El peronismo, no aquél que imaginan o sueñan algunos de sus líderes históricos, sino el “realmente existente”, es fuente de graves tensiones en dos de nuestras desavenencias más relevantes:
a) La postergada reconciliación de los argentinos luego de la lucha armada y del terrorismo que enlutaron los años setenta;
b) Los hechos de corrupción que indignan a los argentinos, y su imprescindible juzgamiento por magistrados independientes apegados a la legalidad.
Un programa parcial y precario
El panorama argentino actual presenta algunas singularidades: Atravesamos uno de los pocos momentos de nuestra historia contemporánea en donde un sector de la derecha construye una alternativa republicana abriéndose hacia el centro del espectro político (radicalismo y vertiente minoritarias del propio peronismo) y, bajo esta bandera, logra derrotar al peronismo gobernante.
Pero esta coalición llega al poder con un ideario esencialmente republicano y sin haber construido un programa de reformas sociales y económicas que cumplan las dos condiciones que demanda la estabilidad de la Nación: Reforzar la paz interior y la paz social, y poner en positivo el precario consenso anti kirchnerista.
La ausencia de un programa de reformas sociales es particularmente significativa. Tal carencia ha hecho que la coalición gobernante se limite a reiterar los proyectos de lucha contra la pobreza y de fomento del empleo ideados a lo largo de los últimos 30 años (desde las cajas PAN, a las asignaciones familiares), pese a las evidencias que indican su incapacidad para cohesionar al país territorial y socialmente, multiplicando el empleo digno e integrando a los excluidos.
De poco valen las promesas presidenciales de abatir la pobreza; promesas que en sí mismas revelan un desconocimiento de las raíces y magnitudes del problema. Han transcurrido dos años y la gestión Macri no muestra mejoras -siquiera menores- en este espinoso terreno azotado -dicho sea de paso- por tres flagelos como son las adicciones, las violencias y la inflación.
Las reformas económicas parecen construirse sobre la marcha, al ritmo que manda la filosofía gradualista; pero muchas veces se llevan adelante sin consenso y sin las imprescindibles compensaciones que atenúen los efectos negativos inevitables de muchas de ellas. En este terreno, las medidas pecan de centralismo (o, lo que es lo mismo, ignoran el federalismo) y no viene acompañadas de explicaciones, debates e intercambios que ayuden a mejorar la cultura económica de los argentinos, distorsionada por décadas del peor popu lismo.
En el frente judicial (me refiero a las causas por violación de los derechos humanos y por corrupción) el Gobierno es rehén de un poder judicial estructurado para responder a los dictados del poder de turno, cuando no para buscar la inmunidad de sus propios integrantes. Y es igualmente rehén de una opinión pública que demanda fallos dictados no dentro de la constitución y las leyes, sino que resulten acordes a sus filias y fobias. El deseo de linchar a los enemigos es un peligro que acecha la solución justa de las causas sometidas a la justicia.
Las batallas y los abrazos
La reciente batalla -física y violenta- en las calles y en el recinto parlamentario, más que expresión de la defensa de posiciones antagónicas respecto de la fórmula para actualizar los haberes de pensionados y jubilados, es la expresión de conflictos irresueltos, de odios viscerales.
Cuando las naciones y sus gobiernos son conscientes de la trascendencia que -para casi todos- tiene la estabilidad de la seguridad social, procuran acuerdos duraderos que retiren a las prestaciones sociales de los campos de la batalla política.
El caso de España, una vez más, podría servirnos de guía. Me refiero no a los célebres Pactos de La Moncloa, sino al Pacto de Toledo que en 1995 firmaron las dos fuerzas mayoritarias y que, desde entonces, facilita reglas estables y el mantenimiento del compromiso de los partidos de no mezclar el poder adquisitivo de los jubilados y la sustentabilidad de las pensiones con los combates elec torales.
Como bien ha dicho el presidente Macri, los graves disturbios ocurridos en los últimos días son el resultado de un plan orquestado por fuerzas políticas sin apego a la Constitución. Pero también de fuerzas económicas que se proponen erosionar al gobierno para obligarlo a torcer el rumbo en los planos de la producción y de los mercados.
El efusivo abrazo entre los diputados Horacio Mendiguren (antiguo presidente de la Unión Industrial Argentina, que supo jugar un papel descollante en el derrocamiento del presidente Fernando de la Rúa y en el tejido del pacto industrial-sindical que lo hizo posible) y Agustín Rossi (presidente del bloque kirchnerista), ilustra sobremanera acerca de la ilimitada capacidad de maniobrar políticamente que tienen aquellos que suelen poner sus dogmas y sus intereses sectoriales por encima de la paz de los argentinos y del bienestar general.