Es casi una práctica inveterada de las megaempresas, particularmente de las multinacionales, el utilizar a los trabajadores como rehenes de sus desaguisados o simples negociados. En estos momentos son notorios los casos del grupo Indalo, Correo Argentino, Ingenio San Isidro y Carrefour. El solo hecho de pedir soluciones al Gobierno implica tirarle el fardo de sus supuestos problemas a todos los argentinos, que deberán sacrificar cientos de millones de pesos para el "salvataje" de miles de puestos de trabajo. En realidad hay un problema de planteo, porque si la empresa es inviable de nada servirá tirarle permanentes salvavidas y solo prolongará la agonía de los propios trabajadores (como hemos visto en infinidad de casos). Casi provoca vergenza ajena que estas empresas pretendan recibir apoyos gubernamentales y/o autorización para despedir con indemnizaciones reducidas.
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Es casi una práctica inveterada de las megaempresas, particularmente de las multinacionales, el utilizar a los trabajadores como rehenes de sus desaguisados o simples negociados. En estos momentos son notorios los casos del grupo Indalo, Correo Argentino, Ingenio San Isidro y Carrefour. El solo hecho de pedir soluciones al Gobierno implica tirarle el fardo de sus supuestos problemas a todos los argentinos, que deberán sacrificar cientos de millones de pesos para el "salvataje" de miles de puestos de trabajo. En realidad hay un problema de planteo, porque si la empresa es inviable de nada servirá tirarle permanentes salvavidas y solo prolongará la agonía de los propios trabajadores (como hemos visto en infinidad de casos). Casi provoca vergenza ajena que estas empresas pretendan recibir apoyos gubernamentales y/o autorización para despedir con indemnizaciones reducidas.
En una mala copia de la legislación española, nuestra normativa laboral desde la década del 90 ha establecido el procedimiento preventivo de crisis (PPC), que constituye un mecanismo que tiene como hipotética finalidad preservar las fuentes de empleo. Es el trámite iniciado por las empresas señaladas.
¿Cómo es el procedimiento?
De acuerdo con la Ley 24.013, con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% del personal, en firmas con menos de 400 personas (las micropymes están en una nebulosa en esta regulación) deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis ante la autoridad laboral, siendo obligación del empleador elaborar un amplio informe sobre la situación de crisis y las causas que la provocaron. También deberá proponer medidas tendientes a superar la crisis antes de avanzar en cesantías o en suspensiones. Es obligatorio dar participación al sindicato de la actividad.
El PPC, como está diseñado, constituye un procedimiento absolutamente inútil. Salvo la posibilidad de acercar a las partes, no ofrece ninguna solución al conflicto.
La tramitación del PPC y su conclusión no implican que el empleador quede habilitado para invocar despidos abonando menos indemnización. En los hechos la jurisprudencia ha sido particularmente severa con esta pretensión, partiendo de la idea de la ajenidad del riesgo; esto es: si los trabajadores no participan en las ganancias, no deberían participar en las pérdidas. En especial las sentencias ponen énfasis en que el empleador debe demostrar que la causal económica de disminución de trabajo no le es imputable y que ha agotado todos los medios posibles antes de llegar a dicha decisión.
REPRO
Parecería que lo que buscan estas empresas es -directamente- un apoyo económico. En particular recibir el REPRO. ¿Qué es? Se trata de un subsidio otorgado a empresas en crisis consistente en 10 y 14 mil pesos, por cada trabajador, durante un año.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner los principales beneficiarios fueron los clubes de fútbol (el que encabeza la tabla -la única que ha encabezado en los últimos tiempos- es Racing Club, casualmente el club de Néstor y Máximo Kirchner). También fueron beneficiados hoteles cinco estrellas, como los emblemáticos Llao Llao, de Bariloche, y Alvear Palace de la ciudad de Buenos Aires. Los exfuncionarios del Ministerio de Trabajo que los otorgaron actualmente se encuentran denunciados ante la justicia penal.