El Gobierno provincial espera dar un paso muy firme en la aprobación del consenso fiscal. La Cámara de Diputados tiene previsto aprobar el proyecto esta noche para que el Senado lo convierta en ley lo antes posible. Por lo pronto, el Ejecutivo se adelantó ayer al anunciar la eliminación de 14 secretarías. Varios funcionarios del gobierno aseguraron que los servicios esenciales que prestan “serán optimizados”.
Menos secretarías
El Gobierno de Salta ya suprimió 14 secretarías de Estado. La decisión anunciada formalmente ayer forma parte del programa para reducir el gasto público y simplificar la administración provincial.
La nueva ley de Ministerios Nº 8053 prevé la creación de hasta 44 secretarías de Estado, mientras que la anterior -ley 7905- autorizaba las 55 que funcionaban hasta hace pocos días. Ahora se redujeron a 41 secretarías.
La decisión pone de relieve, básicamente, la ampliación discrecional que se convirtió en tradición en la administración del Estado.
Hubo cuatro secretarías cuya eliminación generó inquietud por el impacto social de sus funciones: las de Salud Mental, Adicciones y Nutrición y Alimentación, dependientes del Ministerio de Salud, y la de Desarrollo Comunitario, que se unificó con Asuntos Indígenas.
“Los servicios se mejorarán”
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El Gobierno provincial espera dar un paso muy firme en la aprobación del consenso fiscal. La Cámara de Diputados tiene previsto aprobar el proyecto esta noche para que el Senado lo convierta en ley lo antes posible. Por lo pronto, el Ejecutivo se adelantó ayer al anunciar la eliminación de 14 secretarías. Varios funcionarios del gobierno aseguraron que los servicios esenciales que prestan “serán optimizados”.
Menos secretarías
El Gobierno de Salta ya suprimió 14 secretarías de Estado. La decisión anunciada formalmente ayer forma parte del programa para reducir el gasto público y simplificar la administración provincial.
La nueva ley de Ministerios Nº 8053 prevé la creación de hasta 44 secretarías de Estado, mientras que la anterior -ley 7905- autorizaba las 55 que funcionaban hasta hace pocos días. Ahora se redujeron a 41 secretarías.
La decisión pone de relieve, básicamente, la ampliación discrecional que se convirtió en tradición en la administración del Estado.
Hubo cuatro secretarías cuya eliminación generó inquietud por el impacto social de sus funciones: las de Salud Mental, Adicciones y Nutrición y Alimentación, dependientes del Ministerio de Salud, y la de Desarrollo Comunitario, que se unificó con Asuntos Indígenas.
“Los servicios se mejorarán”
El ministro de Salud, Roque Mascarello, aseguró a El Tribuno que con la eliminación de las tres secretarías se trata de “agilizar el servicio, simplificarlo y no duplicar tareas y gestiones”.
Salud Mental y Adicciones se unificarán con el criterio de que se trata de problemas homogéneos. Ambas secretarías se fusionarán en una agencia que quedará dentro de la competencia de Salud.
Por otra parte, Mascarello informó que los problemas nutricionales serán abordados en forma conjunta con el área Materno Infantil y Atención Primaria de la Salud. El ministro señaló que la cartera profundizará la estrategia frente a la desnutrición -que, según estima, afecta a unos 300 niños -, la malnutrición, que se traduce en obesidad, y la desnutrición vinculada a la deshidratación y que se hace sentir en sectores particularmente vulnerables.
Cambios significativos
En todos los casos, la eliminación de secretarías se fundamenta en razones de eficiencia. En algunos, como las de Delegación Casa de Salta, de Atención Ciudadana o de Área Metropolitana, queda para la opinión pública la sensación de que naufragaron porque habían sido creadas por coyunturas políticas. En otros, el reacomodamiento se explica por el paso del tiempo.
El secretario general Ramiro Simón Padrós destacó que la Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que fue un objetivo central del Ministerio de Justicia, se fusionará con la Secretaría de Justicia, pero que la mediación seguirá mereciendo la misma importancia que hasta ahora. Se trata, opinan, de una política exitosa de la provincia.
Las de Tecnología para la Tercera Infancia, Servicios Públicos, Fortalecimiento Institucional, Economía Social y Empleo, Comercio, Mipymes y Tierra y Bienes, responden a objetivos que no requieren una estructura como la que tenían hasta ayer. Por el contrario, se considera que la duplicidad de funciones les resta eficiencia.
Dos datos más que conlleva la medida de ordenamiento fiscal. La ministra Edith Cruz tendrá en su ámbito la Secretaría de Desarrollo Comunitario, unificada con Asuntos Indígenas. Simón Padrós destacó ayer los aspectos clave que deben asumir ese ministerio y esta secretaría: por una parte, la problemática que plantean las comunidades rurales, especialmente las aborígenes, con dificultades para el acceso a servicios elementales; por otra, la aparición de “grupos políticos radicalizados, autodefinidos indígenas, que generan conmoción en los valles salteños”.
Esta situación obligaría a la Provincia a gestionar estrategias con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
La posición del Gobierno
“Queremos generar la mejor asignación de los recursos, y buscamos estructuras ágiles, más chicas y eficientes”, explicó el jefe de Gabinete, Fernando Yarade. Las provincias han empezado a recortar el gasto público. La mayoría ha apelado a una misma fórmula: la reducción de personal y el congelamiento de salarios estatales. La fuerte decisión de austeridad incluye un plan de retiros voluntarios solventado por la Nación y la promoción de la jubilación de empleados que ya están en condiciones de acogerse al régimen. Adecuar las estructuras administrativas en un marco de austeridad y eficiencia”.
El Pacto Fiscal en Diputados
El proyecto de adhesión al consenso fiscal contiene un conjunto de reformas orientadas a una homogeneización tributaria que elimine el incremento artificial de costos, por sobreimposición.
Al mismo tiempo, la Legislatura deberá convalidar los cambios en ganancias e impuesto al cheque, que involucran a la coparticipación y entre cuyos términos figura el desistimiento de juicios de la Provincia contra la Nación. Se trata de un complejo sistema de compensaciones en el que la Provincia está obligada a reducir gastos. Todos estos cambios inquietan a los empresarios y comerciantes, que comparten el objetivo de bajar los costos, aumentar el empleo y hacer retroceder la pobreza. Pero están desconcertados porque intuyen un “impuestazo” encubierto.
Los legisladores, por su parte, aseguran que resistirán al “ajuste”, pero nada hace pensar que el proyecto presentado por el Ejecutivo vaya a chocar con obstáculos al momento de votar en el recinto.
El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, recibió ayer a diputados oficialistas, a quienes explicó en detalle el decreto Nº 1603, por el cual la Provincia decidió congelar el sueldo de los funcionarios, suspender las comisiones que demanden pasajes aéreos y restringir el uso de los vehículos oficiales. Yarade recomienda cautela a la hora de asignar los recursos, si se quiere procurar la solvencia del Estado. Indicó que hoy hay un déficit consolidado de todas las provincias, que asciende a 87 mil millones. El Gobierno nacional pretende reducirlo a 44 mil millones y “esto es un esfuerzo entre todos”.