El comercio ilegal representa más del 50% de la actividad total en San Martín

El ingeniero Dante Galeano es presidente del Centro de Empresarios de Tartagal, una entidad que hace 86 años perdura en el tiempo, pero sobre todo canaliza y visibiliza la inquietud, la preocupación y la iniciativa del sector comercial y social de la zona y buena parte del departamento San Martín.
En una entrevista exclusiva, Galeano explicó las consecuencias negativas que para el norte de la provincia tienen el comercio ilegal, que se realiza a la vista de todos con la venta de productos provenientes de Bolivia, pero también de ferias como La Salada y hasta ropa usada ingresada ilegalmente desde el vecino país.
 
¿Cómo se está implementando la plataforma digital de compras lanzada hace un mes por la provincia Tienda Salta? 
 Se sumaron comercios del departamento San Martín a esta nueva forma de vender y de comprar, porque el comercio tradicional no dejará de existir, pero está claro que no podrá limitarse a vender solo por mostrador. Es un nuevo paradigma porque la tecnología vino para quedarse y si no incursionamos en el comercio digital mucha gente se perderá estar presente en una amplia porción del mercado.

 


 
¿Cuál es la diferencia entre vender por internet o desde el mostrador?
Se abaratan costos, lo que debería repercutir en beneficio de los compradores on line, porque solo se necesita un depósito, no se requieren de vendedores especializados y una sola persona puede atender a mucha más gente. Por eso necesitamos que desde el Gobierno nos ayuden a vender poniendo esta iniciativa en agenda, como algo que le importa a toda Salta para salir de los límites de la provincia. Pero, sobre todo, que se corrija la logística actual porque hoy en día vender desde Tartagal a un cliente de Chicoana, por ejemplo, es más caro o más difícil que venderle a uno de Córdoba o Buenos Aires porque no tenemos un canal, una vía directa. Hay que diseñar un nuevo sistema de logística que nos permita vernos como compradores y vendedores y generar definitivamente ese norte grande del que tanto hablamos y que nunca se terminó de concretar.

En una zona limítrofe como el departamento San Martín otra preocupación es el comercio ilegal...
El comercio ilegal no solo genera un gran perjuicio sino que hemos llegado al límite que hay candidatos que van a ofrecerle a la gente que lo ejerce, mejores condiciones de trabajo. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, quedó demostrado que permitir o no ese tipo de comercio pasa exclusivamente por una decisión política. Lo que nos sucede acá en el norte es que hay un montón de leyes, ordenanzas y reglamentos que son letra muerta porque aduciendo cuestiones de necesidad y pobreza pareciera que puede hacerse cualquier cosa; o en todo caso que solo los tontos están para cumplir las leyes.
 
¿Quiénes son los responsables de esta naturalización del comercio ilegal?
En primer lugar la responsabilidad es de los intendentes que deben definir en qué ciudad vamos a vivir. Pero no se puede crecer en medio de tanta ilegalidad y el estado municipal tiene que tomar la decisión si la ciudad será un lugar digno para nuestros hijos y nuestros nietos o no. La ilegalidad siempre tira para atrás y perjudica todo como la generación de puestos de trabajo, que en ese tipo de comercio son precarizados. Es el Estado el que tiene que hacer frente a la obligación de brindarles a todos esos trabajadores no registrados, salud, seguridad, educación, vulnerando en definitiva la sostenibilidad del sistema. A eso hay que sumarle la tremenda presión que tiene el comerciante que trabaja conforme a las leyes vigentes porque debe destinar un 25 por ciento de lo que factura al pago de impuestos. El poder de policía es eficiente con quien está dentro del sistema solamente.

¿Y qué paga el que vende en forma ilegal?
No solo que no paga esos impuestos nacionales, provinciales y municipales que juntos hacen ese 25 por ciento que menciono sino que retiene para sí ese porcentaje. Cualquier comerciante sabe que para abrir un local hay que hacer trámites de habilitación que son honerosos y tediosos. Y cuando factura determinado volumen inmediatamente tiene la visita del Ministerio de Trabajo que fiscaliza las condiciones en que están sus empleados. Es lo correcto, lo que corresponde y es la obligación del Estado pero el problema es que más de la mitad de los que ejercen el comercio no hacen los trámites, no tienen la presión impositiva, no son visitados por el Ministerio de Trabajo y es por eso que la ilegalidad se ha naturalizado. Es comprensible que la gente necesita trabajar, pero si queremos vivir en comunidad todos tenemos que cumplir requisitos mínimos.
 
¿La dirigencia política y el sector privado tienen en San Martín un diálogo fluido?
Hay un gran desencuentro entre ambos sectores pero hay que cambiar ese paradigma y pensar al departamento como una región, tener en cuenta las prioridades y elaborar un plan estretégico para que los cinco intendentes y los siete legisladores, junto al empresariado, trabajen con un mismo objetivo. Si no actuamos de forma conjunta, consensuada, seguirán viniendo planes de reparación histórica pero vamos a seguir sin tener agua en nuestras casas, sin energía eléctrica suficiente o conectados con el resto del país con un puente como es el del río Bermejo que hace rato que ha cumplido su vida útil. En San Martín, si no nos ponemos de acuerdo en cualquier momento volveremos a cruzar el río Bermejo en chalana.
 
 

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