El juicio por el caso del pequeño Thiago desnudó con mayor nitidez las graves falencias que imperan en la Justicia y en las estructuras del Gobierno con respecto a la protección de niños en situación de riesgo. Thiago Quipildor tenía 4 años cuando murió, pero a esa temprana edad ya era un superviviente. El nene tenía apenas dos años y meses cuando, junto a otros tres hermanitos, quedó bajo la guarda de los "padres sustitutos", Patricia Alejandra Sánchez, ama de casa de 41 años, y Víctor Marcelo Senise, de 52, de profesión docente, catequista y aficionado al entretenimiento de niños.
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El juicio por el caso del pequeño Thiago desnudó con mayor nitidez las graves falencias que imperan en la Justicia y en las estructuras del Gobierno con respecto a la protección de niños en situación de riesgo. Thiago Quipildor tenía 4 años cuando murió, pero a esa temprana edad ya era un superviviente. El nene tenía apenas dos años y meses cuando, junto a otros tres hermanitos, quedó bajo la guarda de los "padres sustitutos", Patricia Alejandra Sánchez, ama de casa de 41 años, y Víctor Marcelo Senise, de 52, de profesión docente, catequista y aficionado al entretenimiento de niños.
De la investigación fiscal surgió que el chiquito comenzó a ser sometido a vejámenes, torturas y tratos crueles al poco tiempo de quedar bajo a la guarda de la pareja, en diciembre de 2013, y eso se corroboró con las 276 lesiones que presentaba en el cuerpo al momento de producirse su muerte, en julio de 2015. Como lo dijo el fiscal Pablo Paz, en los alegatos del lunes, paradójicamente, con su deceso Thiago salvó la vida de su hermanita, entonces de 6 años, quien también fue víctima de aquel terrible calvario. Los médicos advirtieron en ella 119 lesiones, entre las que contabilizaron una decena de fracturas ya consolidadas.
El juicio confirmó que, para que estos deleznables hechos se consumaran, hubo una batería de responsabilidades en el ex Ministerio de Derechos Humanos, en el juzgado de Familia y en la Asesoría de Menores e Incapaces.
Los responsables de esas estructuras del Gobierno, del Poder Judicial y del Ministerio se desentendieron del monitoreo de los niños y dejaron ese trabajo, exclusivamente, a dos psicólogas y una asistente social. La fiscalía determinó que en los 18 meses que los niños permanecieron con el matrimonio, el gabinete técnico solo elevó cuatro informes al Juzgado de Familia cuando debía hacerlo una vez por mes.
Para el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, la situación se agravó más aún por el hecho de que esos informes eran falsos. Con ello justificó los pedidos de condenas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica para Lorena Recchiuto, Marina Vargas y Jaqueline Rosas.
Sin embargo, estas negligencias no fueron advertidas por los "mandos naturales". Es decir, por la entonces ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino; el juez de Familia, Daniel Canavoso, y la asesora de Menores, Silvia Ibarguren. Cansino recién ahora va a ser investigada por este hecho, en tanto que Canavoso e Ibarguren fueron sobreseídos. Con esto se confirmó, una vez más, lo que manifestó el defensor Juan P. Recchiuto: "El hilo se cortó por lo más delgado"
¿Que pasará con el juez y la asesora?
Durante el desarrollo del juicio surgieron varias preguntas que quedaron flotando en el aire. “¿Quién tenía la patria potestad de Thiago?”, interrogó el defensor Domingo Vargas. Nadie respondió.
Según el letrado, esa institución jurídica era de Daniel Canavoso, el juez de Familia que dispuso que el niño y sus cuatro hermanos quedaran al cuidado del Estado por encontrarse en situación de abandono y luego entregó la guarda al matrimonio Senise-Sánchez.
Canavoso fue sobreseído en la causa, pero según Vargas la situación del magistrado podría ser analizada por la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta, el tribunal que tiene la misión de controlar el desempeño de los jueces de la provincia. A su juicio, idéntica medida podría adoptar el Colegio de Gobierno del Ministerio Público Fiscal para el caso de la asesora de Menores Silvia Ibarguren.
Los fiscales Pablo Paz y Ramiro Ramos Ossorio habían solicitado en su momento el procesamiento de Canavoso e Ibarguren, pero el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, consideró que no tenían responsabilidad en el hecho.