Antonio Oieni [email protected]
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Ante los cuestionamientos que desató el concurso para cubrir cinco cargos de jueces en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, el gobernador Juan Manuel Urtubey pidió a la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, un dictamen sobre las ternas que el Consejo de la Magistratura giró al Ejecutivo el pasado viernes 7.
El requerimiento de Urtubey fue confirmado ayer mediante un comunicado oficial en el que se resaltó la importancia de “consolidar la confianza de los salteños en las instituciones de la democracia”. En el parte del Gobierno se consideró “fundamental garantizar la transparencia de los procesos públicos, y máxime cuando se trate de la selección de magistrados judiciales”.
Más tarde, tras la apertura de sobres de la licitación de las obras del colegio Fray Mamerto Esquiú de Pichanal, corresponsales norteños consultaron al gobernador sobre su decisión. “Que la gente confíe en las instituciones: yo no voy a avalar procedimientos que sean sospechados”, aseguró el mandatario, y anunció que hoy, con el dictamen de la Fiscalía de Estado en la mano, tomará una decisión. No descartó un desechamiento de ternas y nuevas instancias selectivas.
Carlos Zapata, el diputado que denunció irregularidades en el procedimiento selectivo de camaristas, manifestó que “es auspiciosa la decisión del gobernador de consultar a la Fiscalía de Estado. Espero que no lo haya hecho para aparentar un apego a la institucionalidad, porque se debe restaurar la credibilidad de la Justicia”, agregó. El legislador dijo que espera de la Fiscalía de Estado la “ecuanimidad que no garantizó el procedimiento de selección de los jueces. “Los concursos sospechados no favorecen en nada a las instituciones”, acotó.
Cinco concursos
Para sumar un tercer juez a las salas del tribunal de apelaciones civil y comercial, el Ejecutivo había promovido, en septiembre de 2016, cinco concursos. Uno por cada sala.
Tras las convocatorias se inscribieron 39 postulantes, de los que 26 llegaron hasta las instancias finales del procedimiento de selección que terminó el pasado viernes 7, con las cinco ternas remitidas desde el Consejo al Ejecutivo.
El 16 de marzo último, El Tribuno había anticipado que las ternas envolverían al cuerpo elector de jueces y fiscales en otro escándalo. Días antes, Zapata había pedido al Consejo que pare el procedimiento porque se comprobó que dos de las postulantes, en su condición de secretarias de la sala III de la Cámara, habían tenido directa intervención en un fallo, del 24 de febrero de 2016, que se utilizó para tomar la evaluación escrita a los aspirantes.
De esa forma, en el examen que se realizó el pasado 17 de febrero las postulantes María Alejandra Gauffín y María Victoria Mosmann corrieron con una clara ventaja. Ambas, finalmente, resultaron ternadas para ocupar los cargos de juezas en las salas I y III, respectivamente.
No fue el conocimiento previo del fallo propuesto para el examen la única irregularidad que tiñó de sospechas el procedimiento se selección.
Todos en uno
A fines de 2016, con un récord de postulantes anotados en los cinco concursos para camaristas, el Consejo decidió unificar los exámenes escritos y las entrevistas. Esto no hizo más que acrecentar la desconfianza de los postulantes, que ya veían a las dos secretarias de la sala III y a otros concursantes vinculados con instituciones representadas en el Consejo como supuestos “elegidos” del poder.
Sin forma de probarlo, muchos de los postulantes siguen convencidos de que no solo las citadas secretarias de Cámara, sino también otros abogados ternados, conocían de antemano el fallo que marcó diferencias en la evaluación escrita.
Y, una vez más, como había sucedido en tantos otros concursos de jueces y fiscales definidos desde 2013 bajo condiciones reprochables, también las entrevistas de este procedimiento dejaron dudas sobre la imparcialidad de las calificaciones.