El juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar en la que declaró "inaplicable e inconstitucional" la resolución establecida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que regula el uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad en casos de peligro inminente, al hacer lugar a dos medidas cautelares presentadas por diversas agrupaciones.
La diputada porteña Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) dijo a Télam que el pedido de la cautelar ante el juez Gallardo fue presentada "ayer, a las cinco de la tarde, y a las pocas horas el magistrado hizo lugar porque entendió que además de ser ilegítima, es profundamente ilegal la nueva normativa, ya que viola la Constitución y el código penal en su artículo 34".
Fueron dos las cautelares presentadas: una por la Asociación "Nace un Derecho", y otra por Bregman y Nicolás del Caño, junto con la Correpi e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Una de las peticionantes de esta última agrupación es Carla Lacorte, quien se encuentra en silla de ruedas, luego de haber sido víctima de un caso de gatillo fácil en el año 2001, quien en diálogo con esta agencia sostuvo que "al policía que me baleó también lo defendió el Estado".
Sobre este punto, Bregman confió que "tenía gran importancia que ella en particular participe de la presentación porque fue víctima directa de lo que fue un malentendido de un policía que consideró que era campaña de un robo, cuando ella bajaba del colectivo, proveniente de la facultad, y le disparó en el centro de Quilmes".
La resolución 956/2018 regula el uso de armas de fuego ante un "peligro inminente" en casos de delitos graves y persecuciones.
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El juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar en la que declaró "inaplicable e inconstitucional" la resolución establecida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que regula el uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad en casos de peligro inminente, al hacer lugar a dos medidas cautelares presentadas por diversas agrupaciones.
La diputada porteña Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) dijo a Télam que el pedido de la cautelar ante el juez Gallardo fue presentada "ayer, a las cinco de la tarde, y a las pocas horas el magistrado hizo lugar porque entendió que además de ser ilegítima, es profundamente ilegal la nueva normativa, ya que viola la Constitución y el código penal en su artículo 34".
Fueron dos las cautelares presentadas: una por la Asociación "Nace un Derecho", y otra por Bregman y Nicolás del Caño, junto con la Correpi e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Una de las peticionantes de esta última agrupación es Carla Lacorte, quien se encuentra en silla de ruedas, luego de haber sido víctima de un caso de gatillo fácil en el año 2001, quien en diálogo con esta agencia sostuvo que "al policía que me baleó también lo defendió el Estado".
Sobre este punto, Bregman confió que "tenía gran importancia que ella en particular participe de la presentación porque fue víctima directa de lo que fue un malentendido de un policía que consideró que era campaña de un robo, cuando ella bajaba del colectivo, proveniente de la facultad, y le disparó en el centro de Quilmes".
La resolución 956/2018 regula el uso de armas de fuego ante un "peligro inminente" en casos de delitos graves y persecuciones.
Dentro de este escenario el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó hoy "la competencia" del juez porteño Roberto Gallardo que determinó que el protocolo de seguridad es inconstitucional e inaplicable, y aseguró que el magistrado "tiene una tendencia a avanzar en áreas que no son de su competencia".
"No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en un reglamento de fuerzas federales", dijo Garavano en declaraciones formuladas a radio La Red.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional e inaplicable en el territorio de la ciudad de Buenos Aires el protocolo de uso del armas de fuego que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, determinó para las fuerzas federales.
"Es una opción que algún juez, en este caso Gallardo, pudiera cuestionar una reglamentación interna del Ministerio de Seguridad, supongo que será analizada por el área de jurídica (de esa cartera), pero llama la atención en este caso la competencia del juez", concluyó.