Federico Magno, el codefensor del exjuez federal de Orán, manifestó que "estamos muy conformes con el desarrollo del juicio" por considerar que no hay ninguna prueba sólida que determine la responsabilidad Juan Raúl Reynoso en los delitos que le imputan. En ese sentido, el abogado destacó la tarea del Tribunal Oral Federal de Salta al señalar que "está manejando con un criterio amplio en lo que va del debate".
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Federico Magno, el codefensor del exjuez federal de Orán, manifestó que "estamos muy conformes con el desarrollo del juicio" por considerar que no hay ninguna prueba sólida que determine la responsabilidad Juan Raúl Reynoso en los delitos que le imputan. En ese sentido, el abogado destacó la tarea del Tribunal Oral Federal de Salta al señalar que "está manejando con un criterio amplio en lo que va del debate".
Magno le restó trascendencia a los duros testimonios de los secretarios, subsecretarios y otros abogados que trabajaron con Reynoso en el juzgado norteño hasta 2015 cuando fue destituido y procesado de ser el jefe de una asociación ilícita. Según la acusación fiscal Reynoso se asoció con cuatro abogados, dos empleados y un particular para favorecer, mediante sus resoluciones, la libertad o la atenuación de las causas en favor de narcos mediante el cobro de dinero y/o dádivas.
"Hasta el momento nadie pudo demostrar en tiempo, modo y lugar los cargos que le imputan al doctor Reynoso", expresó Magno. Indicó que "ningún testigo, y aún los que hablan de libertades tarifadas, probó que Reynoso haya cobrado esas coimas o esas dádivas. Nadie lo vio cobrando nada de nada". El letrado sostuvo que los empleados "han sido concordantes al decir que no vieron ninguna ilegalidad; quizás hubo expedientes que se tramitaron más rápido que otros, pero ninguno fue resuelto contrario a derecho". Según Magno todas las resoluciones cuestionadas se basaron en criterios jurídicos. Como prueba de sus dichos el codefensor señaló que "el ochenta por ciento de las resoluciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Habría que consultarle a los jueces y a los fiscales de ese tribunal porqué avalaron esas resoluciones". En los mismos términos se refirió respecto de la actuación del fiscal del Jugado Federal de Orán, José Luis Bruno.
"Si como se dice, que en el juzgado de Orán funcionaba una mafia, entonces aquí también tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados el doctor Bruno", sentenció. Tirando de esta cuerda Magno apuntó que " si esto es así, el propio querellante (por Carlos Garmendia) nos dio la razón cuando dijo que el fiscal Bruno fue cómplice por la función de contralor que le correspondía".
En relación a la denuncia del abogado David Leiva y de un testigo protegido del juzgado norteño, Magno subrayó que "nada de lo que dijeron lo pudieron probar en el sentido de que Reynoso concurría a lugares extraños para arreglar las coimas o que el juzgado era una usina generadora de actividades al margen de la ley". A su juicio, el proceso a Reynoso "forma parte de un entramado político-judicial, cuyas causas deberán ser motivo de una investigación.
Respecto a los testimonios que sindican a la abogada María Elena Esper como la principal operadora de los pedidos de coima en nombre del exjuez, Magno señaló que "en este caso esta persona se tendrá que hacer de esas imputaciones". Frente a lo expuesto enfatizó que "en este proceso cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que le compete". Y concluyó en estos términos: "Mi función en el juicio es demostrar, como lo estamos haciendo, que Reynoso no tiene nada que ver con las falsas imputaciones".
Citarán como testigo al juez Abel Cornejo
En la audiencia de ayer el Tribunal Oral Federal hizo lugar a un pedido de Reynoso para que el juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, sea convocado a declarar como testigo. La medida fue resuelta con los votos a favor de los camaristas Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. El que se opuso fue el presidente Federico Díaz. Reynoso requirió la presencia de Cornejo a raíz de unas declaraciones periodísticas que realizó en la Gaceta en relación al juicio. El fiscal Carlos Amad señaló que “como lo expresé en su momento, en esas declaraciones el doctor Cornejo no dijo que conoce la causa, sino que dio una opinión respecto del proceso, como lo puede hacer cualquier persona”. Frente a la resolución del tribunal, Cornejo tiene la opción de presentarse a declarar o responder a un cuestionario elaborado por la defensa de Reynoso con la anuencia del fiscal.
Previo a ello, el tribunal escuchó el testimonio del abogado Víctor Andrés Ruiz, quien confirmó que en Orán era “vox populi” que en el Juzgado Federal de Orán la libertad de los presos estaba tarifada durante la gestión de Reynoso. “Yo hablo por lo que me dijeron o escuché de boca de colegas en los cafés, pero nada de eso lo pude probar porque no tenía causas federales”, expresó Ruiz.
Por su parte el empleado Carlos Horacio Vergara manifestó que personalmente no advirtió situaciones irregularidades en el juzgado, como lo expresado por los secretarios y otros letrados que declararon a lo largo del juicio. “Nunca recibí malos tratos, no escuché hablar de coimas, ni nada fuera de lo normal”, dijo. El testigo reconoció que realizó un trabajo extra por orden de Reynoso cuando éste ya estaba siendo investigado en la causa que luego concluyó con su destitución. Contó que el exjuez le pidió que contabilizara la cantidad de llamadas telefónicas que había mantenido con el abogado René Gómez, otro de los imputados en la causa. Amad cuestionó el proceder del empleado.