Hoy a las 13, los ministros de las provincias volverán a encontrarse con los secretarios de Interior, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, y el de Hacienda, Rodrigo Pena. Es probable que también participe, en algún momento, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El tema, el presupuesto.
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Hoy a las 13, los ministros de las provincias volverán a encontrarse con los secretarios de Interior, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, y el de Hacienda, Rodrigo Pena. Es probable que también participe, en algún momento, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El tema, el presupuesto.
No será una amable tertulia.
El objetivo del Gobierno nacional es alcanzar el déficit cero en 2019. Es decir, adelantar las metas en más de un año y eso significa: menos gastos o más ingresos. O las dos cosas.
Para las provincias, asegurarse el financiamiento y evitar un colapso. Todos saben que los milagros no existen.
El horizonte hace prever que la recesión será casi inevitable en los próximos meses: el dólar a 40 pesos favorece la exportación pero las tasas a 60% paralizan la inversión; al mismo tiempo, la inflación deteriora los salarios y, aunque la importación de artículos de consumo se frene, los fabricantes no podrán aprovecharlo si la gente no tiene para comprar su producción.
Si los milagros no entran en la expectativa, puede ser que el año que viene la cosecha sea más generosa, que los granos se revalúen en el mercado internacional y que la producción de gas y petróleo salga del letargo. Pero eso es conjetural.
Sería decisivo que el Gobierno empezara a exigir la liquidación de divisas a los exportadores, cosa que no anunció.
Los impuestos a la exportación son regresivos, pero capitalizan para el Estado el gran beneficio que el dólar a 40 pesos brinda a los exportadores.
Para las provincias es un punto a debatir: las retenciones no se coparticipan.
Entre la eliminación del fondo federal de la soja, la transferencia de los subsidios al transporte y la que corresponde a los fondos sociales, Salta va a sufrir una merma de 2.500 millones de pesos para 2019.
Por lo pronto, buena parte de la propuesta de los ministros provinciales para aumentar la recaudación y evitar que el recorte de gastos afecte a los sectores de menores ingresos sería aprobada en el presupuesto. Es un instrumento esencial para restablecer el equilibrio.
El voluntarismo de los ortodoxos del Estado reclama un ajuste brutal y que parece dejar de lado la realidad social: un país con un 30% de pobres, como es la Argentina de las últimas tres décadas, con un deterioro laboral del 50% produjo una sobrepoblación de personas dependientes del Estado. No se trata de números, sino de seres humanos.
Por ese camino no se llega al equilibrio.
El catastrofismo de las organizaciones de izquierda y de las ONG coincide con la caracterización del "quiero flan" compuesta por el actor Alfredo Casero. Se trata de actores políticos cuya representatividad no está comprobada, pero que igualmente buscarán boicotear cualquier equilibrio.
Pero los desocupados, los excluidos y los sectores de bajos ingresos que con el dólar a 40 pesos caen en la pobreza son ciudadanos que requieren respuestas del Gobierno nacional, los provinciales y los municipales.
El ministro Nicolás Dujovne estima que este año la economía caerá 2,4% con una inflación del 42%. El triple de lo que se especulaba en diciembre pasado. Para el 2019, la suba de precios sería del 25%.
Hoy, después del mediodía, los ministros provinciales tratarán de llegar a acuerdos liminares.
Rogelio Frigerio aseguró que "no se les pedirá un nuevo esfuerzo a las provincias para mejorar los ingresos del Estado nacional".
Será necesario hilar fino
Todos saben que los momentos son difíciles. Y al decir esto se entiende que, para unos y otros, la necesidad de revalidar títulos y conservar el poder en 2019 es decisiva. Pero priorizarla, desaconsejable para la gente. El problema central es más profundo, y es histórico: frenar la degradación económica y social del país que ya lleva cuatro décadas. Nadie está libre de responsabilidades y el fracaso, a todos, les puede costar caro. No tanto, claro, como a los ciudadanos comunes.