El Continente Antártico. La Antártida, a diferencia del Ártico, es un continente cubierto de hielo. Su extensión se calcula en 14 millones de km2, cuya parte más “accesible” - la Península Antártica - se ubica a 1.000 km de distancia del extremo peninsular sudamericano contra 2.200 de Nueva Zelanda, 2.250 de Tasmania y 3.600 de Sudáfrica.
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El Continente Antártico. La Antártida, a diferencia del Ártico, es un continente cubierto de hielo. Su extensión se calcula en 14 millones de km2, cuya parte más “accesible” - la Península Antártica - se ubica a 1.000 km de distancia del extremo peninsular sudamericano contra 2.200 de Nueva Zelanda, 2.250 de Tasmania y 3.600 de Sudáfrica.
Configura, en general, una gran meseta cuya mayor altura se ubica precisamente en el Polo Sur geográfico a 3.000 metros sobre el nivel del mar (aunque 2.700 m son de puro hielo). Las dificultades geográficas y climáticas impiden asentamientos humanos estables.
La Antártida se presintió más que verificó hacia el siglo XVIII. Los primeros avistamientos fueron de las islas subantárticas, descubiertas por casualidad. Navegantes españoles, ingleses y holandeses, con el correr de los años y antes de la guerra de independencia, hicieron más intensa la aproximación y el reconocimiento.
Argentina y la Antártida
La Ley 20.827/74 declaró al 22 de febrero “Día de la Antártida Argentina”, pues en esa fecha de 1904 nuestro país asentó por primera vez una base científica permanente en la Bahía Scotia de la Isla Laurie, Archipiélago Orcadas del Sur. Desde entonces, nuestro país mantiene allí una presencia pacífica e ininterrumpida con ánimo de propiedad. Recién a partir de los años 40 empezó el asentamiento de bases de otros países.
El Sector Antártico Argentino se ubica entre los meridianos 74º y 25º oeste, el paralelo de 60º sur y el Polo Sur. Con sus 965.597 km2 constituye el departamento Antártida Argentina de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, creada a su vez en abril de 1990 por Ley 23.775/90, con capital en Ushuaia.
Nuestro activismo antártico se corresponde con una política de Estado, más allá de vaivenes presupuestarios e inconsistencias geoestratégicas.
Tales actividades se desarrollan principalmente en las seis bases permanentes: Belgrano, Carlini, Esperanza, Marambio, Orcadas y San Martín; y siete bases temporarias “de verano”: Brown, Cámara, Decepción, Matienzo, Melchior, Petrel y Primavera.
Cabe recordar que la “Tierra de San Martín” (nuestra porción) se superpone con parte del sector reclamado por Chile (Tierra de O’Higgins o Antártica Chilena) y, totalmente, con cierto British Antartic Territory.
El Sistema Antártico
El Consejo Internacional de Uniones Científicas venía advirtiendo sobre la necesidad de estudiar y proteger los ecosistemas antárticos. Con motivo de la preparación del Año Geofísico Internacional de 1958, el presidente Eisenhower convocó a once países de actividad comprobada en la Antártida, para negociar en Washington un acuerdo marco de regulación de actividades. Dado el contexto político internacional de esos años, el futuro convenio fue claramente un subproducto de la Guerra Fría.
El Tratado Antártico (TA) se firmó el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigencia el 23 de junio de 1961. Argentina lo aprobó mediante Ley 15.802/61. Su ámbito de aplicación se extiende desde el Polo Sur hasta toda la línea de circunvalación constituida por el paralelo de 60º sur.
Consta de un Preámbulo y catorce artículos y su duración es ilimitada, pero -transcurridos 30 años de su vigencia- cualquier Estado parte podía pedir una conferencia de revisión.
Reconoce dos categorías de miembros: partes consultivas, los 12 originarios más 17 que se sumaron después, todos Estados que realizan investigaciones y han construido bases; y las partes adherentes (otros 20 países), que aceptan los propósitos y principios del TA pero no realizan actividades ni tienen bases.
Los miembros originarios fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la entonces URSS.
Con los años, el TA conformó un “sistema”, aunque todavía sea una incógnita lo que ocurrirá cuando venza la moratoria acordada en octubre de 1991. Para afianzar su institucionalidad, las partes decidieron establecer, en 2004, una Secretaría permanente, cuya sede es la ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento sin duda.
Principales características
El tratado es contundente al establecer que la utilización de la Antártida será exclusivamente para fines pacíficos (art. 1) y garantizar la libertad científica (art. 2); pospone el debate sobre reclamos de soberanía (art.4); establece la prohibición absoluta de explosiones nucleares o eliminación de desechos radiactivos, pionero en su época (art. 5); no afecta los derechos de terceros estados sobre la alta mar en toda la región de aplicación (art. 6); prevé inspecciones e intercambio de información con la sola notificación entre partes (art. 7); instituye reuniones de consulta periódicas (art. 9) y la solución pacífica de controversias (art. 11). Puede ser enmendado o modificado por acuerdo unánime de partes (art. 12) y está abierto a la adhesión de cualquier Estado miembro de la ONU (art. 13).
