Este año, el caso por el conflicto de tierras más emblemático que enfrenta Argentina fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de esa manera, la disputa de las 643.000 hectáreas, exlotes fiscales 55 y 14, de Santa Victoria Este, entre comunidades originarias y familias criollas, entró en su proceso contencioso.
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Este año, el caso por el conflicto de tierras más emblemático que enfrenta Argentina fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de esa manera, la disputa de las 643.000 hectáreas, exlotes fiscales 55 y 14, de Santa Victoria Este, entre comunidades originarias y familias criollas, entró en su proceso contencioso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió someter el caso 12.094, "Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)", a la jurisdicción de la Corte el 1 de febrero de 2018, porque consideró que Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
El 26 de mayo vencía el primer plazo acordado para que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Lhaka Honhat, enviaran las demandas de las comunidades a la Corte IDH, por la violación del derecho al territorio ancestral. Ese escrito fue remito y ahora el Estado nacional será quién deba fijar posición sobre lo planteado en ese momento.
El secretario de Asuntos Indígenas, Ricardo Echenique, explicó que la defensa de la Nación la marca el Gobierno central, a través de Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Por la provincia participa el Ministerio de Asuntos Indígenas y Fiscalía del Estado.
"El jueves a la tarde llegó un email diciendo que la Corte pasó vista a la Nación Argentina. Ahora es el momento para comenzar a contestar todas las observaciones que hacen los peticionarios", afirmó el secretario provincial.
Por su parte, Gabriela Kletzel explicó los pasos de este proceso contencioso internacional. "Se le acaba de dar traslado al Estado la presentación de las comunidades indígenas ante la Corte IDH y tiene un plazo hasta el 5 de septiembre para que el Estado nacional fije posición sobre si va a trabajar, respetar y determinar las garantías de los derechos de las comunidades o no", explicó la representante de la institución.
En ese momento, el CELS, en representaciones de las comunidades originarias, realizó un escrito que se llama "solicitudes, argumentos y pruebas" que ante la Corte IDH. Es una presentación exhaustiva en donde se detallan todos los hechos del caso desde su inicio.
"Ahí volcás todas las argumentaciones vinculadas con las violaciones de derechos que nosotros y las comunidades indígenas, entendemos que la Corte tiene que declarar violadas en este caso, pero también, todas las medidas de reparación que entendemos deberían determinarse por parte de la Corte, que son medidas vinculadas con garantizar principalmente los reclamos históricos que tienen que ver con la finalización con el proceso de limitación y marcación del territorio ancestral, la entrega del título único y colectivo", expresó la referente del CELS.
Kletzel hizo una aclaración porque, ya que denunció que hubo información equivocada, sobre que el título de propiedad se pretendía a nombre de la Lhaka Honhat y esto no es así. "Eso falso, lo que se pretende es un título único y colectivo a nombre de todas las comunidades indígenas del territorio. Nosotros en la asamblea del 25 de abril hicimos un repaso y actualmente son 92 comunidades indígenas de las distintas etnias y el título que se pretende nunca fue a nombre de Lhaka Honhat, por eso especificamos a la Corte cuáles son esas comunidades indígenas que están en el territorio reclamado", finalizó la directora de Equipo de Trabajo Internacional.