Seis diputados del PRO y la UCR presentaron ayer un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano. Lo denuncian por no haber rechazado dos acciones populares de inconstitucionalidad y por la conformación de una Corte ad hoc de conjueces, orientadas ambas, al parecer, a convertir en vitalicios los mandatos de los actuales siete jueces que integran el máximo tribunal salteño. Gladys Moisés, Norma Lizárraga, Martín de los Ríos, Héctor Chibán, Mario Mimessi y Humberto Vázquez le atribuyen "mal desempeño y posible comisión de delito".
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Seis diputados del PRO y la UCR presentaron ayer un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano. Lo denuncian por no haber rechazado dos acciones populares de inconstitucionalidad y por la conformación de una Corte ad hoc de conjueces, orientadas ambas, al parecer, a convertir en vitalicios los mandatos de los actuales siete jueces que integran el máximo tribunal salteño. Gladys Moisés, Norma Lizárraga, Martín de los Ríos, Héctor Chibán, Mario Mimessi y Humberto Vázquez le atribuyen "mal desempeño y posible comisión de delito".
Hoy, a mediodía, la comisión de Juicio Político se reunirá con los diputados denunciantes para que ratifiquen su denuncia. De ese modo, una parte de la oposición, minoritaria, toma partido en un conflicto político en el que se debate si la inamovilidad de los jueces acrecienta la independencia (como sostienen las mencionadas acciones) y se ponen en juego las atribuciones de la Corte para, a través de un tribunal integrado por jueces inferiores, puede extender indefinidamente los acuerdos de seis años de los actuales magistrados.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron planteadas por la Asociación de Jueces y por un ex magistrado federal, quienes objetan el artículo 156 de la Constitución salteña que otorga acuerdos renovables de seis años a los miembros de la Corte. La Constitución solo puede ser modificada por la convención constituyente, elegida por el voto ciudadano.
Los denunciantes entienden que las acciones debieron ser rechazadas "in límine" por la Corte, por proponer una revisión de normas constitucionales que atañen específicamente al diseño de la misma Corte.
En cambio, los miembros del tribunal se excusaron y convocaron al sorteo de conjueces. Los denunciantes objetan, en ese trámite, "la selección forzada de ilegal del tribunal de Impugnaciones" para sortear entre sus miembros a los inte
grantes de la Corte ah hoc. Consideran que ese tribunal del fuero penal es ajeno a la prescripción constitucional y que tres de sus miembros (Antonio Omar Silisque, Adolfo Figueroa y Luis Félix Costas) son jueces jubilados, designados por Catalano "sin atribución alguna y violando las prescripciones específicas" de las leyes y la Constitución. Señalan que la acción de inconstitucionalidad solo puede aplicarse a leyes, decretos, ordenanzas reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución, y contra decisiones de tribunales inferiores. Es decir, la Corte no puede controlar la constitucionalidad de la Constitución.
La denuncia sostiene que si la Corte pudiera revisar la Constitución se convertiría en un poder superior a la misma Constituyente y recuerda que los mismos jueces de la Corte sobre la ley de acción popular, que esta "no tiene otro objeto que el de hacer prevalecer la Constitución por sobre cualquier otra norma que contraríe sus términos".