La posibilidad de convocar a una asamblea constituyente en Salta quedó fortalecida ayer cuando el gobernador Juan Manuel Urtubey sugirió que es tiempo de “evaluar algunas iniciativas de la oposición respecto de una reforma constitucional”.
La reforma constitucional es hasta el momento una iniciativa, planteada en un consenso de amplios sectores de la oposición en 2014, a la que en principio aceptan sumarse Urtubey y el justicialismo.
Existen otros tres proyectos legislativos en lista de espera, pero una reforma de esa naturaleza no debería ser fruto de un proyecto unipersonal sino de un acuerdo multipartidario. La necesidad de limitar los mandatos de gobernadores, intendentes y legisladores a dos períodos consecutivos de cuatro años goza ya de consenso absoluto; lo mismo ocurre con la exigencia de que se termine con el caudillismo de cada localidad y las prácticas clientelares. Hoy, el sistema permite que un partido que cuenta con el 30 por ciento de los votos maneje la mayoría absoluta de ambas cámaras legislativas, en virtud de acuerdos celebrados entre bambalinas.
Los otros dos temas urticantes son lograr un mejor servicio de Justicia, que garantice eficiencia, imparcialidad, independencia y seguridad al ciudadano, y garantizar que los órganos de contralor del manejo de los fondos públicos cuenten con absoluta idoneidad profesional y que sus miembros no sean designados por los oficialismos de turno.
El disenso es sobre la oportunidad. Elegir los convencionales el año que viene, en simultáneo con las PASO (sin segunda vuelta), o en octubre de 2019, permitiría un trámite más rápido.
Incluso, algunos de los que promueven la reforma creen que se podría consensuar los puntos y al articulado de tal manera que los convencionales se limitaran a aprobar o rechazar el texto.
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La posibilidad de convocar a una asamblea constituyente en Salta quedó fortalecida ayer cuando el gobernador Juan Manuel Urtubey sugirió que es tiempo de “evaluar algunas iniciativas de la oposición respecto de una reforma constitucional”.
La reforma constitucional es hasta el momento una iniciativa, planteada en un consenso de amplios sectores de la oposición en 2014, a la que en principio aceptan sumarse Urtubey y el justicialismo.
Existen otros tres proyectos legislativos en lista de espera, pero una reforma de esa naturaleza no debería ser fruto de un proyecto unipersonal sino de un acuerdo multipartidario. La necesidad de limitar los mandatos de gobernadores, intendentes y legisladores a dos períodos consecutivos de cuatro años goza ya de consenso absoluto; lo mismo ocurre con la exigencia de que se termine con el caudillismo de cada localidad y las prácticas clientelares. Hoy, el sistema permite que un partido que cuenta con el 30 por ciento de los votos maneje la mayoría absoluta de ambas cámaras legislativas, en virtud de acuerdos celebrados entre bambalinas.
Los otros dos temas urticantes son lograr un mejor servicio de Justicia, que garantice eficiencia, imparcialidad, independencia y seguridad al ciudadano, y garantizar que los órganos de contralor del manejo de los fondos públicos cuenten con absoluta idoneidad profesional y que sus miembros no sean designados por los oficialismos de turno.
El disenso es sobre la oportunidad. Elegir los convencionales el año que viene, en simultáneo con las PASO (sin segunda vuelta), o en octubre de 2019, permitiría un trámite más rápido.
Incluso, algunos de los que promueven la reforma creen que se podría consensuar los puntos y al articulado de tal manera que los convencionales se limitaran a aprobar o rechazar el texto.