La jueza jujeña María del Huerto Sapag dictó el pasado viernes un fallo que obliga a los centros de diálisis de la vecina provincia a garantizar los servicios a los pacientes que están contenidos por el programa Incluir Salud, y los que pudieran sumarse a futuro, pese a la abultada deuda que mantiene Estado nacional con los prestadores.
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La jueza jujeña María del Huerto Sapag dictó el pasado viernes un fallo que obliga a los centros de diálisis de la vecina provincia a garantizar los servicios a los pacientes que están contenidos por el programa Incluir Salud, y los que pudieran sumarse a futuro, pese a la abultada deuda que mantiene Estado nacional con los prestadores.
"Cuando los médicos no atendemos a nuestros pacientes caemos en el abandono de pacientes, que es una figura jurídica punible, pero ¿qué pasa cuando el financiador, que es quien debe disponer de los recursos para que se dé el tratamiento, no lo hace? ¿No es este acaso un abandono financiero del paciente?", se preguntó el médico Rodolfo Sabio, titular de la Asociación que agrupa a los prestadores privados de diálisis en Salta.
La jueza Sapag dicto la medida cautelar ante una presentación realizada por el Gobierno de Jujuy. La resolución judicial prohíbe a los centros de diálisis de la vecina provincia realizar cualquier acto u omisión que importe alguna variación de la efectiva y periódica prestación del servicio de diálisis a pacientes carenciados con insuficiencia renal terminal crónica (IRTC) a los que cubre la Agencia Nacional de Discapacidad a través del plan Incluir Salud.
En el marco del programa federal, que antes era conocido como Profe, el Estado nacional tiene atrasos de hasta más de 12 meses en las prestaciones.
Trasplantes renales
Raúl Ríos, director del Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante (Cucai Salta), precisó que en los siete centros de diálisis de la capital son atendidos actualmente 649 pacientes con IRTC, mientras que en los ocho del interior hay 302.
Ríos señaló que hasta la fecha fueron trasplantados en la provincia 316 pacientes, 189 de ellos con donantes cadavéricos y 127 con donantes vivos relacionados hasta el cuarto grado de consanguinidad. "Un amigo puede donar uno de sus riñones realizando una presentación judicial que, de ser un trámite largo y agotador, pasó a constituirse en un procedimientos ágil y dinámico, gracias a la participación de jueces de Familia y a las pruebas que realiza nuestro Laboratorio de Histocompatibilidad (HLA)", subrayó Ríos. Desde su inauguración, en 2010, el citado laboratorio ha tenido una intensa actividad en pruebas de compatibilidad renal y en enfermos con lesiones terminales de la sangre (leucemia y tumores) que tienen como alternativa de tratamiento un trasplante.