El próximo viernes comenzará el juicio a ocho policías y dos civiles acusados de conformar un asociación ilícita para la comercialización de drogas en la ciudad.
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El próximo viernes comenzará el juicio a ocho policías y dos civiles acusados de conformar un asociación ilícita para la comercialización de drogas en la ciudad.
Se trata de un caso descubierto en octubre de 2016 lo que permitió determinar que los "servidores públicos" brindaban protección a una familia de narcotraficantes del barrio Alta Tensión.
De la investigación surgió que con la excusa de combatir el microtráfico en la zona oeste de la ciudad, lo que en realidad hacían los policías era sacar del negocio a los eventuales competidores de la organización para monopolizar el mercado de comercialización de estupefacientes.
La banda de narcopolicías que pertenecía a la Unidad de Drogas Peligrosas del Sector 5 estaba conformada por un subcomisario, un oficial auxiliar y seis suboficiales. Todos ellos operaban junto a Sandra Elizabeth Serrudo y su hijo Ezequiel Alfredo Thiz. Ambos habían montado una aceitada red para la distribución de pasta base de cocaína (paco) en barrios neurálgicos de la capital, lo que se les posibilitó cooptar a policías para agigantar el ilegal negocio, a tal punto de maquinar la idea de eliminar del mercado a sus ocasionales competidores.
Al subcomisario Ricardo Enrique López, al oficial auxiliar Daniel Vizgarra y a la sargento ayudante Nancy Bruna les imputaron el delito de "omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Los más comprometidos son los otros imputados:
Cabo Pedro Gustavo Carrizo, "por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación, omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos".
Agente Sergio Eduardo López, por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación, omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario"
Los cabos Javier Ramón Costilla y Carlos Alfredo Erazo y el sargento ayudante Rafael Antonio Siares, por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación, tenencia simple de estupefacientes, omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público"
Además están imputados Sandra Elizabeth Serrudo (49) y Ezequiel Alfredo Thiz (26), por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por la participación más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación".
Según consta en la causa, a partir de la intervención de una línea telefónica perteneciente a Sandra Elizabeth Serrudo y a tareas investigativas practicadas en relación a la venta de sustancias estupefacientes, se constató que la acusada había estado realizando esa actividad en su domicilio de barrio Alta Tensión. De acuerdo con investigación fiscal "se constató también que los policías imputados habían conformado una asociación ilícita y que el objetivo era brindar protección a Serrudo y a su hijo, Ezequiel Alfredo Thiz".
Gozaba de total impunidad
Sandra Serrudo estaba sospechada de vender drogas desde hacía varios años. A partir de las denuncias anónimas se había advertido sobre su posible accionar. Por ello se dispuso la intervención de sus celulares y otras diligencias. Fue así que la Policía Federal confirmó que no solo vendía estupefacientes sino que gozaba de protección de policías de Drogas Peligrosas del Sector 5 con jurisdicción en el barrio donde la mujer tenía su domicilio.
El debate
La audiencia se desarrollará en el Salón de Grandes Juicios. Estará a cargo de los jueces de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Mónica Mukdsi (presidenta), Guillermo Pereyra y José Luis Riera (vocales). El Ministerio Público estará representado por Santiago Paz Soto, titular de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
La defensa de los imputados estará a cargo de Marco Luis Gorriti, Alfredo Luis Garce, Marcelo Eduardo Arancibia, Enrique Fabio Choque, Juan A. Medrano, Marcos y Esteban Isa.