En la capital salteña avanza la iniciativa que busca que en las empresas con más de 50 empleados haya guarderías. Los concejales ya resolvieron tratar el tema en un plenario. El proyecto establece que la Municipalidad debe incorporar como exigencia para la habilitación de un negocio un espacio para los niños.
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En la capital salteña avanza la iniciativa que busca que en las empresas con más de 50 empleados haya guarderías. Los concejales ya resolvieron tratar el tema en un plenario. El proyecto establece que la Municipalidad debe incorporar como exigencia para la habilitación de un negocio un espacio para los niños.
Los ediles de la comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones empezaron a debatir la propuesta de la concejal Frida Fonseca Lardies (PJ).
En una reunión analizaron el texto junto al abogado laboralista Oscar Farah, quien delineó las posibilidades de su aplicación.
En el articulado de la iniciativa se fija la obligatoriedad de los negocios o empresas con más de 50 empleados de instalar una guardería para niños que deberá contar con una sala de lactancia.
Se busca, de esta manera, garantizar a padres y madres la permanencia y el cuidado de sus hijos con un servicio acorde a la edad.
Al referirse a la propuesta, Fonseca Lardies recordó que "para otorgar la habilitación, el Ejecutivo municipal requiere a los comercios y empresas una serie de servicios destinados a los trabajadores, como estacionamientos y sanitarios adecuados. La iniciativa se circunscribe en este marco, ya que las guarderías serían un servicio más que deberán ofrecer las firmas a sus trabajadores".
El abogado Oscar Farah, por su parte, consignó el artículo 12 de la Constitución nacional, que establece que la facultad de legislar en materia de trabajo es una prerrogativa del Estado nacional. Hizo referencia también al artículo 179 de la ley de contrato de trabajo que fija que las empresas deben disponer de salas maternales y guarderías para niños.
Farah explicó, al respecto, que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante un fallo, dio 90 días al Gobierno nacional para reglamentar este requerimiento.
Los concejales coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis del proyecto de ordenanza, acordando la elaboración de un proyecto de resolución que convoque a reunión plenaria.