Reclamos de soberanía
El derecho internacional reconoce distintos modos de adquisición de territorios, anteriores incluso al surgimiento del Estado moderno. El más perfecto es la ocupación -pública y pacífica- de tierra deshabitada (terra nullius), tal fue el caso de la Antártida.
Frente a las complicaciones que generaba el tema, el art. 4 TA prevé que ninguna de sus disposiciones se interpretará como renuncia a los derechos de soberanía (inc. 1 a), renuncia a reclamaciones precedentes (inc. 1 a), renuncia o menoscabo de fundamentos de reclamación de cada parte (inc. 1 b), o perjudicial a la posición de cualquiera de las partes respecto de otras en cuanto al reconocimiento o no de los derechos soberanos (inc. 1 c) y, por fin, ningún acto o actividad llevados a cabo durante la vigencia del tratado servirá de fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación, tampoco se podrán hacer nuevas reclamaciones ni ampliar las anteriores (inc. 2).
Los estados que sostienen soberanía (como la Argentina o Chile) o una reclamación (Reino Unido) han trazado sus jurisdicciones marítimas (mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva) y la plataforma continental.
A la fecha, por distintos argumentos y en distinto tiempo, sostienen soberanía o reclamos de soberanía nuestro país, Australia, Chile, Ecuador, España, Francia, Noruega y el Reino Unido. En la negociación de 1959, Estados Unidos y Rusia no habían planteado reclamos territoriales pero se los negaban a los países que los hicieron, aunque ambas superpotencias resguardaron su derecho de formular reclamaciones cuando lo consideraran oportuno.
Los títulos argentinos
Argentina es de los pocos países del sistema con títulos perfectos. Históricamente hemos invocado los siguientes: continuidad geológica, contigüidad geográfica, herencia histórica de España, actividades foqueras regulares desde 1820, ocupación permanente desde la instalación Isla Laurie, construcción y mantenimiento de bases temporarias, investigación científica y trabajos cartográficos, instalación y mantenimiento de faros y ayudas para la navegación, tareas de rescate, auxilio y apoyo, presencia en todo el sector (tierra, mar y aire), incluso el Polo Sur, al que accedimos por primera vez en 1965 con la recordada expedición comandada por nuestro comprovinciano, el Gral. Jorge Leal.
Esta enumeración confirma la limpieza y buena fe de nuestra posición. Queda, eso sí, la ardua tarea de mantenerla con firmeza ante la comunidad internacional cuando venza la moratoria.
Acuerdos complementarios
El Sistema Antártico generó importantes tratados con el transcurso de los años, pero por razones de espacio nos centraremos en los Acuerdos de Madrid de 1991. Cumplidos los treinta años de vigencia del TA, las partes consultivas no llegaron a un acuerdo para enmendarlo o modificarlo. Los intensos debates se zanjaron con la firma de un Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 1991), con cinco anexos relacionados con esa problemática.
Ante la fuerte presión de intereses que propiciaban la explotación de la Antártida, su art. 2 la proclama “reserva natural consagrada a la paz y la ciencia”. A su vez, El art. 7 del Protocolo prohibe “cualquier actividad minera relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica”.
Sin embargo, el art. 25 -referido a su enmienda o modificación- prevé que transcurridos 50 años de entrada en vigencia del Protocolo, cualquiera de las Partes Consultivas podrá instar la convocatoria a una conferencia a fin de revisar su aplicación; lo cual abrió una gran incógnita. Esto implicaba una moratoria de hecho.
La incógnita
El año 2041 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué puede pasar?
La primera posibilidad es una nueva moratoria, promovida por el temor a que las actividades económicas repercutan negativamente en su medio ambiente. La alarma se había disparado en los 80 cuando se constató lo del agujero de ozono.
Puede suceder que para entonces haya tecnología de calidad para la extracción de minerales distintos a los hidrocarburos. Si así fuese, obviamente tomarán la delantera los países poseedores de tecnología.
Es igualmente probable que se suscite una fuerte presión para declarar a la Antártida “patrimonio común de la humanidad”, en cuyo caso esa designación también favorecerá a la larga a las potencias desarrolladas.
Si así fuese, tal decisión impactará en cuestión de soberanía. Entones, si Argentina no estabiliza su diseño político, económico y social, la pasará mal. Mientras se barajan fórmulas para destrabar el diálogo con el Reino Unido por las Malvinas, está claro que no se trata solo de ese archipiélago sino también de las Georgias y Sandwich del Sur. Esa problemática está estrechamente vinculada con los espacios marinos circundantes y la Antártida misma. De modo que un tema abarca todos.
Epílogo
El pasado 7 de marzo, con motivo de una visita al país del rey noruego Harald V, el canciller Jorge Faurie, en un acto referido a la cooperación antártica entre ambos países, habría dicho que la Antártida es patrimonio común de la humanidad. Semejante torpeza político - diplomática habría motivado su interpelación a iniciativa del diputado mendocino (FPV) Guillermo Carmona.
El incidente demuestra qué lejos estamos de sostener un proyecto geopolítico para el próximo medio siglo.