Rubén Arenas [email protected]
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Con pedidos de condenas a perpetua para los principales imputados, los querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación concluyeron ayer su extenso alegatos en el juicio a dos coroneles, dos comisarios y un comandante de Gendarmería Nacional acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia a partir de 1975. Los abogados Gastón Casabella y Dolores Parra Vega fueron categóricos al momento de justificar los pedidos de penas para los imputados de los aberrantes hechos que se ventilaron en este largo proceso que se inició en octubre de 2015 en la Justicia Federal de Salta.
De las 32 víctimas del terrorismo de Estado solo cinco salvaron sus vidas, 24 permanecen desaparecidos y las restantes tres aparecieron despedazadas por efectos de artefactos explosivos. Los letrados dieron por probado que en la mayoría de los casos tuvo activa participación el ex jefe de la Policía de la Provincia, el coronel Miguel Angel Gentil. En el caso del general Héctor Ríos Ereñú, le atribuyeron 9 hechos de los que resultaron víctimas militantes de izquierda de los departamentos Orán y San Martín. Una de las víctimas fue la exdiputada Nicolasa del Valle Montilla, cuyo cadáver apareció destrozado por un explosivo cerca de General Mosconi. Los otros 8 están desaparecidos. Al comisario Joaquín Guil lo responsabilizaron por siete secuestrados y desaparecidos, la mayoría de ellos profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). También pidieron la máxima condena para el coronel Virtom Modesto Mendíaz, que estuvo al frente de la Policía local por unos meses. A este militar le atribuyen el secuestro y homicidio del contador Raúl Humberto Machaca y del militante montonero Daniel Loto Zurita.
Con respecto a Gentil, la abogada Parra Vera señaló: "Tenemos por probado que deberá responder por los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por el uso de violencia y por el tiempo de duración, por prolongar indebidamente la detención sin poner a la persona a disposición de un juez competente; todo ello en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía, en calidad de autor mediato". En los mismos términos se pronunció Casabella en relación a Ríos Ereñú, quien durante la gestión del presidente Alfonsín se desempeñó como la máxima autoridad del Ejército. En esta oportunidad fue imputado cuando, con el grado de teniente coronel, estuvo al frente del Regimiento de Infantería de Monte 28 Tartagal. Por ser en aquel momento el responsable del área operativa norte, el querellante lo responsabiliza por los secuestros y desaparición de Mario Bernardino Luna, Sergio Wenceslao Copa, Santo Abraham Garnica, David Reina León, Silvia Ruth Sáez de Vuistas, Gregorio Tufiño Ruiz, Raúl Araujo, Benita Giménez de Medina y el asesinato de la exdiputada Montilla. También solicitó seis años de prisión para el comisario Arturo Madrigal, como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad en el caso de Sáez de Vuistas, ocurrido en Embarcación.
Casabella sostuvo que "todo esto sucedió en momentos en que el Estado de derecho estuvo suprimido, lo que posibilitó que el aparato represivo atacara a una parte de la población civil por el solo hecho de pensar distinto". Por su parte, la abogada Parra Vega dijo que en los casos de Guil, Gentil y Mendíaz "el reproche que se les formula es haber organizado e intervenido directamente en la privación ilegítima de la libertad y posterior desaparición de las víctimas". En ese sentido, la querellante apuntó que "en el grado de responsabilidad jurídíco-penal y consecuente participación de los causantes, corresponde el grado de coautores mediatos responsables de los delitos atribuidos".
Categórica descripción
En el marco de este proceso, los fiscales federales Carlos Martín Abad y Francisco Snopek iniciaron ayer los alegatos. Abad hizo una introducción descarnada del accionar del terrorismo de Estado en la Argentina. “Esto no empezó el 24 de marzo de 1976, sino mucho antes. Esta gente utilizó el manual del carnicero para cometer los aberrantes crímenes. No se conformaron con secuestrar, torturar y ejecutar a tiros a una víctima, sino que utilizaron artefactos explosivos para hacer desaparecer a las personas con la idea lograr impunidad”, sentenció.